El Especial del mes del número 51 de Actualidad Penal se titula: “Tipología y estructura de las organizaciones criminales y el análisis del arraigo de calidad en una eventual prisión preventiva”; por ello, se ha convocado a juristas comprometidos con la constante investigación jurídico-penal, a fin de que compartan sus comentarios entorno a este fenómeno que afecta a la sociedad.
Para comenzar, Marcial Eloy Páucar Chappa, fiscal provincial penal titular de Lima y magíster en Ciencias Penales por la USMP, explica cada una de las tipologías de las organizaciones criminales contemporáneas en virtud del elemento estructura en base a 40 agrupaciones criminales; Wilfredo Casas Ramírez, fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de sede Chiclayo del distrito fiscal de Lambayeque y abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, quien analiza y desarrolla la temática sobre la característica estructural que presentan las organizaciones criminales, como elemento normativo del tipo penal prescrito en el art. 317 del CP; y Jesus Heradio Viza Ccalla, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata - Madre de Dios, quien explica con detención la definición, los tipos, cuándo, cómo y de qué manera se debe considerar el arraigo de calidad como presupuesto suficiente para que el juez desestime la prisión preventiva en las organizaciones criminales.
En la sección de Derecho Penal - Parte General, Rudy Angélica Córdova Rosales, fiscal adjunta provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, aborda el contenido normativo del segundo párrafo del art. 22 del CP, respecto a la prohibición de la responsabilidad penal restringida por la edad para determinados delitos, y además realiza un análisis constitucional.
En cuanto al apartado de Derecho Penal - Parte Especial, Sofía Rivas La Madrid, fiscal adjunta provincial penal titular de Lima, quién analiza si el sancionar con pena privativa de libertad al que ocasiona lesiones levísimas a un integrante de su grupo familiar se encuentra justificado penalmente o vulnera los límites al ius puniendi; María A. Trapero Barreales, profesora titular (acr. catedrática) de Derecho Penal de la Universidad de León (España), analiza el problema de los matrimonios —forzados, de conveniencia e ilegales— ante el derecho penal, dicho análisis parte de ejemplos del expansionismo punitivista y otros de la reminiscencia histórica.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Allan Arburola Valverde expone brevemente la definición, función, ventajas, desventajas y principios probatorios que sustenta a la red social Facebook en cuanto a su naturaleza y valor probatorio; Jorge Armando Vargas Sueldo, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quien plantea la siguiente pregunta: ¿nuestro ordenamiento jurídico debe cambiar de fundamento al referirse a la regla de exclusión?, y explica su posición refiriéndose a dos países donde la regla de exclusión siendo un principio constitucional se convirtió en una excepción llevando esta regla a abolirse; Carlos Francisco Espinoza Cordero, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) – Huaraz, realiza un análisis crítico del Acuerdo Plenario N.º 02-2017-SPN en virtud al ámbito de aplicación del colaborador eficaz y su corroboración con otros elementos demostrativos dentro de un proceso especial; y David Incaroca Coronado, fiscal provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huancavelica, quien analiza si es o no obligación del fiscal postular la acreditación del caso mediante la prueba por indicios para que el órgano jurisdiccional pueda analizar y emitir un juicio de culpabilidad.
En el apartado Litigación estratégica, Iván Pedro Guevara Vásquez, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, expone una reflexión sobre el instituto procesal de la defensa conjunta, tanto en su vertiente de defensa asociada como defensa no asociada, de acuerdo a los fundamentos centrales del nuevo modelo procesal penal y en aplicación de los principios que animan a dicho proceso.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, Eiser Alexander Jiménez Coronel, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, describe el fenómeno de la corrupción y cómo esta afecta a los derechos humanos, a partir de un análisis teórico y práctico.
En el apartado Política Criminal, Daniel Alonso Almeyda Velásquez, profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNMSM, realiza un análisis minucioso de los enunciados a nivel del derecho objetivo y con ese propósito desarrolla una amplia y fructífera explicación acerca de la aplicación de la disgregación jurídica.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Exp. N.° 346-2013-0-5001-JR, donde se analizan los presupuestos de la figura de autoría mediata en los aparatos poder y, además, se realizan algunas precisiones sobre el derecho a la verdad. Caso Tarata.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1379-2017 Nacional, que versa sobre la conducta de los extraneus en el delito de colusión, especialmente, analiza la conducta del árbitro que homologa un acuerdo colusorio.
Derecho Procesal Penal
— Transf. Compet. N.° 3-2018 Ayacucho, donde se indica que la exclusión fiscal es potestad exclusiva del superior jerárquico de este y reafirma que la realización de un juicio mediático inmoderado pone en peligro las garantías procesales constitucionales de independencia e imparcialidad, por lo que se debe transferir de competencia el proceso penal. Caso Arlette Contreras.
Derecho Penal Constitucional
— Cas. N.° 150-2018 Arequipa, que señala que la vulneración al derecho de igualdad se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley seguida en caso esencialmente iguales.
Protocolos interinstitucionales de actuación entre la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial
— Protocolo de actuación interinstitucional específico de control de identidad, que brinda pautas de cómo llevar a cabo el control de identidad en lugares públicos.
— Protocolo de actuación interinstitucional específico de reconocimientos, la cual señala los pasos a seguir para el proceso de identificación de una persona.
— Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del registro y recepción, mediante la cual se define la actuación policial y fiscal en la aplicación del registro en personas, vehículos y equipaje o bultos; así como el procedimiento a seguir cuando se recepcionan efectos o elementos vinculados al delito, durante las intervenciones realizadas en el marco de la investigación.
— Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia, la cual establece procedimientos específicos para la incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia.
— Protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación de la escena del crimen, que tiene como objetivo garantizar una adecuada protección e investigación de la escena del crimen e incrementar de manera potencial las probabilidades del esclarecimiento del hecho delictuoso.
— Protocolo de actuación interinstitucional específico de inspección y reconstrucción, mediante la cual se establece el procedimiento a seguir para la realización de las diligencias de inspección y reconstrucción, a fin que sean actuadas de forma oportuna e inmediata, y permitan ilustrar al juzgador y a las partes de los hechos vertidos.
—Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del proceso inmediato reformado, que versa sobre la incoación y el procedimiento en el proceso inmediato reformado, mediante la flagrancia y confesión.
—Protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la terminación anticipada del proceso, que establece cómo las partes —juez, fiscal, defensor público— deben llevar a cabo la aplicación del proceso especial de terminación anticipada.
— Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de las notificaciones electrónicas, que determina cómo se debe proceder con las notificaciones electrónicas, el contenido, quienes puedes enviarlas, entre otras.