Resumen

En el presente artÍculo, los autores desarrollan la problemática de los denominados juicios paralelos, a los que definen como conjunto de informaciones y/o juicios de valor transmitidos por cualquier sujeto capaz de generar opinión; esto último resulta importante, puesto que dentro de su análisis, asumen la posición que el criterio que debe regir para la existencia de tales juicios es la capacidad generadora de la opinión pública. AsÍ, describen los sujetos que crean los juicios paralelos vinculándolos a las fases del proceso, indicando que el momento de la emisión de la información no determina la configuración de aquel, siendo necesario la presencia de determinadas caracterÍsticas vinculadas a los derechos de información y expresión, las cuales deben ser limitadas a efectos de evitar sus consecuencias nocivas. Una vez expuesto el marco general, los autores proceden analizar la vinculación de los medios de comunicación y la prisión preventiva, a partir de los casos nacionales, entre los que destacan el de César Alvarez –investigado por corrupción- y los miembros del Movadef– a los cuales recientemente se varió la medida de prisión. Finalmente, concluyen que el contexto actual se debe al mal desempeño de la función periodÍstica movidos por intereses económicos y la desinformación.

1. Introducción

Los medios de comunicación juegan un papel indispensable y, a la vez, peligroso ante el proceso. Roxin explica que la necesidad de la participación de los medios de comunicación en el proceso penal se fundamenta en el principio de publicidad: “[l]a publicidad, y con ello la sociedad, como titular del poder estatal, debe poder controlar la rectitud procesal y material de las decisiones judiciales y, llegado el caso, criticarlas, evitando con ello el perjuicio que, realmente, podrÍa constituir un proceso secreto, que no pudiera ser examinado o, que al menos se podrÍa suponer con la consiguiente…