El delito de función y la jurisdicción militar-policial

[pp. 41-56]

Sumario

1. Generalidades sobre el delito de función militar-policial. 2. Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el delito de función atribuido a militares y policías. 3. Ley N.º 32735: el delito de función en el Código Penal Militar Policial. 4. Ley N.º 32735: modificación de los artículos III y 26 del Código Procesal Penal. 5. Sugerencia del Tribunal Constitucional sobre procedencia de recurso de casación en caso de delitos de función de militares y policías. 6. Conclusiones. 7. Referencias.

Resumen

El presente artículo analiza el delito de función militar-policial y los límites constitucionales de la jurisdicción militar policial en el Perú. Se examina la naturaleza excepcional de este fuero y la necesidad de que la conducta atribuida a un militar o policía en situación de actividad, cometida en acto de servicio o con ocasión de este, afecte directamente bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se analizan los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales la condición de militar o policía no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para la intervención de la justicia militar. El estudio también aborda la reciente modificación del Código Penal Militar Policial y del Código Procesal Penal, cuestionando aquellas disposiciones que podrían ampliar indebidamente la competencia del fuero militar policial hacia delitos comunes o conductas que afectan bienes jurídicos propios de la sociedad y de las personas. Finalmente, se sostiene que la delimitación entre la jurisdicción ordinaria y la militar policial debe respetar el principio del juez natural, el debido proceso, el principio de legalidad y la prohibición del doble juzgamiento, garantizando que cada jurisdicción conozca exclusivamente las materias que constitucional y legalmente le corresponden.

Palabras clave: delito de función; jurisdicción militar policial; bienes jurídicos castrenses; Fuerzas Armadas; Policía Nacional del Perú

Fundamento legal: arts. 137, 141 y 173 de la Const. Pol.; arts. II, 58, 64, 65, 117, 134 y 139 del Código Penal Militar Policial; arts. 106, 376 y 387 del CP; arts. III y 26.5 del CPP

1. Generalidades sobre el delito de función militar-policial

Desde inicios del presente siglo, la jurisprudencia ha establecido que el “delito de función” de militares y policías es aquel en el que incurre “un militar o policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales” (Exp. N.º 0017-2003-AI/TC Lima, de 16 de marzo del 2004, f. j. n.º 132). De esa manera, en pronunciamientos posteriores y hasta la actualidad, se…

Contenido exclusivo para suscriptores

Para leer el artículo completo necesitas iniciar sesión con tu código de suscriptor.

Iniciar sesión

¿No tienes suscripción? Suscríbete ahora

El delito de función y la jurisdicción militar-policial

Número 145 • Julio 2026 • pp. 41-56

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

2.
Los bienes jurídicos castrenses son aquellos valores, principios e intereses fundamentales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que el derecho penal militar protege para garantizar su existencia, operatividad y fines constitucionales. Se diferencian de los bienes jurídicos de la justicia ordinaria por su naturaleza estrictamente funcional. Volver
1.
Un bien jurídico es cualquier valor, interés o derecho (tangible o intangible) que la sociedad y el ordenamiento legal consideran vital y digno de protección. Volver
3.
Sobre este aspecto, justamente la Ley N.º 32735 señala: “En el caso del personal de la Policía Nacional se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones y atribuciones de prevención e investigación del delito, de control de identidad, de inteligencia, de fiscalización el cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, de vigilancia y control de fronteras, de práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística, así como de otras funciones establecidas en sus leyes y reglamentos, en el marco de un estado de emergencia”. Volver
4.
Al respecto, en el f. j. n.º 35 de la misma sentencia, el Tribunal Constitucional agrega: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado reiteradamente sobre el delito de función militar, siendo determinados casos del Estado peruano los que han servido de base para estos pronunciamientos. Así, en los casos Castillo Petruzzi vs. Perú y Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte sostuvo lo siguiente: ‘[…] Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia’. En el caso Durand y Ugarte vs. Perú, la Corte sostuvo que: ‘En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar […] solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar […]’”. Volver
5.
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo único de la Ley N.° 29548, diversos artículos del D. Leg. N.º 1094 y diversos artículos del D. Leg. N.º 1095. Volver
6.
Art. 137 de la Constitución Política del Perú. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o el orden interno de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la liberad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2. Volver
7.
Una ley penal en blanco es una norma penal que establece la sanción, pero la conducta prohibida (el supuesto de hecho) está incompleta y requiere ser completada por otra ley, reglamento o norma administrativa. Volver
8.
Art. 173 de la Constitución Política del Perú. Delitos de función. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar (hoy Código Penal Militar Policial). Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a la que se refiere el artículo 141 solo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obliga torio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar. Volver
9.
Art. 117. Desobediencia. El militar o el policía que omite intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos o cualquier otro documento que norma las funciones de las FF. AA. o PNP, siempre que atente contra el servicio, será sancionado con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de cinco años. Volver

Suscripción 2027

AGOSTO 2026 - JULIO 2027

La revista de referencia obligatoria

Para jueces, fiscales y abogados penalistas con rigor dogmático y soluciones prácticas

Suscribirme ahora

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.