El Especial del mes del número 141 de Actualidad Penal se titula “El caso Adrián Villar. La imputación de responsabilidad penal derivada de los accidentes de tránsito”.
Daniel Jurado Palma y Héctor Rusbell Choque Córdova descartan la posibilidad de imputar homicidio doloso por comisión por omisión en accidentes de tránsito seguidos de abandono de la víctima, a partir del caso Adrián Villar. En la misma línea, Alexander Gonzales Orbegoso y Jerome Ricker Gambarini, sobre la base de tres criterios —(i) la existencia de una situación de peligro relevante; (ii) el conocimiento efectivo del peligro por parte del autor, y (iii) la decisión de continuar la conducta pese a ese riesgo— sostienen que la conducta examinada presenta elementos compatibles con un homicidio simple cometido a título de dolo eventual. Por su parte, José Luis Palomino Quispe analiza la importancia de los factores intervinientes —o causas concurrentes— en la imputación de responsabilidad penal y civil derivada de accidentes de tránsito. Desde un enfoque centrado en la imputabilidad, Anderson Quispe Méndez y Renato Tazza Aquino consideran la presencia de 2.5 g/l de alcohol en la sangre como posible causal de exención de responsabilidad penal por grave alteración de la conciencia. A su vez, Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales critica la expansión del uso del dolo eventual en supuestos de tránsito con resultado mortal, tomando como referencia el caso Villar. Finalmente, Mario Amoretti Navarro, desde una aproximación de la dogmática y jurisprudencia alemanas, cuestiona la subsunción del hecho como homicidio culposo agravado y propone su imputación como homicidio doloso en comisión por omisión, conforme al artículo 13 del Código Penal peruano.
En el apartado Derecho Penal-Parte General, Jean Carlo Sted León Ruiz estudia la posibilidad de considerar delito continuado a las múltiples apropiaciones cuyo importe individual no sobrepasa las diez unidades impositivas tributarias (UIT) para aplicar el delito de peculado doloso en su modalidad agravada, previsto y penado en el inc. 4, segundo párrafo, del art. 387 del Código Penal.
En la sección Derecho Penal-Parte Especial, Alexander Gonzales Orbegoso examina críticamente la tendencia a equiparar irregularidades en el financiamiento de campañas electorales —como los aportes no declarados, de origen no identificado o destinados a gastos de campaña presidencial— con el delito de lavado de activos. Por su parte, Jesús Canales Hernández examina el delito de minería ilegal en el Perú, especialmente los problemas sustantivos y procesales que surgen en su investigación. Explica las modificaciones legales realizadas a la norma, en particular los cambios en la redacción sobre la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos. Finalmente, César Alejandro Franco Gonzales estudia si los oficiales policiales de prevención del delito pueden cometer el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial de control de tránsito y, por consiguiente, si es posible requerir en su contra la medida de prisión preventiva.
En el apartado Derecho Procesal Penal, Giulliana Loza Avalos y Marcelo Camargo Salazar analizan la interpretación jurisprudencial que vincula el denominado doble conforme con la inadmisibilidad del recurso de casación penal. Por otro lado, Felipe Nolberto Gonzales Palomares estudia las carencias protocolares presentes en el acto de reconocimiento de personas en rueda, las cuales se reflejan en inadaptados comportamientos por parte de los operadores intervinientes y de los testigos (incluidos los colaboradores eficaces) llamados a identificar al presunto ejecutor o partícipe de un delito.
En el apartado Derecho Probatorio, Arturo José Lara Quecaño examina el valor procesal de la declaración del imputado y su vínculo con el derecho a guardar silencio y la no autoincriminación, integrando enfoques doctrinarios, jurisprudenciales y normativos para proponer criterios que equilibren la búsqueda de la verdad con la tutela efectiva de los derechos fundamentales del imputado. Por su parte, José Andrés Alday Pumaricra analiza críticamente las pautas del AP
N.º 2-2005, sobre la valoración del testimonio de la víctima, señalando su utilidad, pero también sus limitaciones frente a los avances científicos sobre la memoria, proponiendo una integración de la psicología del testimonio al proceso penal peruano.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, Rony Allan López Fuentes hace un análisis crítico del auto del Tribunal Constitucional recaído en el Exp.
N.º 03099-2025-PHC/TC, debido a la aplicación errónea de las instituciones del derecho procesal para evitar revisar el fondo de la Ley N.° 32330, que incorporaba a los adolescentes de 16 y 17 años de edad al sistema penal ordinario. Por otro lado, Teodorico Claudio Cristóbal Támara y Carlos Joel Guzmán Guerrero estudian la normativa internacional y nacional, así como la jurisprudencia suprema y constitucional que desarrolla el derecho a la defensa. A partir de ello, desarrollan un concepto de derecho de defensa eficaz y sus dimensiones. Finalmente, Georges Jhon Tello Bazán examina críticamente la afectación del principio del plazo razonable en los procesos penales por corrupción de funcionarios en el Perú, tomando como emblemático el proceso seguido contra Keiko Fujimori: el caso Cócteles.
En el apartado Política Criminal-Criminología, Martín Eduardo Gonzales Laguna propone crear la Oficina de Análisis de las Telecomunicaciones adscrita a OSIPTEL. Esta entidad emplearía inteligencia preventiva y cooperación con operadoras para detectar patrones delictivos tempranos.
Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de los máximos órganos judiciales:
Derecho Penal. Parte General
— R. N. N.º 461-2024 Amazonas, que aborda la responsabilidad de los altos mandos policiales por muertes en protestas sociales. A propósito del caso Baguazo.
Derecho Penal. Parte Especial
— Exp. N.º 01231-2024-PHC/TC, que establece los límites de la imputación a los titulares de entidades públicas por el delito de colusión.
Derecho Procesal Penal
— Exp. N.º 00062-2021-40-5002-JR-PE-02, que examina si el imputado tiene derecho a desobedecer resoluciones judiciales por considerarlas arbitrarias, en particular, el caso de Vladimir Cerrón.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.º 00013-2024-PI/TC, en el que el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de la Ley Soto y cuestiona la capacidad de la Corte Suprema para ejercer control de constitucionalidad de forma abstracta.
Jurisprudencia Selecta
En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno a la responsabilidad penal derivada de accidentes vehiculares:
— Apelación N.° 313-2024 Lima, que inaplica la autopuesta en peligro de la víctima cuando la conducta del imputado es la causa predominante para producir el hecho.
— Cas. N.° 473-2023 La Libertad, que explica que la aplicación de pena suspendida en delitos de tránsito depende del pronóstico de no reincidencia según la conducta procesal del sentenciado.
— Cas. N.° 1563-2019 La Libertad, que atribuye responsabilidad en omisión impropia al gerente de la empresa de transporte por accidentes de tránsito.
— R. N. N.º 3615-2013 Lima Norte, que se vale de la prueba científica para determinar el dolo en accidente vehicular.
— Cas. N.° 437-2012 San Martín, que determina el alcance de la omisión de comunicación en el delito de fuga del lugar del accidente de tránsito.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, marzo del 2026