El Especial del mes del número 37 de Actualidad Penal se titula “Precedente vinculante sobre el delito de estafa: comentarios del R. N. N.º 2504-2015-Lima”; además, presentamos la Columna de nuestro director Percy García Cavero, profesor de la Universidad de Piura.
Comentan nuestro Especial del mes, el Dr. Elder. J. Miranda Aburto, docente en la Universidad Nacional Federico Villareral, Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad Cesar Vallejo, entre otras, quien concluye que la posición asumida por la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad N.° 2504-2015-Lima, es la correcta, pues los avances de las relaciones contractuales, bajo la óptica de la imputación objetiva, exigen a las personas tomar las diligencias debidas para no ser engañadas, es decir, para no falsear la realidad; y Ana Lucía Heredia Muñoz, Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, quien muestra su conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema, en la medida que considera también que en el delito de estafa, no todo engaño per se tiene la entidad de crear un riesgo típicamente relevante, y que por tanto, no todo engaño puede dar lugar a la comisión del ilícito mencionado.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, el Prof. Carlos Mir Puig, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (España), analiza la denominada “custodia de seguridad” en el ordenamiento español, concluyendo que esta institución no es necesaria en dicho ordenamiento, en atención al principio de proporcionalidad y a la existencia de la medida de libertad vigilada, aplicable al delincuente imputable que resulte peligroso tras el cumplimiento de su condena de prisión; y, el magistrado Alfredo Araya Vega, juez del Tribunal Penal de Flagrancias de San José (Costa Rica), analiza los delitos omisivos, la posición de garante y su constitucionalidad en el ordenamiento jurídico costarricense, centrando su análisis en aspectos sustanciales como la comisión por omisión, la estructura de los delitos omisivos, las teorías sobre la posición de garante, entre otros.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Hugo Jiménez Lizama, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, se propone a establecer si al delito de malversación de fondos, previsto y sancionado en el art. 389 del CP, legalmente, le corresponde aplicar la figura de la duplica del plazo de prescripción de la acción penal (art. 80 del CP), o, si, por el contrario, se debe optar por su no aplicación y recurrir a la aplicación de la prescripción extraordinaria (art. 83 CP); el magistrado Wilfredo Casas Ramírez, Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Lambayeque, Perú), desarrolla algunos aspectos trascendentes sobre la denominada “criminalidad organizada”, concluyendo que existe dificultad, pero que no es imposible realizar una definición exacta de dicha acepción, detallando sobre las características propias de esta institución jurídica, ello en virtud de la vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N.° 30077); la magistrada Alicia Coari Valdez, Fiscal Adjunta de Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua, Perú), concluye que si bien el legislador, en su lucha contra el delito informático, ha emitido la Ley N.° 30096, cuyo objeto es sancionar las conductas que afecten el bien jurídico protegido “sistema informático”; sin embargo, no ha tenido en cuenta la correcta identificación y significado del “bien jurídico protegido” en esta figura delictiva; y, el Prof. Eduardo Oré Sosa, doctor por la Universidad de Salamanca (España), reflexiona en torno a la procedencia delictiva en el delito de lavado de activos.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Luis Arturo Bermeo Cevallos, profesor en la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú (Piura, Perú), después de analizar la excepcionalidad de la prisión, el autor concluye que en la realidad peruana esta garantía es una ficción o una hipocresía jurídica, pues en el plano práctico poco o nada sirve invocarla, a pesar que se trata de una medida que priva la libertad de la persona que la sufre y genera estigmatización sobre la misma; Jhon Eber Cusi Rimache, abogado por la Universidad Nacional de San AgustínArequipa, centra su atención en la certeza del peligro procesal como eje central en la excepcionalidad de la prisión preventiva; Juan Riquelme Guillermo Piscoya, profesor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a propósito de la Casación N.º 842-2016-Sullana, analiza dos temas puntuales con respecto al proceso inmediato: a) la falta de control de flagrancia delictiva y la afectación de la interdicción de ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley; y, b) la posibilidad de cuestionar la vía del proceso inmediato, aun cuando el auto que habilitó su procedencia, no haya sido recurrido por el imputado; y la magistrada Ángela Milagros Marroquín Córdova, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ilo, expone las razones por la cuales considera que la reparación civil en un proceso penal por la comisión del delito de contaminación ambiental debe contener en principio una pretensión de reparación in natura, esto es, una pretensión que tenga por finalidad regresar a la situación ambiental existente antes de que se cometiera el ilícito ambiental.
En la sección Litigación Estratégica, presentamos la segunda parte del interesante estudio del Prof. Iván Pedro Guevara Vásquez, docente asociado de la Academia de la Magistratura, donde reflexiona sobre la función de la Procuraduría Pública en el sistema acusatorio garantista, centrando su atención en las estrategias de litigación oral aplicadas como parte en el procesal penal cuyo principal objeto es la defensa de los intereses del Estado.
En el apartado Derecho Penitenciario, el Dr. Leoncio Enrique Vásquez Solís, profesor asociado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y de la Universidad de Huánuco, desde el enfoque de la criminología crítica, se ocupa de la “teoría de la pena”, cuestionando su función resocializadora y rehabilitadora. Acto seguido, con el fin de contrastar su estudio teórico de la pena y en base a informes estadístico y estudios empíricos, analiza la realidad del sistema penitenciario peruano, para verificar si la pena resocializa o desocializa.
Y en el apartado de Criminología y Política Criminal, la Prof.a Rosa Mavila León, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza un interesante estudio sobre el acoso político en el Perú, destacando aspectos importantes como su definición, el procedimiento de la denuncia, aproximaciones estadísticas, las responsabilidades de los distintos sectores y poderes del Estado, la igualdad de derechos y obligación de no discriminación, entre otros.
Como jurisprudencia sumillada incluimos al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal-General
− Cas. N.° 436-2016-San Martín, que versa sobre las diferencias entre error de tipo y error de prohibición.
− R. N. N.° 2675-2016-Del Santa, que trata sobre la pena suspendida y los criterios para el plazo de prueba de suspensión.
Derecho Penal-Especial
− Cas. N.° 1121-2016-Puno, que analiza el delito de falsificación de documentos, destacando que es suficiente la materialización de un perjuicio potencial para su configuración.
− R. N. N.° 2412-2015-La Libertad, que analiza la tipicidad para la configuración del delito de secuestro.
Derecho Procesal Penal
− Cas. N.° 646-2015-Huaura, que aborda la acreditación de la preexistencia del bien en delito contra el patrimonio y los requisitos para su actividad probatoria.
− Exp. N.° 249-2015-19-5001-JR-PE-01, que aborda la tutela de derechos y exclusión de prueba ilícita en la etapa de investigación preparatoria, a propósito del caso Nadine Heredia.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos importantes pronunciamientos de la Corte Suprema con respecto a la denominada Criminalidad Organizada: a) el R. N. N.º 327-2014-Lima, emitido por la Sala Penal Transitoria, que trata sobre la valoración probatoria en casos de estructuras criminales organizadas; y, b) un pronunciamiento emitido por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario-Colegiado A, a propósito del Expediente N.° 00044-2015-98-5201-JRPE-01, que trata sobre la adecuación de plazos en la prisión preventiva por casos de criminalidad organizada, específicamente.
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Lima, julio del 2017