El Estado no puede aplicar el Derecho penal —material, procesal y penitenciario— según la voluntad de los gobernantes, de los juzgadores, o la opinión pública. En consecuencia, la función punitiva del Estado no es ilimitada, por el contrario, solamente se puede ejercitar dentro de ciertos lÍmites legales que fija el modelo de Estado a través del cual se organiza la sociedad, precisamente para…