El Especial del mes del número 35 de Actualidad Penal titula “Comentarios al D. Leg. N.° 1323: violencia de género, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”.
Al respecto, cabe recordar que la publicación del Decreto Legislativo N.° 1323 generó mucha polémica en torno a la legitimidad de su contenido. Por un lado, se encontraban quienes defendían su legitimidad y saludaban el mejoramiento del ordenamiento jurídico penal en temas de violencia de género, que afecta no solo a la mujer y los integrantes del grupo familiar, sino a las personas de la diversidad sexual. Por otro lado, los que cuestionaron su legitimidad, argumentaron que el concepto de violencia de género es solo contra las mujeres, que los problemas de violencia contra los miembros de la comunidad LGTBIQ no es un problema de seguridad ciudadana y que el Congreso no se encontraba legitimado para legislador sobre los llamados “crímenes de odio”.
En el marco de este intenso debate, el 4 de mayo del 2016, el Congreso de la República, en su 9.a Sesión Matinal, decidió aprobar el Proyecto de Ley N.° 1319/2016-CR, el cual deroga el art. 1 del Decreto Legislativo N.° 1323. Nuestro Parlamento decidió derogar las modificaciones al literal “d” del numeral 2 del artículo 46 (circunstancias agravantes genéricas por móviles de intolerancia o discriminación) y al artículo 323 (discriminación e incitación a la discriminación) del Código Penal, además de restituir la vigencia de los dispositivos (de dichos artículos) anteriores a la publicación del Decreto Legislativo N.° 1323. No obstante, decidió mantener las modificaciones a los artículos 108-B (agravantes al delito de feminicidio), 121 (lesiones graves), 121-B (lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar), 122 (lesiones leves), 124-B (daño psíquico y afectación psicológica, cognitiva o conductual), 168 (atentado contra la libertad de trabajo y asociación), 208 (excusa absolutoria y exención de pena en delitos patrimoniales) y 442 (maltrato-falta), y las incorporaciones al Código Penal de los artículos 122-B (agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar), 153-B (explotación sexual), 153-C (esclavitud y otras formas de explotación) y 168-B (trabajo forzoso).
Esta es la razón por el cual consideramos que este tema no puede escapar del debate académico nacional y, por ello, convocamos a diversos especialistas en la materia, a fin de que nos expongan y fundamenten sus puntos de vista.
En nuestro Especial del mes, la Prof.a Norma Fuller, desde un análisis global, expone las diferentes posiciones en torno a los conceptos de “identidad de género”. A decir de la autora, a pesar de ser una recomendación de instancias internacionales de derechos humanos en lo referente a temas de derechos humanos de las mujeres y el combate a la violencia de género, la adopción del concepto en debate y su ampliación a otras categorías (como la población LGBTI) ha ocasionado una guerra cultural de la que este debate es una expresión. La Prof.a Mercedes Herrera Guerrero sustenta las razones por las cuales el Poder Ejecutivo no se encontraba autorizado para realizar una interpretación extensiva del concepto de género, el cual, desde su punto de vista, excedía el alcance de las facultades delegadas por el Congreso de la República. El Prof. Iván Pedro Guevara Vásquez, además de analizar el sentido jurídico de la orientación sexual y la identidad de género y el debate en torno a ellos, analiza las modificaciones y la incorporación de los tipos penales que no fueron objeto de cuestionamiento. La Prof.a Beatriz Ramírez Huaroto analiza cada una de las reformas, modificaciones e incorporaciones producidas por el Decreto Legislativo N.° 1323, para luego examinar y rebatir cada uno de los argumentos esgrimidos por la Comisión de Constitución del Congreso para derogar parcialmente dicho dispositivo. Por último, la abogada Clea Guerra Romero, especialista en temas de género, después de revisar cada una de las modificaciones e incorporaciones al Código Penal, concluye que la decisión modificatoria del Poder Legislativo continúa restringiendo el acceso a la justicia de un sector de la población.
En la sección de Derecho penal-Parte general, el Prof. Jorge Pérez López analiza los alcances Decreto Legislativo N.° 1243 y nos explica en qué consiste la pena de inhabilitación perpetua o permanente —también denominada “muerte civil”— para los delitos cometidos contra la administración pública, su procedimiento de revisión y la creación del Registro Único de Condenados Inhabilitados. Por su parte, el magistrado Eiser Alexander Jiménez Coronel examina los postulados de la teoría del derecho penal del enemigo y cómo, desde una argumentación utilitarista, puede encontrarse el sustento para combatir la criminalidad organizada.
