El número 27 de Actualidad Penal aborda como Especial del mesel II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, recientemente publicado en el diario oficial El Peruano. Como preámbulo al estudio central, presentamos la columna de nuestro codirector, el Dr. Pablo Talavera Elguera, quien nos brinda sus apreciaciones críticas respecto a los dos Acuerdos Plenarios Extraordinarios emitidos, los mismos que han sido sometidos a un análisis riguroso por los autores más destacados del medio, especialistas en la materia.
Como parte de nuestro especial, comentan el Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 1-2016/CIJ-116, relacionado a la agravante del delito de violencia y resistencia a la autoridad policial: tipicidad y determinación judicial de la pena, el Dr. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, quien realiza un análisis dogmático penal al tipo penal, repasa su evolución legislativa y esgrime una propuesta de interpretación normativa que cautele la legitimidad de la intervención punitiva; el Dr. Jorge B. Hugo Álvarez desarrolla los principios constitucionales de interpretación (proporcionalidad y lesividad) como parámetros indispensables para la interpretación y aplicación de esta agravante, destacando el paso dado por la Corte Suprema en aras de un derecho penal constitucionalizado; el Dr. Jelio Paredes Infanzón analiza y resalta los aspectos más relevantes del AP; Nils Salvador Esquivel destaca los valiosos aportes de la Corte Suprema en aras de una correcta interpretación de los alcances del bien jurídico, la aplicación residual del delito de violencia y resistencia a la autoridad policial, asimismo la proporcionalidad en la determinación judicial de la pena; y el Dr. Fernando Ugaz Zegarra realiza un estudio crítico del AP Extraordinario, destacando aspectos que no han sido tomados en cuenta sobre el bien jurídico protegido en el delito de violencia y resistencia a la autoridad, el principio de proporcionalidad, entre otros.
Comentan los alcances del Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2016/CIJ-116, el Dr. Alfredo Araya Vega, quien —después de explicar brevemente la evolución del proceso inmediato y su introducción en el sistema jurídico peruano— expone los principales aportes del APE respecto a la nueva estructuración y regulación de este sistema de simplificación procesal; la Dra. Mercedes Herrera Guerrero centra su análisis en los presupuestos materiales de aplicación del proceso inmediato —establecidos en el D. Leg. N.° 1194—, sin duda el tópico más relevante que desarrolla el AP; y el Dr. Elder. J. Miranda Aburto analiza la flagrancia delictiva y la incoación del proceso inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.
En la sección de Derecho penal-Parte general se presenta una investigación del Prof. Dr. Diego-Manuel Luzón Peña en la que fundamenta su postura en torno al tratamiento que se debe dispensar a los supuestos en los que la propia víctima acepta o consiente el riesgo de lesión y en los que se debate si existe o no imputación objetiva por no encajar el resultado en el fin de protección o evitación de la norma: nos referimos a los casos de favorecimiento de una autopuesta en peligro o en los de heteropuesta en peligro aceptada o consentida por la propia víctima. Con estos fines, el autor fundamenta materialmente la regla, precisa las excepciones y brinda respuestas a las observaciones realizadas a sus planteamientos por el creador de la teoría de la imputación objetiva, Claus Roxin. Del mismo modo, se presenta un artículo de la Dra. Silvia Verdugo Guzmán, en el cual dispensa el tratamiento que deben recibir los casos de violencia endógena en los deportes de contacto desde la óptica del riesgo permitido, lo cual permitirá determinar cuándo la intervención del derecho penal se encontrará habilitada. En cuanto al apartado de Derecho penal-Parte especial, se presenta un artículo del Abg. Hugo Jiménez Lizama que examina las razones por las cuales debe desestimarse la tan difundida práctica de iniciar procesos por el delito de apropiación ilícita en los casos de no pago de aportes retenidos por el empleador a sus trabajadores por concepto de AFP. De igual manera, se incluye un trabajo del maestrista Erick Saavedra Montellanos que presenta un análisis dogmático y jurisprudencial al delito de peculado, en las modalidades de apropiación y utilización. Cierra esta sección un trabajo de investigación del Prof. Dr. Eduardo Oré Sosa, que aborda los problemas concursales entre el delito de cohecho y el lavado de activos: a juicio del autor, la entrega del medio corruptor por transferencia bancaria y a través de interpósita persona constituye la ejecución material de “dar” del delito de cohecho, razón por la cual no es posible que, por estos mismos hechos, se configure el delito de lavado de activos, el cual es un delito conexo y subsecuente.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, el Prof. Dr. Percy García Cavero expone los problemas interpretativos que suscita la causal de suspensión de la prescripción recogida en el art. 339.1 del CPP y las implicancias que esta genera; la Dra. Martha Gloria Salinas Zavala se cuestiona sobre la legalidad de la prórroga del plazo de prisión preventiva, a propósito del auto en la Apelación N.° 03-2015-22, recientemente emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema; el maestrista Eiser Alexander Jiménez Coronel desarrolla algunos alcances de la prueba testimonial anónima y su inclusión legítima dentro del proceso penal; y el Dr. Francisco Celis Mendoza Ayma aborda algunas implicancias de la constitución del perjudicado en actor civil, en el seno de un proceso común. En la sección Derecho Penal Constitucional, el magistrado José Carlos Núñez Chasquero analiza la resolución A.V. N.° 09-2015-1, emitida por la Corte Suprema, donde se establece la posibilidad de observar la vigencia del principio de mínima intervención penal —en etapas previas a la sentencia— a través de la excepción de improcedencia de acción. En Derecho Penitenciario presentamos un trabajo del Dr. Manuel Gallego Díaz, profesor de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, quien luego de un breve análisis de las alternativas al sistema penitenciario propone centrar la atención en que la ejecución de la pena sea lo más humana y lo menos destructiva posible.
Respecto a la sección de Criminología/Política criminal, se presenta un trabajo del maestrista David Alan Castillo que aborda el contexto y las características del “populismo punitivo”. Con base en ello, el autor critica las aparentes “bondades” que esta tendría para combatir a la criminalidad y, al contrario, pone el acento en la promoción de iniciativas legislativas que se muestren favorables a recepcionar la opinión técnica de los especialistas.
Además del material jurisprudencial que acompaña cada sección, complementamos nuestro Especial del mes con los documentos del II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema.
Lima, setiembre del 2016