Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 00117-2026-PHC/TC: el ángulo del peligro procesal de fuga y el derecho a la debida motivación cualificada

El Código Civil peruano de 1984 brindaría ciertas claves para la aplicación correcta de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva, cuando en su art. 33 estipula que el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar, por lo que domicilio y residencia habitual vendrían a ser prácticamente lo mismo. Asimismo, para efectos de fijar un arraigo por domicilio, es de considerarse lo dispuesto en el art. 35 del referido Código Sustantivo, esto es, que a la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de ellos, resultando muy operable el contenido del art. 41 del mismo, cuando expresa que a la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre, pues esto implicaría que, en el caso de que el imputado sea un mendigo, la banca del parque donde suele dormir por las noches se constituye, para efectos legales, en su domicilio. Volver

Desde un punto de vista opuesto al sentido cuantitativo de lo que se entiende por “magnitud”, se puede mencionar la “importancia” del daño ocasionado, pero este término resulta insuficiente, en primer lugar, por cuanto no se encuentra cuantificado, y, en segundo lugar, porque, para los efectos mismos de la expresión de la reparación civil, esta se debe traducir inexorablemente en cantidades cuantificadas. La noción de importancia no es la indicada para poder expresar una cuantificación, pues es de índole cualitativa, aunque desde una posición radical se pueda argumentar que es susceptible de medirse en rangos o niveles como son “alta importancia”, “mediana importancia” y “pequeña importancia”, implicando esto último toda una contradicción en los términos, esto es, todo un oxímoron. Volver