En cuanto al apartado de Derecho penal-Parte especial, el magistrado David. A. Alan Castillo expone su propuesta para que los delitos de corrupción de funcionarios sean criminalizados y calificados como delitos de lesa humanidad. De igual forma, se presenta el trabajo del abogado Alexander Gonzales Orbegoso, quien examina críticamente los alcances de la Casación N.° 841-2015-Ayacucho, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: las premisas de que los defectos administrativos en el marco de una contratación estatal por situación de emergencia son subsanables y que el tercero interviniente no responde ni como cómplice ni como instigador del delito de negociación incompatible.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, los abogados Bruno Alonso Samuel Tapia Cornejo, Jackeline Kristell Rosas Uribe, Antony José Díaz Hernández, se cuestionan si la condena del absuelto vulnera el derecho a la doble instancia, específicamente, el derecho a recurrir, para luego formular una interesante solución al respecto; la defensora pública Celia G. Delgado (Argentina), expone algunas de las implicancias
del proceso abreviado o juicio abreviado en la legislación argentina (sistema republicano y federal), concluyendo que se trata de un valioso mecanismo alternativo al juicio en la medida que no se inscriba en las lógicas distorsivas y abusivas, y se enmarque como practica respetuosa del debido proceso legal como garantía compleja que opera a favor del sometido a proceso; y el abogado José Carlos Nuñez Chasquero, analiza la naturaleza jurídica de la investigación parlamentaria, su importancia por su rol de control político de la administración pública, sus facultades y sus limitaciones para cumplir con sus funciones, específicamente sus compatibilidades e incompatibilidades con la investigación fiscal a cargo del Ministerio Público..
En el apartado Derecho Penal Constitucional, la Prof.a Jacqueline Sarmiento Rojas, destaca los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, en contraposición con la estigmatización de la que son objeto por parte de la sociedad y por el propio Estado, el cual no obstante de haber suscrito importantes tratados en materia de derechos humanos sobre la infancia, muchas veces pretende desconocer sus compromisos internacionales.
En la sección Derecho Penitenciario, presentamos un interesante trabajo de Auriney Brito (Brasil), quien concibe necesario y urgente aplicar a la realidad criminológica y penitenciaria la idea de cooperación presente en el “dilema del prisionero”; pues, a su entender, esta concepción de cooperación revela dónde están los errores del sistema legislativo y judicial, especialmente en lo que concierne al tratamiento dispensado al preso, por parte del Estado y también por la sociedad.
En el apartado de Criminología/Política criminal, las doctoras Silvia Verdugo Guzmán y Elena Atienza Macías (Españ) nos informan del estado de la cuestión en torno al bien jurídico protegido por medio de la punición de las conductas de distribución de sustancias y métodos dopantes en el deporte.
Como jurisprudencia sumillada incluimos al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema, sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal-General
- R. N. N.° 2830-2015-Lima Sur, donde se analiza la proporcionalidad de la sanción respecto a un hecho delictivo concreto, se deja establecido que al momento de la imposición judicial de la pena rige la función de retribución.
- R. N. N.° 1384-2015-Ica, que indica que no es amparable la sustitución de una pena cuando no se haya emitido una ley o una modificación legislativa que sea más favorable al reo.
Derecho Penal-Especial
- R. N. N.° 2504-2015-Lima, que establece como precedente vinculante los criterios para establecer la tipicidad del engaño en el delito de estafa.
- R. N. N.° 1881-2014-Lima, que señala que para la tipificación del delito de lavado de activos no es necesario que se expida una condena de delito previo, pues la ausencia de tal requisito es justificada desde una perspectiva criminal.
Derecho Procesal Penal
- Cas. N.° 692-2016-Lima Norte, donde se señala que la configuración de la flagrancia exige que se acrediten los hechos por prueba directa. Especificándose, también, que para la calificación de la flagrancia se debe asumir exclusivamente todo aquello que constaba en determinados momentos procesales.
- Exp. N.° 100-2010-0, que desarrolla doctrinalmente la importancia del instituto de la preclusión como un medio ordenador y organizador del contradictorio en el proceso penal.
Derecho Constitucional Penal
− STC N.° 07982-2013-PHC/TC, donde el Tribunal Constitucional exponen algunos alcances sobre el principio-derecho a no ser condenado en ausencia.
− STC N.° 07039-2015-PHC/TC, donde se reitera que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía, per se, no implica una violación al debido proceso y el derecho de defensa.
Jurisprudencia Relevante
Presentamos la Cas. N.o 458-2015-Cajamarca (caso Máxima Acuña), emitido por la Sala Penal Permanente. La Sala declara como doctrina jurisprudencial los considerandos: séptimo, octavo, noveno, décimo segundo, décimo cuarto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo de los fundamentos de derecho sobre el motivo casacional, esto es, la presunta vulneración del juez imparcial, los criterios para la admisión de nueva pruebas en segunda instancia y la interpretación del art. 202.2 del CP.
Lima, mayo del 2017