El número 33 de Actualidad Penal centra su atención en las últimas modificaciones producidas por los Decretos Legislativos N.os 1298, 1307 y 1352, publicados a raíz de las facultades legislativas que el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo vía Ley N.° 30506 del 9 de octubre del 2016.
El Decreto Legislativo N.° 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, es analizado por el Prof. Justo Balmaceda Quirós, quien nos acerca al contexto en el que se emitió la Ley N.° 30424, resaltando los aspectos relevantes del proceso de su elaboración, contenido y modificaciones; y por los abogados Walter Palomino Ramírez y Cecilia Madrid Valerio, quienes exponen de manera general los alcances de la Ley N.° 30424, y sus recientes adiciones realizadas por el D. Leg. N.° 1352.
El Decreto Legislativo N.° 1298, Decreto Legislativo que modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia, es analizado por el Prof. Francisco Celis Mendoza Ayma, quien subraya la necesidad de una adecuada aplicación de la audiencia del control de la legalidad de la detención en casos de flagrancia.
El Decreto Legislativo N.° 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, es analizado por el Prof. Iván Pedro Guevara Vásquez, quien reflexiona sobre el íntegro de las modificaciones introducidas por esta norma.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, el magistrado Guido Castillo Lira aborda la problemática nacida a raíz de la publicación de la ejecutoria vinculante recaída en el Recurso de Nulidad N.° 3864-2013-Junín, que establece la graduación de la pena de inhabilitación en proporción a la pena privativa de libertad, y la modificación producida por la Ley N.° 29758 al artículo 426 del Código Penal, que determina que la pena de inhabilitación sea de igual duración a la pena privativa de libertad. Por su parte, el abogado Augusto Fernando Gallegos Mejía revisa los orígenes y los fundamentos del delito continuado, buscando determinar cuáles fueron las motivaciones de su inclusión en nuestra legislación nacional.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, el Prof. Alonso R. Peña Cabrera Freyre estudia al fenómeno de la criminalidad organizada, desarrollando para ello sus orígenes, su relación con la globalización, los principales instrumentos internacionales y la legislación nacional para combatirla: especialmente se dedica al análisis de las modificaciones producidas por el Decreto Legislativo N.° 1244 a la estructura típica del delito de organización criminal y la introducción del tipo penal de banda criminal. Esta sección culmina con un trabajo del Prof. César Alejandro Franco Gonzales dedicado al estudio del tipo penal de atentado a la integridad de sistemas informáticos. En este sentido, interpreta sistemáticamente a la norma penal, recurre a la legislación comparada y la doctrina extranjera, detecta algunas falencias, y sugiere algunas alternativas de solución y recomienda un texto alternativo.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, el Prof. Alfredo Araya Vega analiza las actuaciones policiales en los casos de flagrancia delictiva, sugiriendo un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades policiales de intervención; el magistrado Carmelo García Calizaya expone algunos alcances sobre la configuración de un delito flagrante; y, el magistrado Esteban Rafael Zafra Guerra centra su análisis en los supuestos por los cuales el fiscal, de manera obligatoria, tendrá que incoar el proceso inmediato.
En la sección Derecho Penal Constitucional, el Prof. Jorge B. Hugo Álvarez estudia el principio de la dignidad humana como fundamento de la ley penal y límite a las penas indeterminadas o desproporcionadas; y, la abogada Fiorella Janeth Félix Acosta desarrolla los conceptos del antejuicio político y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria como condiciones de procedibilidad para ejercer la acción penal en el marco de un proceso penal que se sigue contra los altos funcionarios. En el apartado de Derecho Penitenciario, el Prof. Julio Fernández García analiza los principios inspiradores de la potestad disciplinaria penitenciaria, desde la legalidad y la jurisprudencia española.
En el apartado de Criminología/Política Criminal, el magistrado Edwin Wilber Castillo Gonzáles identifica una serie de prácticas que ponen en tela de juicio el papel constitucionalmente asignado a los partidos políticos. De este modo, nos expone una serie de razones que sustentan y legitiman la intervención penal en el control del origen, uso y destino de los fondos y aportes a los partidos políticos.
Como jurisprudencia sumillada incluimos un conjunto selecto de sentencias al finalizar en cada una de nuestras secciones:
Derecho Penal-Parte General
− Cas. N.° 131-2014 Arequipa, que establece como doctrina jurisprudencial la imposibilidad de dejar sin efecto una resolución que revoca la pena privativa de libertad suspendida para convertirla en efectiva.
− R. N. N.° 1523-2016 Ayacucho, que fija como precedente vinculante que ante la inobservancia de las reglas del concurso retrospectivo puede proceder el inicio de un procedimiento incidental de ejecución de acumulación.
Derecho Penal-Parte Especial
− Cas. N.° 506-2013 Puno, donde se analiza los alcances normativos del delito de peculado doloso con respecto a la existencia de una relación funcional entre el agente y los bienes o caudales objeto de apropiación.
− R. N. N. ° 960-2015 Arequipa, que desarrolla la importancia que tiene la insolvencia patrimonial simulada o provocada en el delito de defraudación tributaria para la configuración del art. 4.b de la Ley de Delitos Tributarios.
Derecho Procesal Penal
− R. N. N.° 3303-2015 Lima, que versa sobre la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima es un menor de edad, tomando en cuenta el Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ- 116.
− R. N. N. ° 152-2015 Junín, donde se desarrolla la insuficiencia que resulta de la unión entre los indicios móvil y de mala justificación para acreditar el hecho delictivo que se le atribuyó al imputado.
Derecho Penal Constitucional
− Cas. N.° 222-2012 Arequipa, que realiza una aclaración sobre los alcances del principio acusatorio y su directa relación con la atribución que tiene el Ministerio Público en ejercer la acción penal en base al Acuerdo Plenario 2-2009/CJ-116 y el art. 158 de la Constitución.
Jurisprudencia Relevante
Finalmente, las Cas. N.° 423-2014 Puno y Cas. N.° 540-2015 Puno se pronuncian sobre el decomiso como la figura jurídica accesoria de gran importancia en el nuevo Código Procesal Penal. El primero trata sobre la posible ejecución de esta luego del dictamen de una sentencia absolutoria y el segundo, sobre su ejecución previa acreditación de la vinculación objetiva del propietario o tercero civil con el delito investigado.
Lima, marzo del 2017