El Especial del mes del número 133 de Actualidad Penal se titula “Nuevas reglas del proceso de extinción de dominio: comentarios a la Ley N.° 32326”.

En ese sentido, se ha convocado a cuatro especialistas para comentar las repercusiones de esta reforma en nuestro sistema penal. Martina Sacsa Mayta expone las bondades que trae consigo la extinción de bienes, objetos, efectos o ganancias de carácter ilícito en el orden económico del país y en la lucha contra la delincuencia. Del mismo modo, se busca ofrecer propuestas de mejoras a la actual legislación. Por otro lado, Raffo Velásquez analiza la constitucionalidad de la norma de extinción de dominio a propósito de la promulgación de la Ley N.° 32326, que incorporó distintas modificaciones al D. Leg. N.° 1373. Por su parte, Juan Manuel Arroyo Decena sostiene que la Ley N.° 32326, por exigir sentencia previa en ciertos delitos, debilita la lucha contra el crimen organizado y agrava la inestabilidad social. Por último, Max Alessandro Castro Huamán explica las principales reformas introducidas con la nueva ley, tales como la eliminación del carácter reservado de la indagación patrimonial, el cambio del modelo de autonomía de la extinción de dominio, la precisión de la naturaleza de los hechos calificados como actividad ilícita, la incorporación del recurso de casación.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Jim Brandon Agreda Castillo analiza la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, desarrollada principalmente por Claus Roxin a partir del caso de Adolf Eichmann, y su recepción jurisprudencial en América Latina, con énfasis en el contexto peruano.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Alonso R. Peña Cabrera Freyre sostiene que la interpretación de los delitos de violencia contra funcionarios públicos debe ajustarse al contexto social y a una visión coherente del derecho penal. Destaca la necesidad de delimitar los arts. 365, 366 y 367 del CP.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, José Carlos Núñez Chasquero realiza una crítica al AP N.° 5-2023/CIJ-112, por el cual la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley N.° 31751, que regula la suspensión del plazo de la prescripción.

En el apartado de Derecho Probatorio, Ramón Ventocilla Padilla, Laura Nivin Vargas y Félix Julca Guerrero analizan la valoración probatoria con perspectiva de género en el proceso penal peruano, destacando la necesidad de una corrección racional con el fin de garantizar la justicia en casos de violencia de género.

En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Elmer Leoncio Pelinco Quispe desarrolla el aborto terapéutico a raíz de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Beatriz y otros vs. El Salvador, evidenciando la afectación de derechos humanos ante la prohibición absoluta; asimismo, realiza un análisis sobre el aborto terapéutico desde el aspecto jurídico, ético y religioso. Por último, Erick Jhonatan Saavedra Montellanos realiza un estudio dogmático y jurisprudencial sobre el control de convencionalidad, en el que analiza cómo las últimas modificatorias al delito de organización criminal han afectado al bloque de convencionalidad.

Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema de la República sobre asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas N.º 3183-2023 Nacional, que explica que una disposición fiscal que incorpore datos genéricos y no individualice a los presuntos responsables no interrumpe la prescripción.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.º 4730-2024 Huánuco, doctrina jurisprudencial que establece reglas relativas a las medidas de protección para víctimas de violencia sexual.

Derecho Procesal Penal

— Apelación N.º 250-2024 Corte Suprema, que determina en qué casos el imputado puede evitar asistir a una diligencia al ejercer su derecho a guardar silencio de forma escrita.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno a la agravante de la alevosía en el homicidio calificado:

— Cas. N.° 734-2019 Loreto, que desmiente que el núcleo de la alevosía sea la confianza de la víctima.

— Cas. N.° 853-2018 San Martín, que explica por qué el envenenamiento configura alevosía.

— R. N. N.º 797-2023 Nacional, que expone a la perfidia como una clase de alevosía.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.