Sumario
1. Introducción.— 2. La investigación del delito desde la perspectiva constitucional.— 2.1. La Constitución de 1979.— 2.2. La Constitución de 1993.—
3. La reforma procesal penal (RPP) para Iberoamérica: investigación del delito.—
4. El sistema procesal penal y la contrarreforma: Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos.— 5. Conclusiones.—
6. Referencias.
Resumen
El autor analiza la Ley N.º 32130 a fin de demostrar que impropiamente esta norma señaló que tenía por objeto “fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales”, cuando en realidad introdujo de facto una reforma constitucional a través de una ley, alterando así el régimen constitucional del único órgano que tiene la facultad de investigar el delito (categoría jurídica que corresponde al derecho penal), pues a nivel constitucional, convencional, legal y de reforma procesal penal, la investigación penal solo será debida en manos de un órgano que cuente con el diseño organizacional que brinde autonomía, objetividad, especialización y garantice respeto irrestricto de los derechos humanos, esto es, el Ministerio Público.
Palabras clave: investigación del delito, reforma procesal penal, fiscalía, policía.
Fundamento legal: art. 159.4 de la Const. Pol.; Ley N.° 32130.
1. Introducción
El pasado 10 de octubre, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N.° 32130, denominada “Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales”, otorgándole a la Policía Nacional del Perú la conducción operativa de la investigación preliminar del delito.A pesar de dicha disposición normativa, el art. 159.4 de la Constitución Política del Estado dispone que le corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación…
