El Especial del mes del número 134 de Actualidad Penal se titula “El delito de homicidio calificado por alevosía. Comentarios al caso El Charrúa”.
En nuestro Especial del mes, Iván Pedro Guevara Vásquez identifica, en el mencionado caso, dos agravantes específicas (dos modalidades agravadas) de asesinato, alevosía y ferocidad; asimismo, descarta la ingesta de alcohol como una circunstancia atenuante y, menos aún, como causal exculpatoria. Por otro lado, Daniel Ernesto Cerna Salazar, tras analizar las categorías jurídico-penales centrales del caso, sostiene que la conducta del agente se subsume dentro de la figura de la alevosía y no de la ferocidad. Por su parte, Juan Mario Peña Flores resalta los aspectos fundamentales que deberá acreditar la fiscalía para imputar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el caso El Charrúa. Por último, Rikell Vargas Meléndez explica los elementos que deben concurrir en la alevosía y el desarrollo jurisprudencial de esta calificante, decantándose en el caso concreto por la agravante de ferocidad.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Wilfredo Casas Ramírez evalúa los criterios disímiles de la Corte Suprema en la determinación de la pena cuando concurren la tentativa y la responsabilidad restringida por la edad.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Michael Chipana Pongo propone la inclusión de nuevos supuestos acordes a una interpretación amplia del concepto de familia dentro de las excusas absolutorias reguladas en el art. 208 del CP, en armonía con la finalidad de la norma.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Fredy Altamirano Rivera defiende la legitimidad de la “indagación previa” en el proceso penal para la calificación de la noticia criminal, ya sea a fin de iniciar el proceso penal, disponer su archivo liminar o derivar el caso por cuestión de competencia. Por su parte, Segundo Alejandro Remigio Peláez presenta algunas técnicas de investigación que se han consolidado en la praxis y que deben emprender tanto la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público ante la noticia criminal de un suceso de tránsito con consecuencia de daños a la persona.
En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Rosa Isabel Flores Chávez denuncia la tendencia recurrente en los últimos pronunciamientos judiciales a confundir actos constitutivos del peligro procesal, como mantenerse prófugo de la justicia u ocultar evidencias, con manifestaciones del derecho a la no autoincriminación. Por su parte, Luis Efigenio Lázaro Pesantes expone los vacíos y deficiencias normativos existentes en el ordenamiento jurídico nacional respecto a la jurisdicción especial comunal ronderil, que ocasionan que, a pesar de contar con reconocimiento constitucional, en muchos casos, no sea considerada como válida por el sistema oficial.
Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema de la República sobre asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas N.º 3445-2022 Lambayeque, que explica la diferencia entre gramos de alcohol etílico y nivel de alcoholemia, y señala que no basta por sí solo con determinar el nivel de alcoholemia para concluir la afectación en la consciencia del agente.
Derecho Penal Especial
— Apelación N.º 327-2023 Amazonas, que desarrolla la aplicación del control difuso como una excepción al delito de prevaricato.
Derecho Procesal Penal
— R. N. N.º 220-2025 Piura, que explica el principio de progresividad en las declaraciones sucesivas de la víctima.
Jurisprudencia de observancia obligatoria
En esta oportunidad, presentamos dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional emitidos el último mes en torno a la constitucionalidad de algunas normas procesales controvertidas:
— Exp. N.º 00008-2024-PI/TC, en el que el TC determina la inconstitucionalidad de las expresiones “actos […] contrario[s] al ordenamiento jurídico” y “con independencia de que […] hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia”, y presenta una interpretación constitucional de la Ley de Extinción de Dominio.
— Exps. N.º 00006-2024-PI/TC y N.º 00014-2024-PI/TC (acumulados), en el que concluye que la conducción operativa de la investigación preliminar a cargo de la PNP no vulnera las atribuciones del Ministerio Público.
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Lima, agosto del 2025