El número 30 de Actualidad Penal tiene como especial del mes La discusión en torno a las limitaciones de la aplicación de la responsabilidad restringida por la edad, a propósito del X Pleno Jurisdiccional Supremo Penal celebrado el 28 de setiembre del presente año. Precisamente, uno de los ejes de debate giró en torno a la prohibición de aplicar la responsabilidad restringida por la edad a los autores de uno de los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal.

La problemática se agudizó con la modificación producida al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal por el D. Leg. N.° 1181, el cual amplió el catálogo de delitos que excluyen la aplicación de la responsabilidad restringida por la edad. Como se conoce, la imputabilidad disminuida o restringida encuentra fundamento en la especial condición de ciertos ciudadanos que o bien no han alcanzado el pleno desarrollo psicofísico (mayor de 18, menores de 21 años), o la tienen disminuida (mayores de 65 años): por ello es que el ordenamiento jurídico penal les atenúa la pena. No obstante, en aras de combatir la inseguridad y el crimen organizado, el legislador nacional decidió excluir su aplicación cuando el agente sea integrante de una organización criminal o se trate de un delito grave recogido en el listado o su quantum de pena supere los veinticinco años de pena privativa de libertad. Ante esta paradoja, surgen las siguientes interrogantes: ¿esta restricción es compatible con los postulados que fundamentan la culpabilidad?, ¿es compatible con el principio de igualdad?, ¿esta decisión del legislador supera el test de proporcionalidad? Estas interrogantes son respondidas por cada uno de los autores que participan en nuestro Especial del mes.

El Prof. Dr. José Antonio Caro Jhon, amicus curiae ante el Pleno, considera que el dispositivo materia de debate no es compatible con los fundamentos de la responsabilidad penal restringida por la edad, ni mucho menos supera el examen de conformidad con los preceptos constitucionales. A su juicio, los órganos jurisdiccionales deben aplicar el control difuso, ante la manifiesta contravención a los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad. Por su parte, el Prof. Dr. Juan Carlos Jiménez Herrera, también amicus curiae ante el Pleno,considera que la mencionada restricción colisiona abiertamente con los fundamentos de la capacidad de culpabilidad, el principio de resocialización de la pena y los derechos fundamentales individuales de los adolescentes mayores. En cambio, el Prof. Dr. Elder J. Miranda Aburto, al revisar los antecedentes de la imputabilidad disminuida en nuestra legislación, considera que las modificaciones realizadas al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal son válidas, en tanto fueron producto de cuestiones de política criminal y tienen como objetivo el combate contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Por otro lado, Luis Arturo Bermeo Cevallos estima que las limitaciones a la aplicación de la responsabilidad restringida por la edad son una manifestación del derecho penal del enemigo y del populismo punitivo que lesionan los principios de igualdad y de culpabilidad. Cierra esta sección David César Díaz Lazo, quien si bien está de acuerdo en que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal debe ser abrogado, considera que el primer párrafo del citado artículo debe ser modificado y que se pueden introducir limitaciones a su aplicación que no colisionen con el principio de igualdad, destacando que aplicación debe ampararse en las características particulares del caso concreto y en elementos objetivos que fundamenten el déficit de imputabilidad.

En la sección de Derecho penal-Parte general, el Prof. Jorge Pérez López examina la problemática alrededor de la determinación del lugar y el momento de comisión del delito en nuestro Código Penal. El Prof. Alcides Chinchay Castillo examina las implicancias de la Casación N.° 782-2015-Del Santa. En este sentido, analiza las cuestiones generadas en torno a la participación del extraneus en los delitos especiales, la naturaleza de los acuerdos plenarios, la interpretación convencional a la definición típica del delito de enriquecimiento ilícito, entre otros aspectos relevantes. Por otro lado, el doctorando Nelson Salazar Sánchez realiza un análisis crítico a los postulados jurisprudenciales en torno a la fundamentación de los injustos penales de autoría y participación del delito de colusión ilegal. Para tales fines, inicia su examen desde la teoría de la infracción de deber, ya que considera que su punto de partida metodológico —la teoría del conocimiento idealista— ofrece una lectura adecuada y compatible con los valores constitucionales que inspiran el modelo de Estado de nuestros tiempos.

