RESUMEN
La presente investigación realiza un estudio de la garantía constitucional de ser juzgado en un tiempo razonable. Producto del análisis de una vasta casuística, el autor advierte que el incumplimiento del plazo dispuesto por ley para la conclusión de la investigación acarrea como consecuencia necesaria el sobreseimiento de no ser así; los plazos se entenderían como ordenatorios, lo cual afectaría los objetivos de la celeridad procesal. A su entender, este razonamiento alentaría los propósitos de la eficacia en la administración de justicia.
1. Introducción
De modo de poder introducirnos en el tema, convendría repasar liminarmente el fenómeno casi unánime, relativo a la existencia en todas las legislaciones de derecho criminal de la limitación temporal —entre otras barreras— que el Estado tiene para perseguir penalmente a una persona cuando adjudica sobre ella la comprobación de distintos tipos de delitos. Esta pareciera ser una premisa lógica derivada de los principios básicos de seguridad jurídica, y en ello el parentesco entre la prescripción del ámbito civil y penal tendría una fuente filosófica jurídica prácticamente uniforme. Sin embargo,…