Resumen

En el presente artículo, el autor analiza la pena de muerte, a la que califica como propuesta inviable desde la perspectiva constitucional y moral. Inicia el análisis con una reseña histórica, resaltando datos empíricos sobre los países que tienen reconocido legalmente la imposición de la pena de muerte, posteriormente realiza una mirada desde nuestra evolución constitucional, pasando por las normas constitucionales de 1933, 1979 y la vigente de 1993, es así, que desde una política criminal abolicionista el autor sostiene que una sanción tan extrema como la pena de muerte solo sirve para destruir la vida de las personas y no para liberar de delitos a una sociedad que exige seguridad.

Esta idea la fundamenta sobre la base de la alarma social de criminalidad, incidiendo sobre los casos de violación sexual contra los menores; puesto que se erige como un tema de conyuntura electoral, pensando que con la rigidez de la pena de muerte se va a resolver el problema de la inseguridad, por lo que finaliza afirmando que se requiere un Estado protector de las libertades, no promotor de la destrucción de la vida, que asegure el restablecimiento de la justicia con valores solidarios el cual debe orientarse al establecimiento de estándares de derechos humanos conforme un Estado democrático de derecho.

1. Introducción

La tesis que sirve de punto de partida en el presente trabajo es que la pena de muerte es una propuesta política inviable desde la perspectiva constitucional y moral. Una peculiaridad que se advierte fácilmente es que en periodos electorales y ante el ostensible incremento de los niveles de inseguridad, siempre surge alguna corriente de opinión que pretende restablecer la permisión constitucional de la pena capital más por deseos de venganza que por la afirmación de la razón. Así, como consecuencia de la alarma social creada, sobre todo cuando se está llevando –o se va a llevar– a cabo alguna…