El Especial del mes del número 38 de Actualidad Penal se titula “La tutela de derechos, a propósito del caso Nadine Heredia”.
Comentan nuestro Especial del mes, José Antonio Arbulú Ramírez, especialista en técnicas de prevención, detección y control del blanqueo de capitales en la Universidad de Granada-España, quien examina la denominada “tutela de derechos”, destacando su importancia como mecanismo procesal destinado a resguardar la legitimidad de la prueba penal; Jorge Isaac Torres Manrique, investigador externo adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco, España), quien analiza al detalle la Resolución N.° 9 (Exp. 249-19-5001-JR-PE-01), caso Nadine Heredia), que declaró infundado el pedido de tutela de derechos, deniega excluir de la investigación a las controvertidas agendas, en el proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, por presunto delito de lavado de activos; y, José Balcázar Quiroz, Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España); quien critica la Resolución N.° 9, emitida en el caso Nadine Heredia, sugiriendo que la Sala debió ponderar los intereses constitucionales en juego: la persecución de los delitos en casos de corrupción, por un lado y la autodeterminación informativa (intimidad, dignidad, etc.), por otro.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Jhonny Carlos García Aquino, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expone sobre el instituto jurídico-penal de la determinación judicial de la pena desde el enfoque de la teoría del derecho práctico (pospositivismo principialista), resaltando el papel argumentativo del intérprete del derecho y sus razones. Asimismo, resalta la necesidad de implementar el modelo de cuartos establecido en el anteproyecto de Código Penal 2004, que permita la funcionalidad del sistema jurídico de determinación judicial de la pena.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, el Prof. Ramiro Salinas Siccha, docente en la unidad de posgrado de la Universidad de San Martín
de Porres, presenta un estudio pormenorizado de las cuestiones más relevantes en torno al delito de estafa, como son sus elementos típicos (el engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta; la inducción a error o mantener en él; el perjuicio por desprendimiento patrimonial; y, el provecho indebido para sí o para un tercero), sus agravantes, el bien jurídico protegido, consumación, entre otros. El Prof. Alfredo Araya Vega, juez del Tribunal Penal de Flagrancias de San José (Costa Rica), se ocupa de las implicancias surgidas entre la libertad de expresión y el delito contra el honor contra los funcionarios públicos, apoyándose en indistintos pronunciamientos emitidos al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Sala Constitucional costarricense. Y, la magistrada Ángela Milagros Marroquín Córdova, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ilo, desarrolla los alcances y problemática de la política criminal respecto a los delitos ambientales, centrando su atención en algunas modalidades del delito de extracción ilegal de especies acuáticas.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Lucio Zavaleta Mendoza, egresado de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, a partir de un caso concreto, donde el autor tuvo participación como juez de investigación preparatoria, expone los criterios que posibilitan, cuando es necesario, desvincularse del Acuerdo Plenario N.º 03-2012/CJ-116 y la Casación N.º 251-2012-La Libertad, en materia libertad anticipada; Carolina A. Cáceres Zúñiga, profesora de la Maestría de Derecho Medio Ambiental de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa), desarrolla algunas implicancias del informe fundamentado en el proceso penal ambiental, destacando que dicho documento se ha convertido en un requisito formal para el proceso penal y su finalidad es la recopilación de toda esa normatividad administrativa ambiental que contiene políticas de gestión ambiental, compromisos y obligaciones de observancia obligatoria para los administrados; y Juan Carlos Zúñiga Ríos, Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios, quien se ocupa de la legalidad de la prórroga de la prolongación del plazo de prisión preventiva inicialmente decretado.
En la sección Litigación Estratégica, Jose Emilio Caballero Miranda, Fiscal Titular Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, nos indica que la mejor manera de afrontar la etapa del juicio oral es estando preparados en las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio; por esta razón, centra su trabajo en el examen del acusado, el interrogatorio directo al testigo y su contrainterrogatorio, el examen del perito, las objeciones, entre otras técnicas de litigación oral, desde la perspectiva del Ministerio Público.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, el Prof. Juan Antonio Rosas Castañeda, Juez Especializado Penal Titular del Callao, resalta los aspectos relevantes del caso Roger Judge c. Canadá, del Comité de Derechos Humanos, en especial lo referido a la interpretación evolutiva de los tratados sobre derechos humanos realizada por el Comité y la fijación de un nuevo estándar de obligaciones a los Estados que han abolido la pena de muerte.
Y en el apartado de Política Criminal, la Prof.a Milena Gordon Baker, doctora en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil), analiza y compara la estructura del delito de insider trading, también conocido como “uso indebido de información privilegiada” —y que consiste, básicamente, en el uso de información relevante sobre valores mobiliarios, antes que tales informaciones sean de conocimiento público—, en las legislaciones de Brasil, España y Perú.
Como jurisprudencia sumillada, incluimos al finalizar cada una de nuestras secciones un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal-General
− R. N. N.° 2479-2016-Áncash, que trata sobre los efectos punitivos que genera la configuración de la agravante cualificada de habitualidad al cometerse tres delitos sucesivos son compatibles con el concurso real de delitos.
− R. N. N.° 415-2015-Lima Norte, que analiza el consentimiento del menor de edad como factor para determinar la pena, a propósito de los delitos contra la libertad sexual.
Derecho Penal-Especial
− Cas. N.° 912-2016-San Martín, que versa sobre la consumación del delito de homicidio culposo con resultados tardíos.
− R. N. N.° 3336-2015-Ayacucho, que trata sobre las dilucidaciones en torno al auto aborto y el parricidio, a propósito de la muerte de un neonato.
Derecho Procesal Penal
− Exp. 00011-2017-7-5201-JR-PE-03, específicamente la Resolución N.° 3, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, que aborda algunas implicancias en torno a la pretensión civil en el proceso penal.
− R. N. N.° 3062-2015-Ayacucho, que analiza los criterios para valorar el testimonio de la víctima: garantías de certeza.
Derecho Penal Constitucional
− STC N.° 01316-2014-PHC/TC, que aborda el principio de congruencia procesal.
− STC N.° 06794-2015-PHC/TC, donde a partir de un voto discordante se precisa la excepcionalidad de la revisión de las pruebas que fundamentan la sentencia penal, en sede constitucional.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos importantes pronunciamientos de la Corte Suprema con respecto a la prueba en el delito de colusión: a) la Cas. N.° 661-2016-Piura, que aborda la pericia contable como prueba idónea para establecer el perjuicio patrimonial concreto en los casos de colusión; y, b) Cas. N.° 1722-2016-Del Santa, que se ocupa de prueba indiciaria para determinar la concertación en el delito de colusión, ante la ausencia de prueba directa.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, agosto del 2017