Análisis de la suspensión de ejecución de la pena regulada en el art. 57 del Código Penal peruano desde una concepción racionalista de la prueba

Contenido

• Sumario
• Resumen
• 1. Introducción
• 2. Naturaleza jurídica, fundamento y regulación normativa en el Perú
• 3. La determinación judicial de la pena y la suspensión de la ejecución de la pena
• 4. La suspensión de la ejecución de la pena regulada en el art. 57 del CP peruano
• 5. Justificación y valoración probatoria en la suspensión de la ejecución de la pena
• 6. Conclusiones
• De lo anterior, resulta evidente que la suspensión de la ejecución de la pena no se encuentra exenta del requerimiento de justificación de la decisión judicial que opte por su aplicación; por el contrario, existe un requerimiento expreso en la ley sobre la necesidad de motivación y/o justificación probatoria que debe efectuar el juez penal al momento de la individualización de la pena y de su ejecución suspendida. Dicha exigencia legal no solo garantiza un adecuado control de las partes respecto de la decisión judicial, sino que, además, permite materializar un uso correcto, proporcional y necesario de cara a las circunstancias propias de cada condenado, lo cual finalmente repercute en los fines de prevención especial de la pena. Importante: Queda descartado el automatismo formal y/o el subjetivismo del juez para establecer el pronóstico de conducta favorable sobre el sujeto (asunción de requisitos formales, una corazonada o íntima convicción), ya que el art. 57 del CP remite expresamente a la valoración probatoria de hechos que justifiquen la determinación probatoria de dicho pronóstico favorable; es más, en la misma disposición normativa se establece expresamente la necesidad de una debida motivación al respecto. Como ya se ha señalado, la norma procesal establece que es objeto de prueba todo hecho o circunstancias referido a la punibilidad y la determinación judicial de la pena, como es el caso de la suspensión de la ejecución de la pena. En efecto, se debe actuar prueba a fin de acreditar la concurrencia de las circunstancias de hecho señaladas en el art. 57.2, la misma que será ofrecida principalmente por la defensa del condenado. Ello sin dejar de lado que el Ministerio Público también tiene la facultad de ofrecer medios probatorios y actuar prueba de acuerdo a su pretensión punitiva (si postula la efectividad de la pena), lo que a su vez permitirá al fiscal efectuar el análisis y control de la corrección de la valoración probatoria referida a los supuestos de hecho que habilitan la suspensión de la pena, y de ser el caso, recurrir en vía de impugnación dicho extremo de la decisión por una incorrecta valoración probatoria, o incluso por la ausencia de esta. En este sentido, podemos concluir que en la norma penal peruana se encuentra establecido una suerte de criterios de carácter probatorio para constituir una justificación con grado suficiente —elementos objetivos de prueba necesarios e indispensables— para la aplicación de la suspensión de la pena; en otras palabras, circunstancias a valorar —con carácter vinculante para el juzgador— a fin de justificar la conclusión de la inferencia predictiva. Estos criterios de justificación cobran vigencia y vinculan al juzgador al momento de motivar debidamente la decisión judicial en dicho extremo (individualización judicial de la pena), motivación judicial que debe explicitar el razonamiento probatorio que justifica la valoración de la prueba aportada y la construcción de la inferencia probatoria que concluye en un pronóstico (actual) favorable sobre la conducta o situación del condenado. El correcto entendimiento y aplicación de los requerimientos justificativos a nivel judicial en la aplicación de la suspensión de la pena, van a permitir, por un lado, otorgar legitimidad a dicha medida alternativa a nivel penal a favor del condenado; y, por otro, aportar mayor racionalidad en la aplicación de la ley penal y en la decisión judicial que la determina. 7. Referencias
• Referencias bibliográficas