Edición 143/DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Christian Salomón Silva Santa Cruz

Public compliance en el Perú: síntesis del modelo de integridad, whistleblowing y el sistema de control interno. De la privatización de la lucha contra la corrupción a la estatización de los modelos de prevención de delitos corporativos

Número 143 • Mayo 2026 • pp. 107-129

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Public compliance en el Perú: síntesis del modelo de integridad, whistleblowing y el sistema de control interno. De la privatización de la lucha contra la corrupción a la estatización de los modelos de prevención de delitos corporativos

[pp. 107-129]

Christian Salomón Silva Santa Cruz

Universidad de San Martín de Porres (Perú)

Ejecutivo legal en Integridad Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Doctorando en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Máster Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y “Compliance”, por la Universidad Pública Santiago de Compostela (España). Egresado de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad de San Martín de Porres y del 22.º Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados.

Sumario

1. Introducción. 2. De la responsabilidad de las personas jurídicas en el proceso penal. 3. Alcance de los programas de cumplimiento normativo o planes de prevención de delitos (compliance). 4. Protección al denunciante de actos de corrupción: whistleblowing. 5. De los programas de cumplimiento corporativos al public compliance (traslado de las técnicas del compliance al sector público). 6. Evaluación del public compliance en el Perú: sistema de evaluación del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (ICP). 7. De lege ferenda: public compliance en contratación pública. 8. Conclusiones. 9. Referencias.

Resumen

El autor expone la utilidad de trasladar los componentes mínimos del modelo de prevención corporativo al sector público, con el propósito de enfrentar de manera directa la corrupción. Su análisis se centra en la identidad entre el modelo de prevención y el modelo de integridad. Finalmente, plantea pautas para una gestión adecuada de los riesgos que afectan la integridad en el proceso crítico de contratación pública.

Palabras clave: lucha contra la corrupción, public compliance, modelo de integridad

Fundamento legal: arts. 105 y 397-A del CP; arts. 4, 3, 12 y 17 de la Ley N.º 30424; art. 7 del D. S. N.º 148-2024-PCM

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Christian Salomón Silva Santa Cruz

Public compliance en el Perú: síntesis del modelo de integridad, whistleblowing y el sistema de control interno. De la privatización de la lucha contra la corrupción a la estatización de los modelos de prevención de delitos corporativos

