El Especial del mes del número 140 de Actualidad Penal se titula “La colaboración eficaz. Control judicial, plazos y responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales examina la tensión entre la expansión funcional del proceso especial de colaboración eficaz —tras la reforma introducida por la Ley N.º 31990 y el Decreto Supremo N.º 003-2026-JUS— y el juicio de culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por su parte, Thalía Gonzales Pérez analiza el rol del juez en la audiencia reservada de colaboración eficaz, a partir del art. 477.5 del CPP, diferenciando el control de legalidad de las formas encubiertas de control de mérito u oportunidad. Finalmente, Max Antonio Vilca Huancahuari estudia los plazos previstos en el proceso penal y si resulta válido que los procesos de colaboración eficaz tengan plazos.
En el apartado Derecho Penal-Parte General, Alexander Claros Granados analiza el principio de confianza en la interrelación de comportamientos entre los funcionarios de una entidad pública, cuando uno de ellos haya cometido algún delito de corrupción. Por su parte, Ivan River Quispe Humpiri desarrolla el problema de los tres niveles de la imputación objetiva como modelo usable dentro del tipo penal objetivo; para ello, expone la evolución del tipo penal y, seguidamente, ofrece la definición y ejemplos de cada nivel planteado por Roxin.
En la sección Derecho Penal-Parte Especial, Luis Reynaldo Mina Abanto y Jimena del Rosario Pizarro Martínez examinan la configuración típica del delito de negociación incompatible a partir del análisis de la casuística penal vinculada a procesos de contratación pública menores o iguales a ocho UIT. Por su parte, Leidi Diana Gálvez Sánchez estudia cómo la trata de personas y la explotación sexual funcionan en el Perú como un sistema económico-criminal que genera flujos constantes de dinero ilícito, los cuales se dispersan, ocultan e integran mediante mecanismos típicos del lavado de activos.
En el apartado Derecho Procesal Penal, Luis Enrique García Huanca destaca el control de admisibilidad de los recursos de apelación mediante la verificación del concurso de razonamientos del juzgador, imputados por el impugnante como errores y vicios, y del razonamiento del propio impugnante con pretensión concreta, conforme a lo establecido en el literal “c” del inciso 1 del art. 405 del CPP; Geraldine Vargas Mejía realiza un análisis del principio de objetividad y del principio de imparcialidad de la función fiscal en el proceso penal, enfatizando el primero de ellos como eje fundamental de la actividad persecutoria del Estado, y reservando el segundo como piedra angular de la función de los jueces dentro del debido proceso; y Américo Reynaldo Flores Ostos aborda la tutela de derechos como institución procesal destinada a salvaguardar los derechos fundamentales del imputado en el marco del proceso penal peruano.
En el apartado Derecho Procesal Constitucional, Juan Carlos Mezzich Alarcón analiza la evolución normativa del delito de tortura en el Perú, incorporado como delito autónomo en 1998 mediante la Ley N.º 26926 y modificado, en 2017, por el D. Leg. N.º 1351.
En el apartado Derecho Penitenciario, Italo Sebastian Celi Romero examina el papel del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus correctivo en el Perú, con especial énfasis en las visitas carcelarias como mecanismo de tutela efectiva.
En el apartado Filosofía del Derecho Penal, José Ávila Herrera analiza la filosofía del derecho penal desarrollada por Luigi Ferrajoli, centrada en el modelo del garantismo penal como límite al poder punitivo del Estado. Estudia la construcción teórica del derecho penal mínimo, sustentada en el principio de legalidad, la estricta jurisdiccionalidad y la tutela de los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho.
Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos sobre asuntos de coyuntura:
Derecho Penal. Parte Especial
— Apelación N.° 30-2025 Junín, que establece que basta que el delito fin tenga una pena igual o mayor de cinco años para que se configure la organización criminal, aun cuando los demás delitos no alcancen dicho umbral.
— Exp. N.º 08733-2023-0-1826-JR-PE-18, que condena a Carla García por llamar “terrucaza” a Verónika Mendoza.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.º 02939-2025-PHC/TC Lima, que anula la condena contra Daniel Urresti por considerar que el asesinato del periodista Hugo Bustíos no constituye delito de lesa humanidad.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, febrero del 2026