La publicación mensual número 31 de Actualidad Penal centra su atención en las últimas modificaciones producidas por los Decretos Legislativos N.os 1243, 1244 y 1245. Estos son los primeros decretos en materia penal publicados a raíz de las facultades legislativas que el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo vía Ley N.° 30506 del 9 de octubre del 2016.

El Decreto Legislativo N.° 1243, Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, es analizado por Jearsineo Ray Yarlequé Montero, quien brinda mayores alcances de las modificaciones producidas, así como la de la inhabilitación permanente de funcionarios, mal llamada “muerte civil”.

El Decreto Legislativo N.° 1244, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, es examinado por el Prof. Marcial Eloy Páucar Chappa, quien centra su atención en la nueva estructura típica del delito de organización criminal y los alcances del recientemente incorporado delito de banda criminal. Por su parte, el Prof. Iván Pedro Guevara Vásquez hace un estudio dogmático sobre los delitos de organización criminal, de banda criminal y de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, y brinda alternativas de solución a algunos problemas que la publicación de este decreto legislativo puede traer. Por su parte, el magistrado Miguel Toyohama Arakaki analiza dogmáticamente al delito de organización criminal.

El Decreto Legislativo N.° 1245, Decreto Legislativo que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad de la infraestructura de hidrocarburos, es puesto bajo examen por el Prof. Alonso R. Peña Cabrera Freyre, quien estudia las modificaciones en los delitos patrimoniales, bajo la óptica político-criminal y dogmática.

En la sección de Derecho penal-Parte general, el Prof. Dr. Javier de Vicente Remesal nos explica los presupuestos, la naturaleza y los alcances de la pena de inhabilitación profesional, con una especial referencia a la inhabilitación profesional médica regulada en el Código Penal español. Por otro lado, el Prof. Víctor Jimmy Arbulú Martínez realiza una revisión a los diversos modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación y jurisprudencia comparada a fin de realizar una comparación con nuestro ordenamiento penal y proponer su extensión a los delitos ambientales. Cierra esta sección, el magistrado Manuel Arrieta Ramírez, quien analiza el Acuerdo Plenario N.° 3-2012/CJ-116, reflexionando acerca de la posibilidad de la conversión de pena con posterioridad a la sentencia.

En cuanto al apartado de Derecho penal-Parte especial, Astrid Carolina López Ruiz revisa los alcances del principio de fragmentariedad en la interpretación al tipo penal de contaminación ambiental. Por otro lado, el magistrado Esteban Rafael Zafra Guerra analiza la actual redacción del delito de defraudación tributaria. Concluimos esta sección con un trabajo de José Antonio Arbulú Ramírez, quien examina dogmáticamente los alcances del delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, el Prof. César Alejandro Franco Gonzales propone extender los beneficios de la confesión sincera a los casos de flagrancia presunta, con el objeto de darle mayor eficacia y dinámica al proceso inmediato; asimismo, el magíster Martín Miguel García Ongaro expone algunos problemas de la inmediación judicial en los casos de prueba anticipada. En la sección Derecho Constitucional, Katia Espinoza Carrión expone sobre el estado de la implementación de acciones para la persecución de crímenes internacionales en el Perú. Concluye esta sección la profesora Betty S. Huarcaya Ramos, quien analiza los alcances del principio de lesividad y mínima intervención en un Estado constitucional de derecho.

En el apartado de Criminología/Política criminal, el Prof. Luis Miguel Reyna Alfaro nos ilustra acerca de algunas prácticas de la justicia penal del incario y la similitud que guarda su fundamentación con varias de las instituciones penales de la modernidad. Cierra esta sección un trabajo de investigación del criminólogo mexicano Julio César García Luna y el Prof. Daniel Ernesto Peña Labrin, quienes nos brindan algunos alcances acerca del grado de desarrollo en Latinoamérica de la ciberciminología, especialidad de la criminología encargada de estudiar la delincuencia y las conductas antisociales en el ciberespacio y las consecuencias que esta trae para la vida offline.

Como jurisprudencia sumillada incluimos un conjunto selecto de sentencias al finalizar en cada una de nuestras secciones. Veamos:

Derecho penal-Parte general

− Cas. N.° 842-2015-Lambayeque, que desarrolla el alcance que tiene la instigación a una pluralidad de personas.

− R. N. N.º 3084-2015-Lima Norte que constituye como doctrina jurisprudencial el cómputo de la pena en un concurso real retrospectivo;

Derecho penal-Parte especial

− Cas. N.° 738-2014-Cajamarca, en la que se establecen como doctrina jurisprudencial los criterios para la configuración de la agravante del artículo 297.3 del CP, respecto de la conducta que debe ejercer el profesional de la salud.

− R. N. N.° 1108-2014-Huancavelica, que desarrolla la diferencia entre el delito de tráfico de influencias y el delito de cohecho pasivo propio.

Derecho procesal penal

− Cas. N.° 854-2015-Ica, que fija como doctrina jurisprudencial los criterios para admitir la prueba testimonial ya rendida en juicio de primera instancia.

− Apelación N.° 16-2015-Lambayeque, que hace referencia al análisis de la estructura racional del discurso valorativo mediante el examen de la prueba testimonial, de tal forma que censura los fundamentos que resultan ilógicos, irracionales, absurdos, o arbitrarios.

Derecho penal constitucional

− STC Exp. N.° 01050-2014-PHC/TC-Santa, donde el TC se ocupa del análisis de la vulneración del derecho a la debida motivación del auto de apertura de instrucción.

Por último, se expone un cuadro comparativo con las últimas modificaciones e incorporaciones realizadas en materia penal durante los meses de diciembre y enero al amparo de la Ley N.° 30506.

Lima, enero del 2017