El Especial del mes del número 139 de Actualidad Penal aborda dos materias: a) la sentencia del TC sobre la ley que precisa los alcances del delito de lesa humanidad; y b) conspiración para rebelión: la sentencia contra Pedro Castillo.

Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales examina las consecuencias prácticas para la jurisdicción penal derivadas de una demanda de inconstitucionalidad declarada infundada por no alcanzarse la mayoría calificada exigida por el
art. 107 del CPConst., a propósito del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley N.º 32107 (Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana). Dennys Iván Rimarachín Gamarra y Diego Alonso Noronha Val analizan esta última norma y la Sentencia 190/2025, sosteniendo que el problema central no radica en la imprescriptibilidad, ampliamente reconocida por el derecho internacional, sino en su eventual aplicación retroactiva en perjuicio del imputado. A su vez, Jim Brandon Agreda Castillo critica que la STC Pleno 190/2025 priorice el principio de legalidad penal y la prohibición de la retroactividad desfavorable, aun frente a una ley que, sin establecer una amnistía formal, puede generar efectos amnistiantes respecto de graves violaciones a los derechos humanos.

Iván Pedro Guevara Vásquez, desde una perspectiva dogmática, examina los tipos penales de conspiración y rebelión, aclarando sus aspectos problemáticos y que incidirían en la incorrecta (a juicio del autor) condena contra Pedro Castillo. De igual modo, Flor de María Estéfani Mendoza Inca postula la existencia de una cadena de nulidades que derrumbaría el proceso penal seguido contra el expresidente Pedro Castillo, condenado por conspiración para la rebelión. Finalmente, Alonso R. Peña Cabrera Freyre examina la progresividad delictiva entre la conspiración y la rebelión en la sentencia contra Pedro Castillo.

En el apartado Derecho Penal-Parte General, Daysi Hellen Cochachin Bonilla analiza críticamente la jurisprudencia sobre reincidencia y habitualidad, evidenciando vacíos interpretativos y criterios contradictorios.

En la sección Derecho Penal-Parte Especial, Katherine J. Rázuri
Espinoza examina el delito de lavado de activos desde una perspectiva dogmática y jurisprudencial, destacando la relevancia del factor temporal del hecho ilícito precedente para su configuración como actividad criminal previa. A su vez, Leslie Esthefany Fonseca de la Cruz estudia las modificaciones efectuadas al delito de organización criminal y su impacto en las investigaciones contra grupos dedicados a estafas masivas.

En el apartado Derecho Procesal Penal, Ingrid Carhuallanqui
Contreras estudia el uso de la prueba indiciaria en procesos penales por tráfico ilícito de drogas, destacando sus fundamentos normativos y jurisprudenciales, las exigencias para su correcta valoración y los límites constitucionales que deben respetarse para garantizar el debido proceso y evitar condenas arbitrarias que vulneren la presunción de inocencia.

En el apartado Derecho Procesal Constitucional, Manuel Arrieta
Ramírez analiza y delimita la competencia de la jurisdicción indígena o comunal reconocida en el artículo 149 de la Constitución, precisando los casos que pueden conocer las autoridades campesinas y nativas, las garantías que deben respetarse en dichos procesos, la igualdad e independencia de la jurisdicción especial frente a la justicia ordinaria.

En la sección Política Criminal/Criminología, Carlos Senisse Anampa examina la escasa persecución penal de la corrupción en el ámbito privado en el Perú, atribuyéndola al desconocimiento social e institucional, a la baja percepción ciudadana de dicha forma de corrupción y a la indefinición conceptual del propio delito.

En el apartado Filosofía del Derecho Penal, José Ávila Herrera analiza la doctrina penal del papa Francisco y cómo la moral cristiana propone un derecho penal humanista, orientado a limitar y civilizar el poder punitivo del Estado mediante la dignidad humana y la proporcionalidad de la pena.

Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos sobre asuntos de coyuntura:

Derecho Penal. Parte Especial

- Apelación N.° 158-2025 Suprema, que determina si las asignaciones por función congresal constituyen caudales públicos y si el congresista tiene deber de garante frente a los viáticos de sus comisionados.

- Exp. N.º 4467-2017-0, que condena por trata de personas agravada a la empleadora que captaba trabajadores en condición de vulnerabilidad y los mantenía encerrados en un almacén de la galería Nicolini.

Derecho Procesal Penal

- Cas. N.° 1360-2022 Puno, que convalida el desistimiento del testigo inconcurrente sin necesidad de conducción compulsiva.

Derecho Penal Constitucional

- Exps. N.os 00008-2025-PI/TC, 00012-2025-PI/TC, 00014-2025-PI/TC y 00023-2025-PI/TC (acumulados), que declara inconstitucional la Ley
N.º 32330, que permitía que adolescentes de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos, y los decretos supremos 022-2025-JUS y 023-2025-JUS, que modificaron los reglamentos del Código de Ejecución Penal y del Código de Responsabilidad del Adolescente, para adecuarlos a dicha ley.

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Lima, enero del 2026