En cuanto al apartado de Derecho penal-Parte especial, el Prof. Dr. Eduardo A. Oré Sosa realiza una propuesta de interpretación, bajo el baremo del bloque de constitucionalidad, al delito de trata de personas, a propósito del Recurso de Nulidad N.° 2349-2014-Madre de Dios y de los hechos tenidos por probados en la sentencia de la Sala Superior. Por su parte, la magistrada Isabelina Román Cueto examina los alcances interpretativos del delito de terrorismo, atendiendo a los estándares nacionales e internacionales para evaluar si existe alguna imprecisión en su configuración que contravenga el principio de legalidad.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, el Prof. Roberto Carlos Reynaldi Román, analiza críticamente la práctica judicial referida a la prórroga del plazo de prisión preventiva; la magistrada Martha Gloria Salinas Zavala, analiza la procedencia de la aplicación de las medidas anticipadas, en el marco de un proceso penal donde ha sido incorporada una persona jurídica; y, la Prof.a Liza Ramos Dávila concluye que el principio de pertinencia —propio de la actividad probatoria— puede ser incluido como una pauta de la fase de investigación, con el objeto de racionalizar y tornar en eficiente el ejercicio de la persecución penal. En la sección Litigación Estratégica, el magistrado Francisco Celis Mendoza Ayma, resalta la importancia del método de la investigación científica en la construcción de una imputación concreta, sintetizado en el método de la “teoría del caso”.

En el apartado de Criminología/Política criminal, la Prof.a Dra. María Laura Böhm nos proporciona un trabajo con el cual podremos comprender el concepto y el sentido de la justicia preventiva. Para tales fines, examina los alcances de la lógica preventiva en el sistema penal, el diseño de la política criminal y la influencia en los modelos penales actuales.

Por último, como jurisprudencia sumillada incluimos un conjunto selecto de sentencias al finalizar en cada una de nuestras secciones. Veamos:

Cas. N.° 454-2014-Arequipa, que establece que el Supremo Tribunal no es competente para revisar íntegramente los recursos que impugnen la sentencia condenatoria del absuelto (doctrina jurisprudencial).

− R. N. N.° 1969-2016-Lima Norte (Caso Rony García), que desarrolla —conforme al principio de acusación— que la parte civil no tiene legitimidad procesal para asumir funciones acusatorias al margen de las disposiciones del Ministerio Público en la relación al objeto penal cuestionado.

− R. N. N.° 383-2015 Lima, que concluye que la determinación de pena tiene en cuenta las cualidades personales de cada imputado, y por tanto estas no son atribuibles a los demás intervinientes en el hecho delictivo.

− R. N. N.° 3286-2014 Madre de Dios, donde la Sala Penal Permanente decidió que la pena para el agente de delito tributario podrá ser prudencialmente reducida cuando este haya pagado tardíamente la totalidad de la deuda.

− Cas. N.° 474-2013 Tacna, donde se establece que la conducta de iniciar un procedimiento administrativo aduanero para importar mercancías restringidas cuyo resultado fue negativo, no configura el tipo penal del art. 8 de la Ley N.° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, (doctrina jurisprudencial).

− R. N. N.° 3374-2014 Lima Norte, cuya fundamentación está basada en el AP N.° 4-2006/CJ-116, el cual estableció que el solo hecho de formar parte de una agrupación configura el delito de asociación ilícita.

Finalmente, incluimos en nuestra sección de jurisprudencia relevante la Cas. N.° 33-2014-Ucayali y la Cas. N.° 825-2014-Ica, las cuales se pronuncian sobre la valoración de la declaración de un menor de edad víctima de violación sexual.

Lima, diciembre del 2016