El Especial del mes del número 146 de Actualidad Penal aborda: a) el caso Vladimir Cerrón: la motivación del peligro de fuga en variación de medidas coercitivas; y b) el caso Ollanta Humala: el control constitucional de la imputación por lavado de activos.

Giulliana Aracelli Loza Ávalos examina el estándar de motivación de la prisión preventiva fijado por el Tribunal Constitucional en la STC 166/2026 —que resolvió el hábeas corpus de Vladimir Cerrón— y sus efectos, cuestionando si debía restituirse automáticamente la comparecencia con restricciones o convocar nueva audiencia; Omar Effio Arroyo analiza las reglas y vacíos legales de dicha sentencia, proponiendo reformas; e Iván Pedro Guevara Vásquez estudia el peligro procesal de fuga en el Exp. N.º 00117-2026-PHC/TC.

Clodoaldo Rolando Bazán Gonzales sostiene que la STC 169/2026, que anuló el proceso contra Ollanta Humala, protegió el principio de legalidad, pero excedió el control externo al reinterpretar la imputación, función propia de la jurisdicción penal ordinaria; Rodrigo Isaac Paredes Lévano y Brisa Geraldine Huamán Ayza consideran que el Tribunal defendió legalidad y tipicidad, aunque confundió deficiencias subsanables con atipicidad definitiva; y Elvis Mayer
Castillo Méndez analiza la autonomía procesal del lavado de activos y la acreditación indiciaria de su origen ilícito, a propósito de la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017 y el Exp. N.º 00110-2026-PHC/TC.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Roberto John Meza Reyes analiza la contradicción entre los arts. 41 de la Constitución y 80 del Código Penal sobre la duplicidad del plazo de prescripción para particulares y funcionarios públicos, destacando sus implicancias en los principios de igualdad y seguridad jurídica. Por su parte, Manuel Octavio Palacios Sánchez estudia la legítima defensa putativa de los agentes policiales en casos de flagrancia, concluyendo que requiere un error invencible y una actuación proporcional, sin aplicación automática.

En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Lady Vanessa Yupanqui Porras examina la consumación del delito de trata de personas y sostiene que constituye un delito de mera actividad, por lo que prescinde de la verificación de una situación concreta de peligro. Por su parte, Roller Javier Calongos La
Torre estudia el uso privado de la mano de obra de subordinados por funcionarios públicos y la posibilidad de su adecuación como delito de peculado, a partir de la doctrina y jurisprudencia nacional.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Benji Espinoza Ramos y Sergio Figueroa Quedo analizan el art. 359.2 del CPP y proponen una interpretación que preserve los principios de inmediación e identidad del juzgador ante su indisponibilidad. Por su parte, César Alejandro Franco Gonzales examina la participación del Estado como actor civil en delitos contra la administración pública y propone criterios para determinar la reparación civil y superar vacíos normativos Finalmente, Manuel Portocarrero estudia la prohibición de bis in idem en casos de corrupción de funcionarios desde los principios de proporcionalidad y culpabilidad, diferenciando el injusto penal del administrativo y sus posibles ámbitos de complementariedad.

En el apartado de Derecho Probatorio, María del Pilar Tomanguillo Chumbe y María Cristina Tomanguillo Chumbe analizan los distintos estándares probatorios aplicables a las medidas de protección y cautelares en casos de violencia, destacando la necesidad de diferenciarlos según su naturaleza y finalidad. Por su parte, Jhody Madelyne Jauregui Meza estudia la prueba ilícita, diferenciando su afectación procedimental (lato sensu) de la vulneración de derechos fundamentales (stricto sensu) y examinando las excepciones a la regla de exclusión.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno al tipo subjetivo del lavado de activos y su prueba:

— Acuerdo Plenario N.º 3-2010/CJ-116, que sostiene que el dolo no exige el conocimiento pleno de todas las circunstancias del delito previo; que la expresión “deber presumir” no habilita una modalidad culposa; que el elemento de tendencia interna trascendente delimita el delito de lavado de activos frente a otras conductas; y que la ignorancia, el error o la buena fe sobre el origen ilícito determinan la atipicidad.

— R. N. N.º 1881-2014 Lima, que admite el dolo en su modalidad eventual y la figura de la ignorancia deliberada.

— Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433, que indica que el conocimiento directo o presunto del origen ilícito de los activos permite sustentar el dolo directo o eventual y que este puede inferirse a partir de prueba pericial.

— Casación N.º 92-2017 Arequipa, que sostiene que el dolo debe abarcar el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo, incluido el delito fuente.

— Casación N.º 1723-2018 Puno, que sostiene que basta acreditar que el agente conocía o podía presumir la actividad criminal antecedente.

— R. N. N.º 1055-2018 Nacional, que refiere que el dolo puede inferirse mediante prueba indiciaria.

— Casación N.º 617-2021 Nacional, que sostiene que el autor debe conocer o inferir, según las circunstancias del caso, que las operaciones en las que interviene proceden de actividades criminales.

— R. N. N.º 150-2023 Nacional, que indica que el elemento interno trascendente del delito de lavado de activos debe ser entendido desde una perspectiva normativa.

— Exp. N.º 01175-2025-PHC/TC Lima, que sostiene que el delito fuente constituye un elemento del tipo objetivo y debe ser abarcado por el dolo del agente.

— Exp. N.º 00110-2026-PHC/TC Lima, que señala que el dolo o la intención criminal debe ser probado y no simplemente presumido.


Lima, agosto del 2026