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Edición 136

Octubre 2025

136 / COLUMNA DEL MES

El delito de criminalidad sistemática

El art. 318-B del CP señala lo siguiente:El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua.En el Perú, la línea político-criminal es clara y unívoca: apelar siempre al derecho penal para sofocar los estados de inseguridad ciudadana que padece nuestra Nación desde hace mucho tiempo. Así, se advierte la preferencia por la utilización del aparato punitivo del Estado, orientado a generar mayores dosis de represión, apelando a ciertas fórmulas normativas que permiten al legislador establecer como reacción penal la pena de cadena perpetua. Siendo esto así, vemos que, en el marco de aquellos delitos contra la seguridad y la paz pública, se incluye el art. 318-B al CP, denominado “criminalidad sistemática”, esto es, hechos delictivos que, supuestamente, tenían que realizarse de manera permanente y reiterada en el tiempo por determinados agentes delictivos.Lo que otorga sustantividad al injusto típico en esta figura delictiva es el medio empleado por el o los agentes; se trata de municiones, armas de fuego militares o civiles, artefactos explosivos o elementos de similares características, esto es, medios que por lo general pueden generar estragos y graves consecuencias para con los bienes jurídicos más importantes de la persona, el Estado y la sociedad, sobre todo el núcleo elemental, como es la vida humana y la salud. Estos medios, de por sí, ya están ínsitos en delitos como el robo, la extorsión, el secuestro o el sicariato, que son el propium de la inseguridad ciudadana que sufre el país y que nos ha llevado a un estado calamitoso del statu quo criminológico.Es evidente que los agentes de delitos tan graves como el robo o la extorsión (también el secuestro) utilicen este tipo de medios para poder reducir a las víctimas, vencer cualquier tipo de resistencia defensiva, neutralizando cualquier clase de reacción defensiva y así poder apropiarse de sus pertenencias, conminar al sujeto pasivo para que le entregue un determinado patrimonio o una ventaja indebida. Es decir, lo que persigue siempre esta criminalidad patrimonial violenta es la obtención de un beneficio económico, apropiarse de bienes ajenos, y para tal efecto están dispuestos a todo, es decir, lesionar gravemente o matar a sus eventuales víctimas, sin estupor alguno (temerario desprecio hacia la vida humana).Qué podemos decir con respecto a los delitos de asesinato o sicariato, en cuya materialidad típica es más que evidente que los agentes delictuales emplean armas de fuego o artefactos explosivos para generar el resultado disvalioso que pretenden alcanzar, que no es otro que la muerte de la víctima1. Y vaya que, en algunos casos, pueden provocar la muerte de varias personas, sea en concurso ideal o real de delitos, lo que permite una sanción sin duda más severa, sobre la base del principio de acumulación jurídica de las penas imponibles2.Atendiendo a lo anterior es que claramente se está penalizando la forma, los medios y las circunstancias en que se cometen habitualmente delitos tan graves como los descritos en este nuevo tipo penal; es decir, se aprecia una doble valoración sobre un mismo hecho que lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos objeto de tutela por el listado delictivo en cuestión, con la sola particularidad de haber fijado un desvalor del resultado medible desde una percepción socio-cognitiva de la sociedad, como el pánico y la zozobra, que en puridad son propios de los delitos de terrorismo convencional regulados en el D. L.N.º 25475. Estamos ante una suerte de dualidad punitiva, producto de una deficiente técnica legislativa de parte del Parlamento.Entonces, no se advierte coherencia ni viabilidad en que un tipo penal recoja el mismo desvalor que tienen justamente las figuras delictivas mencionadas en el art. 318-B del CP, propiciando una sobrecriminalización innecesaria con el solo propósito de incidir en penas más graves. Llegado el caso, tanto el juzgador como el fiscal se verán impedidos de incriminar por ambos delitos, sea extorsión, secuestro, sicariato, robo y homicidio calificado, debiendo optar finalmente por uno u otro, en escrupuloso respeto a los principios de legalidad y ne bis in idem.Así, se alcanza una descripción criminológica que refleja la situación que atraviesa el Perú: una huida ciega hacia el derecho penal, disparando medidas punitivistas que no inciden en el objetivo esencial, que no es otro que la reducción efectiva de las cifras de criminalidad y una contención delictiva real.Asimismo, el asunto pasa por entender que el pánico y zozobra mencionados por el art. 318-B del CP son el resultado de la actuación sistemática de varios grupos delictivos o de agentes no tan organizados, que cometen tales hechos delictivos en diversas zonas o regiones del Perú. De esta manera, se añade un desvalor del resultado, consistente en la percepción de la ciudadanía sobre el estado de inseguridad que nos encontramos padeciendo en el país. Dicha estimación emotiva es de difícil medición, a efectos de poder aplicar este tipo penal en el caso en particular, pues se trata de un resultado que va más allá de la materialidad delictiva de estos injustos penales.En lo que respecta al iter criminis, su ejecución o su consumación, se dará de la misma forma que la de todos los delitos que se enuncian en su cobertura legal3; en lo que respecta al tipo subjetivo del injusto, aparte del dolo no advertimos un componente ulterior.En resumidas cuentas, no tenemos mayor esperanza de que la inclusión de este tipo penal a la codificación punitiva reporte consigo una real reducción de las cifras de criminalidad en el país; en todo caso, tal vez constituiría una herramienta que pueda conllevar consigo la imposición de penas más altas, sin perjuicio de decir que su aplicación no puede ir en simultáneo con las figuras delictivas que promueven el empleo de dichos medios de alta potencialidad lesiva para con los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos.Lima, octubre del 2025
Por Alonso R. Peña Cabrera Freyre
[pp. 11-12]| Audio disponible |
136 / PRESENTACIÓN

