El Especial del mes del número 36 de Actualidad Penal setitula “Reforma Constitucional: La ampliación del plazo de detención policial por flagrancia”.
Comentan nuestro Especial del mes, el Prof. Lorenzo M. Bujosa Vadell, catedrático de Derecho Procesalen la Universidad de Salamanca (España), quien analiza críticamente la reciente reforma operada en el art. 2.24.f., de la Constitución Política del Perú, que concluye que el plazo de veinticuatro horas de la detención policial que se establecía era más que suficiente, y que si bien, la ampliación a cuarenta y ocho horas puede estar justificada en fallas del servicio por acumulación de trabajo en la policía, las consecuencias de tales problemas materiales no deberían recaer en una limitación del derecho fundamental a la libertad mayor de lo debido; y el Dr. Salvador Ruiz Ortiz, doctor en Derecho por la Universidad de Murcia (España) y miembro de la Sociedad Española de Criminología (SECRIM), quien desarrolla de manera crítica los principales aspectos del plazo de la detención policial en España, destacando que en este país se establece un máximo temporal genérico de detención policial un plazo de setenta y dos horas, y que si bien este límite se encuentra refrendado constitucionalmente, no posee una regulación reglamentaria, por lo que es llevado a cabo sin suficiente respaldo legal.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, el magistrado Alonso R. Peña Cabrera Freyre, fiscal superior y jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, analiza los fundamentos político-criminales, el marco normativo de referencia y los alcances de las modificaciones realizadas a través del D. Leg. N.° 1243, el cual amplía el plazo de duración de la penas de inhabilitación principal, incorpora la inhabilitación perpetua para delitos cometidos contra la administración pública y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados; y, el magister Teodorico Claudio Cristóbal Támara, presidente del Círculo de Estudios Ius Et Praxis de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, examina los alcances de la Casación N.º 842-2015-Lambayeque, expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a los fundamentos de la cosa juzgada y de la instigación en masa.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, el Prof. Eduardo Oré Sosa, doctor por la Universidad de Salamanca (España), reflexiona en torno a la problemática producida por la derogación del delito de falsedad ideológica cometida por particular en el derecho español; y el magister Hugo Favián Apaza Mamani, especialista en Derecho Penal Económico y Empresario por la Universidad de Castilla la Mancha de Toledo (España), analiza la armonización del actual y vigente del artículo 2 de la Ley de Lavado de Activos frente a la normativa internacional que informa la represión de tal fenómeno delictivo transnacional.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, el Prof. Manuel Miranda Estrampes, catedrático en la Universidad de Barcelona (España) y fiscal ante el Tribunal Constitucional español, después de revisar distintos sistemas jurídicos y confirmar que en un alto porcentaje de casos la prisión preventiva sigue utilizándose en la práctica como pena anticipada, nos recalca que la excepcionalidad de esta mencionada es un mandato dirigido no solo al legislador, sino, especialmente, a los fiscales y a los jueces. Por su parte, Liza Ramos Dávila, profesora de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur, y la abogada Silvia Palomino de la Cruz, socia del Estudio Ramos Dávila Consultores & Abogados, analizan cada uno de los fundamentos jurídicos, declarados precedentes vinculantes, de la Casación N.° 626-2013, la misma que a su parecer establece buenas prácticas en la audiencia de prisión preventiva; además, Jhonny Carlos García Aquino, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza los aspectos más resaltantes del Acuerdo Plenario N.º 4-2015/CIJ-116 como son los criterios de valoración de la prueba pericial por parte del órgano jurisdiccional; y el magistrado Cristian Cavero, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ica-Cañete, realiza una revisión crítica de algunos puntos trascendentales que resaltan en la incautación y su respectiva confirmatoria judicial, en el marco de la Ley N.° 30077.
En la sección Litigación Estratégica, el Prof. Iván Pedro Guevara Vásquez, docente asociado de la Academia de la Magistratura, reflexiona sobre la función de la Procuraduría Pública en el sistema acusatorio garantista, centrando su atención en las estrategias de litigación oral aplicadas como parte en el procesal penal cuyo principal objeto es la defensa de los intereses del Estado.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, el magistrado Roberto Carlos Reynaldi Román, profesor en la Academia de la Magistratura y Fiscal adjunto en la Fiscalía Superior Penal de Arequipa, se ocupa del principio de no autoincriminación, resaltando críticamente las dos posiciones abiertamente contradictorias asumidas al respecto por nuestra Corte Suprema —en el sentido de considerar o no como parte de su contenido la realización de actos ilícitos—; para luego centrar su atención en las implicancias del referido principio respecto a la lectura de la declaración previa del acusado silente.
Como jurisprudencia sumillada incluimos al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal-General
- R. N. N.° 2403-2015-Puno, que versa sobre la posición de garante del sujeto activo en el delito de comisión por omisión.
Derecho Penal-Especial
− Cas. N.° 23-2016-Ica, que analiza algunas implicancias del delito de negociación incompatible cuando se presenta defectos administrativos en un proceso de exoneración y contratación en situación de emergencia. Desarrolla el método necesario de valoración de la prueba para demostrar el peligro cómo causa de declaración de situación de emergencia (doctrina jurisprudencial).
Derecho Procesal Penal
- Cas. N.° 499-2014-Arequipa, que desarrolla la condena del absuelto en base de una serie de pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema.
− Exp. N.° 00004-2015-41-5001-JR-PE-01, donde se concluye que la restricción prevista en el art. 84.4 del CPP —de no permitir a los abogados defensores participar en las declaraciones de todos los imputados— no afecta en nada el derecho de defensa del investigado.
Jurisprudencia relevante
Presentamos tres pronunciamientos de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Colegiado A con respecto a la adecuación y prolongación de prisión preventiva en el marco del D. Leg. N.° 1307 —decreto que modifica el CPP para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada—.
Para concluir nuestro tercer año de publicación —y atendiendo a nuestro propósito fundamental de brindar el mejor contenido a nuestros lectores— les ofrecemos un índice acumulativo de todos los autores y temas que se han publicado en estos últimos 12 números (2016-2017), lo cual les facilitará la búsqueda de información. Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, junio del 2017