El Especial del mes del número 147 de Actualidad Penal se titula “La terminación anticipada en el proceso penal”.
Renato Antonio Pérez Corrales aborda la reforma de la terminación anticipada introducida por la Ley N.º 32348, identificando sus principales problemas procesales y planteando alternativas interpretativas y normativas para preservar la naturaleza de esta institución. Por su parte, Evelyn Ventura Hostia estudia la participación del actor civil en el extremo de la reparación civil del acuerdo celebrado entre el Ministerio Público y el imputado, y sostiene la necesidad de un mayor control jurisdiccional que garantice una participación efectiva. Asimismo, Walter Rosmel Mattos Barron y Aleksandr Delfin Pantoja Bueno examinan la aplicación de la terminación anticipada en los delitos de corrupción de funcionarios a partir de su marco procesal, la teoría de la infracción del deber y el carácter individual y autónomo de la responsabilidad penal. Finalmente, Luis Alberto Sánchez Machaca estudia la tensión existente entre la prohibición de la bonificación por terminación anticipada en los delitos sexuales, su inaplicación judicial y la concesión automática de beneficios derivados de la responsabilidad restringida, evaluando sus repercusiones en la individualización de la pena y defendiendo un control judicial reforzado.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, María Elena Contreras González estudia el caso Adrián Villar, examinando la distinción entre culpa consciente, cuasidolo y dolo desde la teoría del delito, y destacando la necesidad de criterios normativos adicionales para determinar la imputación subjetiva. Por su parte, Anthony Wilson Quispe Calla aborda la institución de la reincidencia prevista en el artículo 46-B del Código Penal, examinando sus alcances y proponiendo ampliar los supuestos que configuran la reincidencia con base en la teoría de la prevención especial.
En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Hernan Torres Romani analiza la configuración del delito de defraudación de rentas de aduana, examinando el tratamiento jurídico de los pagos adicionales no declarados y proponiendo criterios para su incorporación en la base imponible del valor en aduana. Por otro lado, Diana Leonor Alas Rojas estudia la ciberdelincuencia organizada como una manifestación del crimen organizado, examinando su tratamiento en la legislación peruana y proponiendo criterios para fortalecer su persecución penal sin afectar las garantías constitucionales.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Fredy del Pino Huamán analiza la oportunidad procesal para constituirse en actor civil, examinando su aplicación en la acusación directa y el proceso inmediato, y destacando que la celeridad procesal no debe limitar el derecho de la víctima a una adecuada reparación civil. Por su parte, Carlos Manuel Roncal Cancino examina la regulación de la prisión preventiva y la comparecencia restringida en casos de intervención policial causante de lesión o muerte introducida por la Ley N.º 32181, proponiendo un estándar de acreditación necesario para desvirtuar la presunción de legitimidad del accionar policial en estos casos.
En el apartado de Derecho Probatorio, Elsa Maribel Pizarro Cherre examina los obstáculos de la prueba trasladada en la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, proponiendo un Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y Prueba Trasladada para mejorar su gestión y trazabilidad. Por su parte, Miguel Pérez Arroyo estudia la construcción dogmática y conceptual de las prohibiciones probatorias en el proceso penal a partir de su origen y evolución en la tradición eurocontinental y anglosajona. Asimismo, analiza su configuración en el proceso penal peruano.
En el apartado de Litigación Penal, Gustavo Martín Yactayo León distingue las funciones del alegato de apertura y de clausura en el proceso penal, destacando sus diferencias y proponiendo recomendaciones para mejorar su elaboración y exposición durante el juicio oral.
En el apartado de Política Criminal-Criminología, Abraham Abad C., revisa la literatura sobre la corrupción estatal en el Perú desde 1980 hasta la actualidad, examinando su evolución histórica y proponiendo nuevas líneas de investigación sobre la corrupción regional y los estudios culturales.
Jurisprudencia Selecta
En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno al tipo subjetivo del lavado de activos y su prueba:
— AP N.º 5-2009/CJ-116, que establece la naturaleza y fases de la terminación anticipada; delimita el control de legalidad del acuerdo; precisa que la reducción se aplica sobre la pena concreta o final; y diferencia esta institución del principio de oportunidad.
— Exp. N.º 3356-2011-43, que reconoce la posibilidad de aplicar la terminación anticipada desde la formalización de la investigación preparatoria hasta la formulación oral de la acusación en la audiencia preliminar.
— Cas. N.º 655-2015 Tumbes, que establece la obligación de notificar a todas las partes procesales, incluido el actor civil, sobre la audiencia de terminación anticipada, aun cuando esta se realice conjuntamente con la prisión preventiva.
— Exp. N.º 02862-2017-PHC/TC Junín, que señala que el juez debe controlar la motivación del Ministerio Público.
— Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal-2018, que admite la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, atendiendo a la finalidad de esta institución.
— Exp. N.º 02647-2016-PHC/TC Arequipa, que exige una manifestación de voluntad inequívoca de la conformidad del imputado con la terminación anticipada bajo sanción de nulidad del acuerdo.
— Cas. N.º 1503-2017 Tumbes, que exige la notificación oportuna de la solicitud de terminación anticipada a todas las partes procesales.
— Cas. N.º 936-2018 Ayacucho, que precisa que el control judicial de la pena no puede sustituir la voluntad de las partes en el acuerdo de terminación anticipada.
— Cas. N.º 1353-2018 Cusco, que reconoce al actor civil legitimidad para cuestionar la reparación civil acordada, pero no los aspectos relativos a la condena y la pena.
— Apelación N.º 100-2021 Corte Suprema, que admite el acuerdo de terminación anticipada parcial cuando la responsabilidad por un delito conexo puede individualizarse sin afectar la investigación.
— Apelación N.º 147-2022 Corte Suprema, que establece que la inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario permite aplicar la terminación anticipada sin comprometer la situación jurídica de los demás imputados.
— Exp. N.º 00839-2023-PHC/TC Puente Piedra-Ventanilla, que establece que el juez debe informar al imputado sobre los alcances de la terminación anticipada para garantizar una decisión libre y voluntaria.
— Cas. N.º 4219-2024 La Libertad, que establece que restringir la bonificación por terminación anticipada vulnera el derecho fundamental a la igualdad ante la ley.
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Lima, septiembre del 2026