El Especial del mes del número 132 de Actualidad Penal se titula “Disminución de la edad de imputabilidad penal. Comentarios a la Ley N.º 32330”.

En ese sentido, se ha convocado a seis especialistas para comentar las repercusiones de esta reforma en nuestro derecho penal. María Consuelo Barletta Villarán expone una diferenciación cronológica e histórica del marco legislativo penal juvenil peruano. En ese contexto, se critica la promulgación de la Ley N.º 33320, en la medida que representa un retroceso respecto de la especialidad penal juvenil. En una línea similar, Claudia Fiorella Felix Pacheco examina los antecedentes normativos de la ley vigente, así como los diversos intentos, a lo largo del tiempo, por disminuir la edad de imputabilidad penal. Posteriormente, se presenta un análisis político-criminal basado en evidencia empírica y en datos estadísticos provenientes de diversas instituciones gubernamentales, evaluando además su compatibilidad con el sistema convencional. Por su parte, Elmer Leoncio Pelinco Quispe sostiene que esta normativa contraviene los parámetros internacionales vinculantes en la administración de justicia penal juvenil, a la vez que denota una expresión extrajurídica del expansionismo del derecho penal. Seguidamente, Gonzalo Osorio Nevado critica la falta de cohesión por parte del Congreso, la cual se evidencia en repetidas y contradictorias decisiones —como las referidas a la detención preliminar o la responsabilidad penal del adolescente—, concluyendo que el Parlamento ha desconocido el modelo especializado de justicia juvenil, en transgresión de principios constitucionales y convencionales. Por su parte, Karina Ayvar Chiu realiza un estudio jurídico y neurobiológico de los alcances y consecuencias de la Ley N.º 32330, sosteniendo que dicha norma contraviene tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte IDH; asimismo, expone los argumentos neurocientíficos por los cuales se considera que debe haber un trato diferenciado hacia los adolescentes en el ámbito penal. Finalmente, Cristian Hilares Salas considera que la prisión preventiva en adolescentes debe ser una medida absolutamente excepcional, ya que vulnera principios como el interés superior del menor, la mínima intervención penal y la dignidad humana.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Gabriela Morales Giráldez estudia la figura del delito continuado en el derecho penal peruano, con especial atención a sus límites frente a la tutela de bienes jurídicos personalísimos, tales como la vida, integridad física, libertad sexual, entre otros derechos fundamentales de carácter individual. Por su parte, Luis Fernando Alvarado Castillo analiza el rol del oficial de cumplimiento en el marco empresarial, destacando que su presencia en el organigrama puede eximir o atenuar la responsabilidad.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Carlos Manuel Roncal Cancino analiza el delito de prevaricato especial a raíz de la reciente modificatoria introducida por la Ley N.º 32181, la cual dictamina penas severas para jueces o fiscales que, dolosamente, liberen indebidamente a las personas detenidas en flagrancia. Luis Alberto Ayala Yañez realiza un estudio exhaustivo de los aspectos más relevantes y discutidos del delito de negociación incompatible, con el propósito de identificar los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia y examinar las discrepancias surgidas en torno a su aplicación práctica, así como su relación con otros delitos contra la administración pública. En tanto, Joshua Salazar Ormeño analiza la viabilidad de atribuir la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo por dolo eventual, explicando cuáles son los alcances del injusto penal, esto es, el comportamiento penalmente reprochable en el marco de las contrataciones u operaciones estatales. Finalmente, Lucia Lizana Segama desarrolla los modelos de responsabilidad de la persona jurídica, su tratamiento en el Perú para los delitos tributarios y aduaneros, la política criminal adoptada como delitos socioeconómicos y su sistema doctrinal y jurisprudencial, esto con la finalidad de determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Eloy Soto Morales analiza la evolución del sistema de justicia penal juvenil en el Perú, destacando la transición del antiguo Código de los Niños y Adolescentes al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA). Señala, además, las inconsistencias normativas entre los beneficios de variación de internación y semilibertad, y propone un reajuste en los requisitos para ambos beneficios, especialmente en delitos graves. Por su parte, Flavio Myrián Robles Depaz estudia la estrecha relación entre la teoría del caso y el principio de imputación necesaria en el desarrollo del proceso penal. Explica la importancia de la teoría del caso y su incidencia sobre la imputación necesaria, entendida como una garantía constitucional. Posteriormente, examina los componentes estructurales de esta última y aborda la progresividad en la construcción de la teoría del caso en los supuestos de no flagrancia.

Como cada mes de junio, el índice acumulativo de los doce últimos números de Actualidad Penal, donde se encuentra el compendio de artículos (incluidos los especiales del mes) y las jurisprudencias publicadas en el periodo julio 2024–junio 2025; asimismo, se incluye la lista de todos los autores que colaboraron con nosotros, así como el de las materias abordadas durante el periodo mencionado.

Finalmente, queremos expresar nuestro pesar por el sensible fallecimiento del querido profesor Ramiro Salinas Siccha, miembro del comité consultivo y colaborador habitual de nuestra revista, uno de los magistrados más respetados y probos de nuestra judicatura. Lamentamos profundamente su partida y expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.

Lima, junio del 2025