Presentación

136 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Extorsión e inseguridad ciudadana: análisis de las modalidades extorsivas en el Código Penal

Por Percy García Cavero - [pp. 15-55]
Audio disponible |
136 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El delito de extorsión en el Perú: aspectos político-criminales y dogmáticos jurídico-penales

Por Joshua Antonio Salazar Ormeño - [pp. 57-73]
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136 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El sicariato y la extorsión como dos modalidades de la criminalidad organizada, A propósito de la errática política criminal del Estado, que hace ineficaz la prevención y represión de estos dos delitos.

Por César A. Delgado Castro - [pp. 75-108]
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136 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Ley N.º 32291, que habilita al efectivo policial abatir atentados mediante el uso de armas de fuego, armas letales y no letales, ¿Defensa en el ejercicio de la función o uso abusivo?.

Por Jim Brandon Agreda Castillo - [pp. 111-123]
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136 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El delito de omisión a la asistencia familiar y la problemática de los requisitos de procedibilidad: comentarios a la Casación N.º 1977-2019 Lima Norte

Por Rodrigo Isaac Paredes Lévano - [pp. 127-144]
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136 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La elevación de actuados en el Código Procesal Penal peruano

Por Hebert Gregorio Ricra Mayo - [pp. 147-168]
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136 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Alcances de la cláusula de no incriminación en el marco de la imposición de entrega de documentación al Ministerio Público del Perú

Por Edwar Omar Álvarez Yrala - [pp. 169-176]
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136 / DERECHO PROCESAL PENAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Primer precedente de doctrina jurisprudencial vinculante sobre el trámite de las infracciones a la ley penal cometidas por menores de 14 años: naturaleza del procedimiento y de las medidas de protección

Audio disponible |
136 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

El fiscal como conductor de la investigación preliminar: A propósito de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional: Expedientes 00006-2024-PI/TC y 00014-2024-PI/TC

Por Erick Jhonatan Saavedra Montellanos - [pp. 193-205]
Audio disponible |
136 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

El río Marañón como sujeto de derechos: comentarios a la histórica sentencia del Juzgado de Nauta, El “nuevo” constitucionalismo latinoamericano y su recepción en la jurisprudencia peruana.

Por Mery Elizabeth Robles Briceño - [pp. 207-230]
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136 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Reseña De Jurisprudencia

Caso Cócteles: Tribunal Constitucional deja sin efecto lo actuado contra Keiko Fujimori por vulneración a los principios de legalidad penal y de plazo razonable

Audio disponible |
136 / FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL / Doctrina Práctica

La filosofía del derecho penal de Joel Feinberg, Los límites morales del derecho penal: el principio del daño y el principio de ofensa.

Por José Ávila Herrera - [pp. 255-276]
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136 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

RESUMEN LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025

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136 / JURISPRUDENCIA SELECTA

El control de identidad policial (2024-2025)

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Equipo editorialIndizaciónEstadísticas

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