El Especial del mes del número 135 de Actualidad Penal se titula “El agente encubierto virtual, el hacking judicial y otras técnicas especiales de investigación en el ciberespacio”.

En nuestro Especial del mes, William Fernando Quiroz Salazar desarrolla las técnicas especiales de investigación frente a las comunidades o grupos cerrados criminales, explicando cómo proceder para que los datos obtenidos mediante estas técnicas se conviertan en prueba válida que fundamente una eventual condena penal. Por otro lado, María del Carmen Arango Yamashiro explica la relevancia, los principios regulatorios, el marco normativo y las dificultades en la implementación del agente encubierto virtual como técnica especial de investigación ante las nuevas modalidades delictivas cometidas mediante las TIC y las dificultades que representan para su investigación, persecución y probanza, así como para la identificación e individualización de sus responsables. Por su parte, Carlos Francisco Espinoza Cordero, a propósito de la tensión normativa entre el hacking ético y el delito de acceso ilícito, ante el alcance limitado de la exención del art. 12 de la Ley N.° 30096, y con base en la experiencia comparada, propone una reforma con el propósito de alinear el ordenamiento jurídico peruano con estándares internacionales, como el Convenio de Budapest. Por último, Sergio André Mogollón Flores estudia la figura del agente virtual: sus requisitos, sus diferencias con el agente encubierto en delitos informáticos, sus funciones, así como su regulación en la legislación comparada.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, James Reátegui Sánchez estudia la aplicación del principio de confianza a las estructuras complejas de organización, así como sus particularidades en estos supuestos. Fernando Valdez Pimentel ofrece una explicación descriptiva del procedimiento que debe seguirse para arribar a la pena concreta, tomando como base los principales conceptos y criterios desarrollados en los Acuerdos Plenarios N.º 1-2023 y
N.º 2-2024, así como los contenidos en las sentencias casatorias, recursos de nulidad y resoluciones de apelación más relevantes sobre la materia.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Diego Alonso Noronha Val examina el R. N. N.º 862-2022 Lima, a efectos de someter al hecho objeto de imputación a un debido ejercicio de subsunción típica y determinar el tipo de injusto que, desde una perspectiva crítica de la decisión, debió ser el correctamente postulado. Asimismo, Iderson Rogger Pituy Ataucusi analiza las inconsistencias originadas tras la emisión de la Ley N.º 32108 y la Ley N.º 32138, que modificaron la legislación del delito de organización criminal. Por su parte, Vladimir Milton Briceño Yupanqui examina la correcta subsunción de los hechos, como delito contra el honor o acoso, cuando los actos injuriosos o difamatorios se realizan de manera continua y a través de medios electrónicos.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Analí Susana Laura de la Cruz aborda críticamente el vacío legal existente en el Perú en materia de regulación de criptoactivos y su impacto en la persecución penal del lavado de activos, para luego formular propuestas normativas que fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar estas nuevas modalidades delictivas. Por su parte, Santos Llanos Quispe estudia el tratamiento que se da a la pretensión civil en los requerimientos fiscales (acusación y sobreseimiento) y en los escritos de absolución del actor civil en etapa intermedia en la provincia de San Román.

En el apartado de Política Criminal-Criminología, Rosa Mavila León y Carlos Fabián Soto Núñez examinan cómo los medios de comunicación han contribuido en las últimas décadas a construir la imagen del adolescente infractor como una amenaza para la seguridad ciudadana, lo que ha devenido en reformas legislativas como la Ley N.° 32330; ante ello, proponen una política criminal alternativa centrada en prevención, rehabilitación e inclusión social, ilustrada con experiencias dadas en México, Argentina y Perú, para superar el populismo punitivo y promover un enfoque garantista.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos dos pronunciamientos sobre la posibilidad de investigar penalmente al presidente de la República en funciones:

— Apelación N.º 131-2022 Suprema, en la que se determina que se pueden iniciar diligencias preliminares contra un presidente de la República.

— Exps. N.º 00006-2024-PCC/TC, que desarrolla nueve reglas que deben seguir las investigaciones contra un presidente de la República.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, septiembre del 2025