El Especial del mes del número 144 de Actualidad Penal se titula: “La utilización de la inteligencia artificial en el proceso penal”.
En este apartado, Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales examina los límites constitucionales del uso de la inteligencia artificial predictiva en el proceso penal, proponiendo criterios de admisibilidad orientados a garantizar la legalidad, la transparencia, la contradicción efectiva y la supervisión humana en las decisiones que inciden sobre la libertad personal. Por su parte, Renato Pérez Corrales analiza la inteligencia artificial como herramienta probatoria en el proceso penal peruano, evaluando sus potencialidades y riesgos constitucionales, así como los criterios necesarios para asegurar su compatibilidad con el debido proceso. Finalmente, Camila Lucía Barboza Mendoza estudia los desafíos y riesgos derivados de la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica jurídica, especialmente en la defensa técnica y la motivación de las resoluciones judiciales, subrayando la necesidad de supervisión humana y debida diligencia en su utilización.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Andrea Cristina Farro Soto propone criterios para diferenciar el dolo penal del dolo civil en los casos de apropiación ilícita, a partir del análisis de la interversio possessionis, el requerimiento notarial y el ánimo de expropiación, con el objetivo de evitar la indebida criminalización de controversias civiles sin excluir supuestos con relevancia penal.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Carlos Francisco
Espinoza Cordero analiza críticamente el Acuerdo Plenario N.° 4-2011 sobre hurto agravado, cuestionando su configuración como tipo autónomo y sus implicancias frente a los principios de legalidad y proporcionalidad. Por otro lado, Raúl Ernesto Martínez Huamán examina la figura del árbitro en los delitos de corrupción, justificando su inclusión como autor pese a no ser funcionario público y evaluando su responsabilidad en delitos como patrocinio ilegal, colusión y cohecho pasivo específico.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Omar Effio Arroyo y Melanie Xiomara Cercado Alvear analizan críticamente la Resolución n.º 4 del Exp.
N.º 01456-2026-6-1814-JR-PE, que confirmó la prisión preventiva de Adrián Villar Chirinos por homicidio culposo, evaluando su compatibilidad con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad, y proponiendo reformas para optimizar su regulación en delitos culposos. A su vez, Rafael Juan Llempen Mendoza estudia el control judicial de la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva en el proceso penal peruano, evidenciando la oscilación jurisprudencial sobre su inclusión en el estándar de sospecha grave y proponiendo una reforma que exija la verificación de la subsunción típica dentro del fumus delicti, a fin de reforzar la legalidad y evitar aplicaciones meramente formales de la medida. Por otro lado, Willy Alfredo Huisacayna Huacasi analiza las modificaciones al reglamento del proceso de colaboración eficaz introducidas por el D. S.
N.° 003-2026-JUS, evaluando sus implicancias dogmáticas y operativas —como la exigencia del acuerdo preparatorio, la prohibición de la corroboración cruzada y el registro audiovisual de declaraciones—, señalando sus efectos en la eficiencia investigativa y proponiendo ajustes como el uso de cámaras Gesell y la derivación a fiscalías especializadas.
En el apartado de Derecho Probatorio, Pablo Talavera Elguera analiza la sentencia del caso Cerna Bazán, destacando el control de logicidad realizado por la Corte Suprema en la valoración probatoria, especialmente en la revisión de la cadena indiciaria, las reglas de la lógica y la motivación de las decisiones judiciales penales. Por su parte, Laurence Chunga Hidalgo examina el estándar de prueba en la prisión preventiva desde una perspectiva racionalista, sosteniendo la necesidad de diferenciarlo de los exigidos para la acusación y la condena. Propone una escala autónoma de estándares probatorios según la medida cautelar, basada en distintos niveles de probabilidad, para reforzar la racionalidad judicial y la protección de derechos fundamentales. Finalmente, Luis Rodrigo Mitta Peña analiza la admisión de prueba excepcional en la apelación de sentencia en el proceso penal peruano, sosteniendo que su incorporación en segunda instancia es jurídicamente viable a partir de una interpretación sistemática del Código Procesal Penal y la jurisprudencia.
En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Jimmy Ramírez Perleche estudia el impacto de Internet en la privacidad de los datos personales y sostiene que el derecho al olvido debe entenderse como una manifestación de la autodeterminación informativa. Propone, además, una serie de criterios orientados a evitar que la permanencia o reexposición digital de determinados datos produzca una afectación desproporcionada sobre la persona. Por otro lado, Kenia Yeraldine Melón Gutiérrez analiza el derecho de defensa de las personas quechuahablantes en el proceso penal peruano, evidenciando las barreras lingüísticas y culturales que afectan su acceso a la justicia y proponiendo la adopción de un enfoque intercultural que garantice una tutela efectiva del debido proceso.
En el apartado de Derecho Penitenciario, Cristhian Hugo Gutiérrez de la Cruz sostiene que el Ministerio Público actúa como contrapeso del poder presidencial en el Estado constitucional de derecho y cuestiona los límites impuestos por el Tribunal Constitucional a la investigación penal contra el presidente de la República, al considerar que restringen los fines del proceso penal y afectan la estabilidad democrática.
Jurisprudencia Selecta
En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno a los delitos contra el derecho de sufragio:
— R. N. N.° 2220-2004 Ayacucho, que caracteriza la “perturbación o impedimento de proceso electoral” como un delito de resultado.
— R. N. N.° 1601-2019 Pasco, que sostiene que la “perturbación o impedimento de proceso electoral” es un tipo penal residual respecto a los “atentados contra el derecho de sufragio”.
— Cas. N.° 348-2015 Huánuco, que establece que las promesas genéricas no configuran el tipo penal de inducción al voto.
— Cas. N.° 760-2016 La Libertad, que desarrolla doctrina jurisprudencial sobre el delito de inducción al voto.
— Exp. N.º 01648-2023-PA/TC Lambayeque, que analiza el conflicto entre la restricción indeterminada del derecho a ser elegido y la rehabilitación del condenado.
Una vez más, agradecemos a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, junio del 2026