Resumen
El autor trae a colación un tema actual en la lucha contra la criminalidad organizada, el cual es, el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones con fines de identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, a fin de determinar si el D. L. N.° 1182 vulnera o no los principios de jerarquÍa normativa y de separación de poderes en el marco de la actividad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Para lo cual, en primer lugar, define los términos identificación, localización, geolocalización y telecomunicaciones, e identifica la naturaleza jurÍdica de la criminalidad organizada. Acto seguido, analiza detenidamente las funciones que la Constitución y el Código Procesal Penal prevén tanto para el agente persecutor del delito como para la PNP. Más adelante, precisa que el mencionado decreto vulnera los principios rectores de nuestro vigente sistema procesal penal, puesto que, se prevé que labor que ejecuta el juez de garantÍas a mérito de la solicitud del MP, sea reservada o confidencial. AsÍ, el autor considera que las vulneraciones de carácter constitucional que trae consigo el D. L. N.° 1182, transgreden, de igual forma, normas del derecho internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos.
1. Cuestiones preliminares
El Congrego de la República, de conformidad a lo previsto en el artÍculo 104 de la Constitución PolÍtica del Perú, tiene la potestad de delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Muestra de ello, el 01 de julio del presente año, el Congreso de la República mediante la Ley N.° 30336 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad…
