Resumen

Ante la comisión de ilícitos en el ámbito de las actividades de una persona jurídica o valiéndose de su organización para favorecerlos o encubrirlos, nuestro ordenamiento jurídico ha optado por la imposición de las medidas de sanción, estipuladas en el artículo 105 del Código Penal. Esta respuesta político-criminal requiere de una necesaria evaluación, a efectos de comprobar su efectividad ante las nuevas formas de criminalidad y su adecuación a los requerimientos de la sociedad actual. En ese sentido, el siguiente artículo presenta un análisis de la forma en que se vienen aplicando las mencionadas medidas, prestando especial atención a las principales falencias que se advierten y dando alternativas de solución. De esta manera, luego de la revisión casuística respectiva, se concluye que deben ser reforzados tres puntos claves en la aplicación de dicha institución: la fundamentación adecuada del “peligro instrumental”, el respeto a las garantías procesales en relación con la incorporación y actuación de la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal, y la observancia de los principios de lesividad, proporcionalidad y prevención en la determinación de la medida específica a imponerse, según el caso lo amerite.

1. Introducción

En el contexto actual, donde asistimos a una economía cada vez más globalizada y una visión de mercado mundial, resulta evidente las exigencias que entrañan las nuevas formas de criminalidad surgidas, incluyendo una respuesta estatal eficaz que se adapte a las necesidades sociales y económicas contemporáneas. Un fenómeno que aún es materia de análisis y ha suscitado diversas reacciones a nivel político-criminal, es la creciente criminalidad producida en el ámbito empresarial. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico, se ha optado por instaurar una serie de medidas de sanción, aplicables a las…