El Especial del mes del número 49 de Actualidad Penal se titula: “La excepción de improcedencia de acción”.

La excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa que tiene por objeto imposibilitar la prosecución de un proceso penal, en tanto que el hecho carezca de algún elemento constitutivo del delito, o siendo así, no pueda ser punible. En ese sentido, se encuentra regulada en el artículo 6.1.b) de nuestro Código Procesal Penal, el cual prescribe que dicha excepción procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.

El propósito fundamental de la excepción de improcedencia de acción es contradecir el ejercicio del proceso penal. Sin embargo, su correcta aplicación en el proceso peruano presenta diversos problemas, debido a que no es comprendida a cabalidad por los operadores jurídicos, quienes desnaturalizan dicho medio técnico y no se ajustan al sentido estricto de su naturaleza, con lo que se cometen falencias que abarcan desde los presupuestos de su fundabilidad hasta la argumentación de la misma. En suma, dejan de lado el correcto análisis sustantivo de la figura, sus componentes y valoración.

En ese sentido, consideramos que resulta necesario analizar este tema y, por ello, se ha convocado a juristas comprometidos con la constante investigación jurídico-penal, a fin de que compartan sus comentarios entorno a la excepción de improcedencia de acción, dando por sentado que esto despierta un amplio y constante debate académico.

Comentan el Especial del mes, Teodorico Claudio Cristóbal Támara, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quien examina dos formas de cuestionar la imputación penal, basándose en el sobreseimiento y la improcedencia de acción en la etapa intermedia; y Alonso R. Peña Cabrera Freyre, fiscal superior y jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, el cual examina la figura procesal de excepción de improcedencia de acción como mecanismo de defensa procesal, orientado a cuestionar la validez material de la acción penal.

En la sección de Derecho Penal-Parte General, Betty Silveria Huarcaya Ramos, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, reflexiona acerca de los fundamentos de la autoría y participación en los tipos penales, disgregando los sistemas unitario y dualista y conceptualizando cada una de las formas de participación en un tipo penal en concreto.

En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Víctor Roberto Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial, analiza el art. 2 del D. Leg. N.° 1106, el cual tipifica las conductas que tienen como característica común el procurar mantener la apariencia de legitimidad del lavado de activos; y Amelia Lida Espinoza Montes, abogada por la Universidad Peruana Los Andes, quien realiza un análisis minucioso del tipo penal de cohecho pasivo propio y efectúa un deslinde dogmático de la figura del cohecho pasivo frente al cohecho activo y sus diferentes modalidades.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Mercedes Herrera Guerrero, abogada penalista y máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, analiza el desarrollo del proceso penal tanto en Latinoamericana como en el Perú, centrándose en el análisis del sistema acusatorio y el adversary system; Betty Katherine Leyva Ulloa, abogada por la Universidad Privada Norbert Wiener, examina la relación que existe entre el agente encubierto y el crimen organizado; Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano, explica los alcances del mandato de conducción compulsiva, medida de coerción personal que se desenvuelve a partir de una decisión emanada por una autoridad fiscal o judicial; y Rikell Vargas Meléndez, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, quien analiza la intervención de las ciencia dentro del proceso penal, con la finalidad de producir certeza en el juez.

En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Jorge Luis Alan Romero Osorio, fiscal adjunto provincial titular de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, explica la vinculación y los cimientos constitucionales de diversos principios, tales como: la legalidad, lesividad, entre otros, con el fin de aplicar correctamente el derecho penal; y Marco Antonio Ulloa Reyna, docente en las universidades Inca Garcilaso de la Vega y Norbert Wiener, quien explica la aplicación del test de proporcionalidad en las medidas de coerción en el proceso penal y su relación con que el procesado tenga o haya tenido un cargo de autoridad para aplicarla.

En el apartado de Política Criminal, Daniel Alonso Almeyda Velásquez, profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNMSM, realiza un análisis minucioso de los enunciados a nivel del derecho objetivo y con ese propósito desarrolla una amplia y fructífera explicación acerca de la aplicación de la disgregación jurídica; y Silvia Irene Verdugo Guzmán, profesora de Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU - Andalucía, reflexiona acerca de la conducta de los deportistas a nivel competitivo, con respecto al uso de algunas sustancias catalogadas como prohibidas y sus consecuencias en la regulación internacional.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas. N.° 795-2017 Áncash, donde se analiza la compatibilidad del concurso ideal de delitos con la acusación complementaria basada en hechos nuevos introducidos en el proceso penal.

— R. N. N.° 1051-2017 Lima, que gira en torno a la vulneración del principio acusatorio, puesto que no existió una correspondencia entre la acusación y la sentencia.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 496-2017 Lambayeque, donde se define la amenaza inminente en el delito de robo.

— Cas. N.° 1118-2016 Lambayeque, que versa sobre la negativa de configuración del delito de falsedad genérica con el uso de declaración jurada falsa.

Derecho Procesal Penal

— Cas. N.° 591-2015 Huánuco, donde se analiza la admisión de la prueba irregular en el proceso penal, y se hace una distinción entre prueba ilícita y prueba irregular.

— Extradición pasiva N.° 59-2018 Lima, resolución emitida por la Sala Penal Permanente de Lima, en la cual aborda la extradición pasiva en el caso Peter Ferrari.

Derecho Penal Constitucional

— Exp. N.° 4067-2014-PHC-TC Callao, emitida por Tribunal Constitucional, donde se desarrolla el derecho a la pluralidad de instancias como derecho fundamental.

— Exp. N.° 5121-2015 PA/TC Lima, que versa sobre la debida motivación de las resoluciones emitidas por la fiscalía en los casos de violación sexual.

Jurisprudencia relevante

— Presentamos dos pronunciamientos importantes que versan sobre la tentativa de violación en menor de edad: a) Cas. N.° 441-2017 Ica que aborda la procedencia del proceso inmediato en la tentativa de violación sexual a menor de edad; y b) R. N. N.° 354-2014 Lima Sur, donde se analiza la desvinculación procesal y el principio de legalidad en el delito de violación sexual a menor de edad.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, julio del 2018