Resumen
El autor resuelve el problema hermenéutico generado a raíz de la publicación de la ejecutoria vinculante recaída en el Recurso de Nulidad N.° 3864-2013-Junín —el cual establece la graduación de la pena de inhabilitación en proporción a la pena privativa de libertad— y la modificación producida por la Ley N.° 29758 al artículo 426 del Código Penal —la cual determina que la pena de inhabilitación sea de igual duración que la pena privativa de libertad—. A su juicio, el especial tratamiento que recibe la pena de inhabilitación derivada de la comisión de delitos contra la administración pública se encuentra justificada de acuerdo a los fines político-criminales que procuran su correcto funcionamiento y un combate eficaz contra la corrupción.
Palabras clave: Administración pública / Determinación judicial de la pena / Inhabilitación / Pena conjunta
Recibido: 03-01-17
Aprobado: 08-03-17
Publicado en línea: 03-04-17
ABSTRACT
The author solves the hermeneutic problem generated as a result of the publication of the binding enforceable judgment relapsed in the Appeal for Annulment No. 3864-2013-Junín - which establishes that the graduation of the penalty of disqualification is in proportion with the penalty of imprisonment - and the modification produced by the Law No. 29758 to Article 426 of the Penal Code - which determines that the penalty of disqualification is of the same duration than the penalty of imprisonment. In his view, the special treatment received by the penalty of disqualification derived by the commission of offences against the public administration is justified according to the criminal policy purposes that guarantee its correct functioning and an effective fight against corruption.
Keywords: Public administration / Judicial determination of the penalty / Disqualification / Joint penalty
Title: Application of the penalty of disqualification in offenses committed by public servants or officials.
1. Introducción
Uno de los problemas que debilita al Estado y determina el deficiente funcionamiento de la administración pública es, sin lugar a dudas, la corrupción. Por ello, la aplicación de diversas medidas para prevenir y luchar contra sus efectos es un tema muy importante dentro de la agenda del sistema de justicia. Una manera de cautelar la buena marcha de la administración pública es, precisamente, aplicar la pena de inhabilitación como pena conjunta, al haber infringido los imputados un deber especial ligado o derivado de la función que ejercían en la administración pública, advirtiéndose la…