El Especial del mes del número 43 de Actualidad Penal se titula: “La colaboración eficaz en el Perú, y una propuesta para su aplicación en las personas jurídicas”.
La aplicación de la colaboración eficaz supone un gran desafío para los operadores de justicia, pues estos deben evitar que personas inocentes se vean perjudicadas, que los culpables logren impunidad o beneficios inmerecidos en base a falsos aportes, que no se recupere los efectos del delito, que se desnaturalice y derive en una forma de venganza o ajuste de cuentas, etc. Por ello, es importante explicar cómo funciona el rol del colaborador, puesto que el marco legal en el que se desenvuelve es complejo más aún cuando a través del D. Leg. N.º 1301, de fecha 19 de diciembre del 2016, se ha realizado variaciones muy significativas en los dispositivos legales que regulan la aplicación de la colaboración eficaz (arts. 472 al 481-A), modificaciones que comúnmente adolecen de claridad.
Los primeros lineamientos de la colaboración eficaz se encuentran en el texto normativo de la denominada “Ley del arrepentimiento” que sirvió para combatir al terrorismo, a las violaciones de derechos humanos ocurridos en los 90 (caso Barrios Altos, La Cantuta, entre otros), al narcotráfico y a las redes de corrupción tanto a nivel nacional como regional. En nuestro reciente panorama jurídico, la figura de la colaboración eficaz se ha convertido en una herramienta legal imprescindible para la persecución del crimen organizado. Actualmente dicha institución procesal reafirma su importancia durante el desarrollo del caso Odebrecht que ha repercutido a nivel mundial.
En ese sentido, el tema seleccionado reviste de gran importancia para el debate académico y, por ello, se ha convocado a juristas comprometidos con la constante investigación jurídico-penal, a fin de que compartan sus comentarios entorno a la aplicación de dicha figura procesal.
Comentan el Especial del mes, Fany Soledad Quispe Farfán, abogada y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien estudia la utilidad de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado así como los límites de su aplicación en un proceso garantista; y Lucía Lizana Segama, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fiscal adjunta provincial de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, quien, al analizar el caso Odebrecht, destaca la importancia de determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias y la figura del acuerdo de clemencia o lenidad de la legislación brasilera, esto en razón de su aplicación o propuesta legislativa en el Perú.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Juan Antonio Rosas Castañeda, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y juez titular especializado en lo penal del Callao, analiza los alcances interpretativos del término “posesión” para el delito de posesión de drogas así como la eficacia de la prueba indiciaria para determinar el fin perseguido por el agente; y Jorge Pérez López, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, examina la aplicación espacial de la ley penal así como los principios de territorialidad y extraterritoriales.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Lorenzo M. Bujosa Vadell, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca, analiza la institución de la confesión sincera como eximente imperfecta ello a la luz del Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116, además critica la potestad de creación normativa por parte de las Altas Cortes (Corte Suprema), desde una apreciación de la separación de poderes.
En el apartado Litigación estratégica, Silvia Violeta Sánchez Egusquiza, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, destaca la importancia de los alegatos de apertura como instrumento para lograr que el juzgador mire nuestro caso desde nuestra propia perspectiva y así poder transmitir importante información desde el inicio del juicio oral.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, Jorge B. Hugo Álvarez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,somete al análisis, bajo parámetros constitucionales, la figura penal del delito de peculado, ello a propósito del D. Leg. N.º 1243 y al Acuerdo Plenario N.º 04-2005/CJ-116.
En el apartado de Política Criminal, Daniel Alonso Almeyda Velásquez, abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, propone un proyecto alternativo de título preliminar para el Código Penal peruano, el cual tiene el objetivo de servir de orientación y discusión para una futura y auténtica reforma penal.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
- R.N. N.° 2151-2017, que versa sobre el caso Eduardo Saettone y la facultad de los jueces para suspender la ejecución de la sanción penal.
- Cas. N.° 263-2017, donde se analiza el tipo injusto del delito imprudente y señala que el principio de división del trabajo modifica la responsabilidad penal por imprudencia.
Derecho Penal Especial
- Cas. N.° 814-2015, que gira en torno a la imputación necesaria dentro del delito de peculado.
- R. N. N.° 189-2017, que versa sobre la violación a la inversa en menores de edad, por la cual el agente practica el acto sexual vía oral a la víctima y no consistiría en actos contra el pudor como se indicó en el voto discordante.
Derecho Procesal Penal
- Cas. N.° 1116-2017, que abarca el rechazo del recurso de casación de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
- R. N. N.° 2576-2016, la cual señala que la declaración del coimputado en contra de su coimputado requiere ser corroborada de forma externa, según el Acuerdo Plenario N.° 2-2005.
Derecho Penal Constitucional
- R.N. N.° 1925-2016, que analiza la presunción de inocencia dentro del proceso en casos de tráfico ilícito de drogas.
- Exp. 02909-2015-PHC/TC-Lima, emitida por el Tribunal Constitucional, donde se establece que la imprecisión en el tipo penal dentro de una apertura de instrucción no genera en todos los casos indefensión al imputado.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos pronunciamientos importantes que versan sobre el delito de violación sexual de menor de edad: a) Cas. N.° 539-2007, que versa sobre el desistimiento voluntario del imputado en la violación sexual de menor de edad y, b) R.N. N.° 3495-2015, que aborda el consentimiento de relaciones sexuales de menores de 14 años.