Número 143 • Mayo 2026 • pp. 107-129

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
En términos plasmados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (prefacio). Volver
2.
Así, delitos como la malversación adquieren este carácter de corrupción, dado que es apartar fondos públicos de finalidades legalmente establecidas para destinarlos a otras, aunque no hayan de ser necesariamente privadas. Del mismo modo, la configuración jurídico-penal del tráfico de influencias responde a este diseño: un sujeto, funcionario o particular se prevale de su relación con un funcionario para obtener (no es necesario que lo obtenga, basta con la intención exteriorizada) una ventaja. Volver
3.
Definición contenida en el Decreto Supremo N.º 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Siguiendo la línea de la Comisión Europea, en el Informe sobre la Lucha contra la Corrupción en la UE del 2014, donde define corrupción como “abuso de poder para obtener réditos privados”. Volver
4.
El comercio mundial se rige en buena medida por las reglas de la libre competencia, pautas que resultan seriamente comprometidas cuando una empresa soborna y sus competidores actúan con rectitud. La libre competencia fue el argumento utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para potencial el Convenio de Lucha contra la Corrupción de los Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, suscrito el 17 de diciembre de 1997, que tanto ha influido en las reformas penales en esta materia a nivel internacional. Y es la libre competencia la que ha inspirado la norma jurídica internacional que aun hoy domina con claridad a nivel mundial, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, en adelante FCPA). Volver
4.
El comercio mundial se rige en buena medida por las reglas de la libre competencia, pautas que resultan seriamente comprometidas cuando una empresa soborna y sus competidores actúan con rectitud. La libre competencia fue el argumento utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para potencial el Convenio de Lucha contra la Corrupción de los Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, suscrito el 17 de diciembre de 1997, que tanto ha influido en las reformas penales en esta materia a nivel internacional. Y es la libre competencia la que ha inspirado la norma jurídica internacional que aun hoy domina con claridad a nivel mundial, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, en adelante FCPA). Volver
5.
En la misma línea, Maroto Calatayud (2012). Volver
6.
Resulta evidente que el efecto más nocivo que produce el delito de “blanqueo de capitales” es el perjuicio que ocasiona sobre el régimen de la libre competencia, pues obstaculiza la libre, justa y transparente competencia de los mercados; su nocividad se aprecia en un doble sentido, por un lado afecta las condiciones generales del mercado que permiten el normal desarrollo de las relaciones entre consumidores y usuarios y, por otro lado, pone en peligro las expectativas de quienes, en forma individual, participan en las relaciones económicas. Estos sujetos no buscan la obtención de ganancias con sus inversiones, sino su objetivo fundamental es alejar dichos capitales de su origen ilícito, hacerlos circular por el mercado, para aumentar las posibilidades de que ese patrimonio se separe definitivamente de su origen, por lo que las pérdidas que muchas veces deben afrontar las consideran parte de los costos del negocio. Para evitar las migraciones de capitales hacia otros mercados, se ofrece a los inversionistas la transparencia del sistema (Beitler y Leoni, 2009, p. 172). Volver
6.
Resulta evidente que el efecto más nocivo que produce el delito de “blanqueo de capitales” es el perjuicio que ocasiona sobre el régimen de la libre competencia, pues obstaculiza la libre, justa y transparente competencia de los mercados; su nocividad se aprecia en un doble sentido, por un lado afecta las condiciones generales del mercado que permiten el normal desarrollo de las relaciones entre consumidores y usuarios y, por otro lado, pone en peligro las expectativas de quienes, en forma individual, participan en las relaciones económicas. Estos sujetos no buscan la obtención de ganancias con sus inversiones, sino su objetivo fundamental es alejar dichos capitales de su origen ilícito, hacerlos circular por el mercado, para aumentar las posibilidades de que ese patrimonio se separe definitivamente de su origen, por lo que las pérdidas que muchas veces deben afrontar las consideran parte de los costos del negocio. Para evitar las migraciones de capitales hacia otros mercados, se ofrece a los inversionistas la transparencia del sistema (Beitler y Leoni, 2009, p. 172). Volver
7.
La libre competencia es el aspecto del orden económico afectado por el blanqueo de capitales (Díez Rípollés, 1994). Y ciertamente esa es la razón por la que en España el delito de blanqueo de capitales es estudiado dentro de la rama del derecho penal económico. Volver
8.
Lo que constituye una lógica consecuencia de la estrecha vinculación existente entre autorregulación, ciudadanía corporativa y cumplimiento de la legalidad. Volver
9.
En los países de la UE, la tendencia predominante es que el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se deriva, precisamente, en no haber adoptado medidas de prevención y detección, con el fin de impedir que sus empleados realicen hechos delictivos. Volver
10.
Cuya finalidad principal es el desarrollo y adopción de controles internos adecuados, programas o medidas de ética y cumplimiento para prevenir y mitigar los riesgos de las empresas en convertirse en cómplices de cohecho, oferentes de soborno. Volver
11.
La organización no puede controlar cualquier acontecimiento que tenga lugar en el desarrollo de su actividad, entendiéndose como un razonable límite exigir únicamente que lo haga con respecto a las conductas que le son estructuralmente beneficiosas, quedando excluidas las que ningún beneficio podrían reportarle. Desde otras perspectivas, se ha venido entendiendo que la empresa tenderá a relajar sus controles con relación, precisamente, a aquellos comportamientos que pudieran reportarle beneficios, siendo precisamente ahí donde dichas prevenciones resultarán más necesarias. Y, en fin, también se han invocado consideraciones relativas a la teoría de la pena, observando que donde las conductas delictivas producidas en el seno de la organización se realizan “en beneficio o en interés” de esta, es donde tendrá más sentido atribuirle responsabilidad penal, compensando de ese modo el enriquecimiento pretendido. Sentencia del Tribunal Supremo Español N.º 89/2023, del 10 de febrero del 2023, f. j. n.º 25. Volver
12.
Adicional a la conocida Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”, debe considerarse la NTP-ISO 37301, “Sistema de Gestión de Compliance (aprobada por Resolución Directoral N.° 010-2021-INACAL/DN, de 9 de junio del 2021); y la NTP-ISO 37002: Sistema de Gestión de la Denuncia de Irregularidades – Whistleblowing management systems – Guidelines (aprobada por Resolución Directoral N.º 035-2021-INACAL/DN, de 30 de diciembre del 2021). Volver
13.
Siguiendo la línea de Nieto Martín (2019, p. 17), hay autores que califican esta situación de “incoherente”, ya que “el Estado, como organización, no adopta medidas similares a las que obliga a implantar a las empresas”. Volver
14.
Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública, ítem 5.3. Volver
15.
Así lo ha reconocido la propia Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la ficha técnica del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (2022). Volver
16.
Artículo 17.- Implementación del modelo de prevención, de la Ley N.º 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Volver
17.
Artículo 6 del Decreto Supremo que aprueba el Modelo de Integridad para Fortalecer la Capacidad de Prevención y Respuesta frente a la Corrupción en las Entidades del Sector Público, D. S. N.º 148-2024-PCM. Volver
18.
Nieto Martín (2019); López Donayre (2016, p. 1 y ss.). Volver
19.
Véase el listado general de entidades evaluadas: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6766179/5864378-listado-de-entidades-a-ser-evaluadas-con-el-icp-13-08-2024.pdf?v=1723592242 Volver
20.
Las entidades de la administración pública reportan las acciones realizadas y se les asigna una puntuación basada en el progreso alcanzado en cada etapa, utilizando una escala de 0 a 1, donde 0 supone la ausencia de mecanismos estandarizados de prevención de la corrupción y 1 el cumplimiento pleno de la etapa evaluada (Metodología de Determinación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N.º 005-2024-PCM/SIP). Es una evaluación estandarizada, por lo tanto, excesivamente formal y rígida, como si se tratará de una lista de chequeo, algo muy alejado todavía de los programas de cumplimiento normativo o planes de prevención de delitos, que deben ser trajes a la medida dependiendo los riesgos de cada organización. Volver
21.
Véase el reporte completo: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7565523/6425083-reporte-final-icp-2024.pdf?v=1738347612 Volver
22.
Definiendo en el numeral “c” del artículo 6, a la gestión de riesgos en contratación pública como un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos. Volver

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