El Especial del mes del número 131 de Actualidad Penal se titula “Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024/CIJ-112. Determinación de la pena de concurrir tentativa en los delitos de circunstancias agravantes específicas y alcances de la bonificación procesal por plazo razonable”. En este, Frank Denilson Hilario Amanqui analiza la virtud del AP N.º 2-2024/CIJ-112 al establecer que los máximos de reducción porcentual de las causales de disminución de punibilidad son facultativos y no obligatorios, ya que ello puede generar una pauta para solucionar la interminable discusión sobre la eficacia acumulativa de las causales de disminución de punibilidad. Por su parte, David Rosario Mendiguri Peralta reflexiona sobre los criterios vinculantes en la disminución de pena de la tentativa, a propósito del Acuerdo Plenario N.º 2-2024/CIJ-122 y la ambigüedad presente en la Ley N.º 32258; en una línea parecida, Iván Pedro Guevara Vásquez estudia la tentativa en términos de la determinación judicial de su pena concreta, sometiendo a examen diversas sentencias, como la R. N. N.º 3778-2009-Cusco, la Cas. N.º 1083-2017-Arequipa y la Cas. N.º 66-2017-Junín. Por último, Francisco Celis Mendoza Ayma analiza críticamente el Acuerdo Plenario N.º 1-2023/CIJ-116, objeto de precisiones del que corresponde al especial del mes.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Wilfredo Casas Ramírez desarrolla la temática de la determinación de la pena cuando concurren la reincidencia y la tentativa; asimismo, César E. Colchado Farfán plantea un análisis dogmático del instituto de la prescripción penal y cuestiona varios de los argumentos del Acuerdo Plenario N.º 5-2023/CIJ-112 respecto de la suspensión de la prescripción.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Víctor Javier Vinces Tandazo propone integrar los delitos ambientales dentro de la categoría de delitos económicos, utilizando la teoría económica del crimen como base para aumentar la persecución penal y disuadir a las personas de cometer este tipo de delitos; por otro lado, Miriam Sucet Sarmiento Sifuentes nos da a conocer un artículo de investigación metodológica que tiene como objetivo estudiar la necesidad de añadir la figura legal de la complicidad en las leyes sobre delitos de crimen organizado en el Perú a partir del 2024, en el cual usó distintos métodos de investigación cuantitativa.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Darwin Cruz Angel da a conocer su postura sobre la comparecencia con restricciones por prisión preventiva; según el autor, cuando el Ministerio Público formule requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, también debe verificarse si en el auto que dictó la medida de comparecencia con restricciones están acreditados los fundados y graves elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y su vinculación con el imputado al nivel de sospecha fuerte. Por su parte, Carlos Alberto Herrera Mogrovejo evoca una ecuación básica, la precedencia de la verdad delante de la justicia, ante el panorama actual de incertidumbre respecto de una clara directriz del sistema de justicia penal. Por último, Patricia Elena Barrios Montalvo analiza la problemática vinculada a la ejecución de medidas de protección para investigados mayores de edad que cometieron infracciones en su niñez, destacando las limitaciones del art. 242 del Código de los Niños y Adolescentes y las dificultades procesales derivadas de la falta de normas precisas.

En la sección de Derecho Procesal Constitucional, Jordan Joffre Sendon Alba examina la Ley N.º 32130, destacando su impacto en la investigación penal en Perú y criticando la fragmentación de funciones entre la Policía Nacional y el Ministerio Público; por su parte, Dennys Iván Rimarachín Gamarra y Diego Alonso Noronha Val analizan críticamente los filtros jurídicos para exigir mayor fundamentación en la calificación política del delito y para fortalecer mecanismos regionales de cooperación con el fin de evitar que el asilo se convierta en un refugio de impunidad.

Finalmente, en el apartado de Criminología, Edward Daniel Lecca-Bendezú y Daniel Lecca-Ascate estudian el tráfico ilícito de drogas como problema de salud pública, entendiendo que, en este, ni la técnica legislativa en agregados innecesarios ni una extralimitación del alcance punitivo del derecho penal en la inducción al consumo reducen los índices de tráfico, ante lo cual plantean posibles respuestas y soluciones concretas al problema en cuestión.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho penal general

— Cas. N.º 3738-2023 Callao, donde se analiza el tipo de concurso entre los delitos de colusión y de falsedad documental.

— Cas. N.º 1714-2022 Lambayeque, referida a los criterios jurisprudenciales para la configuración del error de tipo.

Derecho penal especial

— Exp. 00028-2017-58-5001-JR-PE-01, la primera sentencia en la cual se condena a una persona jurídica.

Derecho procesal penal

— Cas N.º 3109-2024 Cajamarca, donde se aborda la absolución sobre el objeto penal, que no necesariamente determina similar absolución sobre el objeto civil.

Derecho penal constitucional

— EXP. N.º 02513-2023-PHC/TC, referido al caso de la intervención policial a San Marcos en enero del 2023.

Jurisprudencia vinculante

Presentamos el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal realizado en Iquitos el 24 y 25 de abril del presente año.

Lima, mayo del 2025