El procesamiento de la persona jurídica bajo los alcances de la Ley N.º 30424 y sus modificatorias: ausencia de reglas consistentes para el enjuiciamiento a la empresa y la determinación de su sanción

Coincidimos con lo señalado por Hinojosa Jurado (2023): “La urgencia de implementar un sistema autónomo de responsabilidad de la persona jurídica se debe, sobre todo, a la urgencia del Estado peruano de pertenecer al grupo de trabajo de la OCDE” (p. 109). Volver

Artículo 314 del CP.- El juez penal ordenará, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate de conformidad con el artículo 105 inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad en materia ambiental. (Texto vigente hasta la promulgación de la Ley N.° 29263, de 2 de octubre del 2008). Volver

Nuestro Tribunal Constitucional, en el Exp. N.º 04072-2009-PA/TC (26 de mayo del 2010), ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a la titularidad de derechos de los entes jurídicos: “A juicio de este Tribunal, toda persona jurídica […] adopta una individualidad propia, esto es, la forma de un ente que opera como centro de imputación de obligaciones, pero también, y con igual relevancia de derechos” (f. j. n.º 8). Coincidiremos, pues, con Estela la Puente (2022), en afirmar que el máximo intérprete de la Constitución se ha decantado por brindar a estos entes fictos, incluso una mayor tutela que la reconocida por el sistema interamericano. Volver

Concretamente nos referimos a las medidas preventivas contra personas jurídicas, detalladas adecuadamente en el art. 313 de la codificación adjetiva, marco que, reiteramos, se destina únicamente a los procesos en los que se proponga dispensar las consecuencias accesorias del art. 105 del CP. Volver

Sistematizadas en las reglas establecidas en el AP N.° 1-2023/CJ-112, complementado por el Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2024/CJ-112 y su respectiva fe de erratas. Volver

Si bien mayoritariamente se sostiene que la LRAPJPP solo incluye sanciones administrativas, ello no elude el eje de la discusión en torno su aptitud de culpabilidad, pues, como sentencia Gracia Martín (2020), “si la persona jurídica no puede ser sujeto del derecho penal, tampoco deberá poder serlo del sancionador administrativo” (p. 28). Volver

Mediante opinión consultiva, solicitada por la República de Panamá, el colegiado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016) se pronunció sobre titularidad de derechos de la persona jurídica en el sistema interamericano: “El artículo 1.2 de la Convención Americana solo consagra derechos a favor de las personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta opinión consultiva” (p. 46). Tal perspectiva, desde luego, se encuentra matizada por el principio de progresividad de los derechos fundamentales, en particular atendiendo a la data de su formulación y a la dinámica observada por el tratamiento legislativo de la región. Volver

Específicamente, conforme al art. 2.24.d de la Carta Magna, que indica: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Volver

Si bien el art. 12 de la LRAPJPP establece: “La confesión, debidamente corroborada, de la comisión del delito, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria, tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida establecida en los literales a), b) y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas temporales […]” (la cursiva es nuestra); a través del XII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema, se ha definido la operativización de estas reglas de bonificación procesal indicando: “[…] la confesión sincera, la conclusión anticipada del proceso, la conclusión anticipada del juzgamiento o conformidad y la colaboración eficaz. Al no ser ni causales de disminución de punibilidad ni circunstancias atenuantes su eficacia opera exclusivamente sobre la pena concreta y previamente determinada por el órgano jurisdiccional. Es, pues, sobre la pena ya determinada e impuesta al autor o partícipe de un delito a la que el juez le reduce un porcentaje de su extensión cuantitativa en los términos que dispone y autoriza la ley. Cabe destacar, entonces, que las reglas de reducción por bonificación procesal no tienen eficacia ni se aplican sobre el mínimo o máximo legal de la pena conminada para el delito […]” (Acuerdo Plenario N.° 1-2023/CJ-112, de 28 de noviembre del 2023, f. j. n.° 45). Volver