El número 32 de Actualidad Penal centra su atención en las últimas modificaciones a la legislación del delito lavado de activos producidas por el Decreto Legislativo N.° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo, publicado a raíz de las facultades legislativas que el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo.
Al respecto, la Prof.a Dra. Juana del-Carpio-Delgado realiza unos breves comentarios a la reforma, resaltando la completa desnaturalización de la modalidad de ocultamiento y tendencia del lavado de activos que la transforma en una “nueva” figura penal que recuerda al enriquecimiento ilícito de particulares o la posesión injustificada de bienes. Así mismo, da cuenta de algunos problemas que surgirán a partir de este nuevo dispositivo, como algunos conflictos concursales con el delito de receptación y la afectación a los principios de proporcionalidad y de ne bis in idem. Por su parte, el Dr. Fidel Mendoza Llamacponcca analiza las modificaciones realizadas a los tipos básicos, en las modalidades de ocultamiento y tenencia, y transporte o traslado. De igual forma, analiza las modificaciones realizadas al artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 1249, las cuales, a su juicio, no varían la ausencia de autonomía sustantiva de este delito. Cierra nuestra sección, Ronal Hancco Lloclle quien advierte de los peligros de algunas modificaciones en la modalidad de ocultamiento y tenencia de lavado de activos, y de la falta de uniformidad dogmática en la tipicidad subjetiva de las modalidades, en general, de este delito.
En la sección de Derecho penal-Parte general, el Prof.a Dra. Mercedes Herrera Guerrero evalúa a la prevención general, en sus vertientes positiva y negativa, como una teoría normativa de trascendente importancia al momento de determinar judicialmente la pena. Jorge B. Hugo Álvarez revisa los fundamentos del principio de inaplicabilidad de la ley penal por analogía y explica algunas de sus principales repercusiones, como la diferenciación en la analogía y la interpretación analógica, y el principio no hay delitos sin tipicidad cierta. En tanto que Juan Jimenez Ruidias analiza los fundamentos constitucionales de la pena dentro de un Estado democrático de derecho y sus repercusiones en la construcción del principio de culpabilidad.
En cuanto al apartado de Derecho penal-Parte especial, Carlos Francisco Raúl Zavaleta Barrera realiza un estudio dogmático al delito de acceso carnal sexual contra menor de edad. Para tales fines, recurre a la jurisprudencia nacional y se apoya en las conclusiones de la psiquiatría y la psicología para evaluar algunas categorías como la imputabilidad y las medidas de seguridad. Cierra esta sección el trabajo del Prof. Dr. Edison Carrasco Jiménez, quien examina al delito de financiamiento del terrorismo en el Perú, interpretando sus alcances de forma sistemática con el marco normativo internacional y comparando algunos de sus aspectos con la legislación chilena.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, el magistrado Nils Ericson Salvador Esquivel realiza un breve estudio comparativo del proceso de terminación anticipada, entre los sistemas adoptados por nuestro país e Italia; y, el Prof. Gustavo A. Arocena, analiza la legitimación de la función judicial. En la sección Litigación Estratégica, los abogados Francisco Celis Mendoza Ayma y Evelin Mendoza Ayma, desarrollan algunas implicancias de las denominadas “falacias no formales”. Y en la sección Derecho Constitucional, Jorge Isaac Torres Manrique expone algunos alcances de la aplicación de la justicia restaurativa, en la persecución de crímenes internacionales.
Como apartado especial, tenemos el grato honor de presentar el Laudatio Dissertatio, a cargo del Prof. Dr. Dr. H. C. José F. Palomino Manchego, a propósito de la incorporación del Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo (catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, España, y miembro de nuestro Consejo Editorial Internacional) como Doctor Honoris Causa en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; así como la Lectio Doctoralis: “Claus Roxin y la llamada autoría mediata por utilización de aparatos organizados de poder”, a cargo del mencionado homenajeado profesor español.
Como jurisprudencia sumillada incluimos un conjunto de sentencias que destacan en cada una de nuestras secciones:
Derecho penal-Parte general
− Cas. N.° 134-2015-Ucayali, establece como doctrina jurisprudencial, las situaciones en que se atribuye responsabilidad penal a la persona natural, socio o representante de la persona jurídica en aplicación del art. 27 del CP.
Derecho penal-Parte especial
− R. N. N.° 2868-2014-Lima, que desarrolla los requisitos para acreditar la procedencia delictiva del delito de lavado de activos.
Derecho procesal penal
− Cas. N.° 706-2016-Apurimac, que versa sobre la imposibilidad de solicitar la prórroga o ampliación de la prisión preventiva cuando ha culminado el plazo primigenio otorgado, pese a que este sea menor o igual al establecido por el art. 272 del CPP.
Derecho penal constitucional
− STC Exp. N.° 02738-2014-PHC/TC-Ica. El TC considera que el uso del sistema de videoconferencia en el proceso penal es compatible con el principio de inmediación pero debe emplearse como medida excepcional, siempre y cuando no impida la interacción directa, personal y cercana de un medio probatorio que tenga directa incidencia con los hechos declarados por el procesado.
Finalmente, como Jurisprudencia relevante, presentamos tres pronunciamientos de la Corte Suprema, relacionados con la responsabilidad penal en el delito de tráfico ilícito de drogas: 1. R. N.o 2255-2015, que se ocupa del principio de imputación necesaria y la prueba indiciaria; 2. R. N.o 1996-2014, que analiza el rol que cumple un transportista en el favorecimiento del TID; y 3. R.N.o 3334-2014, que explica la responsabilidad penal que tiene el administrador de una parcela agrícola en un caso de TID.
Lima, febrero del 2017.