In memoriam
Claus Roxin
(n. 15-5-1931 / f. 18-2-2025)
El Especial del mes del número 128 de Actualidad Penal se titula: “El acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht”.
En nuestro Especial del mes, Dino Carlos Caro Coria da una serie de críticas al acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público tras su difusión (decisión del Exp. N.º 02901-2024-PHD/TC), centrándose en las limitaciones de las personas firmantes, los pocos proyectos de por medio, la “progresividad” del acuerdo y su actuar en cuanto al inicio de arbitrajes contra el Estado peruano. Asimismo, Christian Salas Beteta realiza una crítica severa al acuerdo de colaboración eficaz y su relación con la Ley N.º 30737 “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, la cual, considera, resultó muy perjudicial para nuestro país. Por su parte, José Domingo Pérez Gómez desmiente que hubiera un acuerdo de colaboración eficaz oculto para favorecer a la empresa Odebrecht, al contrario, sostiene que gracias a él en el Perú se han obtenido resultados más favorables a comparación de otros países de la región, y atribuye el mito del “acuerdo bajo llave” a una narrativa construida para desprestigiar a los fiscales y procuradores del caso Lava Jato.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Juan Ernesto Muñoz Moore escribe sobre las razones que legitiman la punición de los actos preparatorios en nuestro país, reseñando brevemente las características de los actos preparatorios punibles y su función en la protección de los bienes jurídicos en la estrategia de la política criminal vigente.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Michael Chipana Pongo trata sobre la labor de subsunción que realizan los operadores jurídicos en las etapas de investigación preparatoria o penal ante accidentes laborales de los trabajadores mineros, y sus implicancias procesales; para esta tarea, realiza una breve comparación entre homicidio culposo y atentado contra las condiciones de seguridad. Por su parte, Carlos Francisco Espinoza Cordero estudia los arts. 228 y 230 del CP, delitos contra el patrimonio cultural y paleontológico, a fin de resolver los problemas de interpretación de sus verbos rectores, así como salvar lagunas de punibilidad.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Karoll Magaly Quiroz Mendoza analiza la prohibición de los mecanismos de simplificación procesal en los delitos sexuales instituida por la Ley N.º 30838 y resalta los efectos perjudiciales de esta para la víctima.
En el apartado de Derecho Probatorio, Wendy Emilia Yachachin Landa estudia las dificultades en la acreditación de la responsabilidad médica, por ejemplo, la relación de asimetría en el acceso a los medios probatorios, las ventajas de solicitar la reparación civil vía proceso penal, los errores en los que incurren los jueces penales al momento de determinar la reparación civil y los aspectos que deben evaluar a fin de evitarlos. Asimismo, Víctor Javier Vinces Tandazo aborda la identificación de la prueba ilícita mediante el contenido esencial de los derechos fundamentales, este autor realiza una comparación entre la prueba ilícita en nuestro ordenamiento jurídico y la regla de exclusión norteamericana, con el fin de dar una solución en nuestra legislación y evitar la vulneración de derechos de las partes en el proceso penal.
En la sección de Política Criminal-Criminología, Erick Gonzales Rado explica cómo el cambio de paradigma en la sociología jurídica ha ayudado a entender que la desviación social no es un fenómeno intrínseco al individuo, sino una construcción social creada por las interacciones entre individuos y las instituciones que etiquetan ciertos comportamientos como delictivos.
Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema de la República y del Tribunal Constitucional sobre asuntos de coyuntura.
Derecho Penal General
— Exp. N.° 01553-2023-PA/TC, donde el Tribunal Constitucional descarta que los funcionarios públicos respondan por actos de terceros funcionalmente ubicados en un nivel inferior u horizontal.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 974-2023 Ayacucho, que establece criterios para determinar cuándo se configura el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.
Derecho Procesal Penal
— Exps. N.os 00008-2021-PI/TC y 00012-2022-PI/TC, que señalan una interpretación constitucional de legislación de protección policial que deroga una regulación que tenía por denominación “principio de proporcionalidad” y establece el impedimento de solicitar o imponer prisión preventiva o detención preliminar contra el personal de la Policía Nacional del Perú.
— Exp. N.° 4430-2024-34-0415-JR-PE-04, donde se determina que la declaratoria de “complejidad” del proceso no configura el presupuesto de circunstancias de “especial dificultad” de la prolongación de la prisión preventiva.
Derecho Probatorio
— R. N. N.° 303-2024 Callao, que indica que el acta de registro personal no pierde eficacia probatoria por la ausencia de firma del imputado.
— Exp. N.º 04580-2023-PA/TC, que aborda la prueba prohibida por afectación del derecho a la intimidad.
Jurisprudencia Selecta
En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno a la figura del homicidio por omisión impropia:
— Exp. N.° 8132-2014, donde se determina la responsabilidad de los directivos por el deceso de 29 personas en el siniestro ocurrido en la discoteca Utopía.
— Cas. N.° 1563-2019 La Libertad, donde se analiza la responsabilidad del gerente de empresa de transportes por un accidente de tránsito.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, febrero del 2025