El Especial del mes del número 53 de Actualidad Penal se titula “Aspectos jurídicos, normativos y constitucionales de la detención preliminar en casos de criminalidad organizada”.
Comentan nuestro Especial del mes, Jorge Martín Paredes Pérez, abogado y magíster con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien explica las razones constitucionales y jurídicas respecto a por qué se da la detención preliminar judicial en el Perú; el abogado Jesús Heradio Viza Ccalla, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, analiza a qué hace referencia el legislador cuando en la construcción del enunciado normativo introduce los términos “razones plausibles” y “cierta posibilidad”; Jhonny Carlos García Aquino, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencias Penales por la misma casa de estudios, realiza un análisis sobre el enfoque teórico-normativo de la detención preliminar jurisdiccional o judicial, bajo dos perspectivas del derecho positivo; y Marco Antonio Ulloa Reyna, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien analiza la medida cautelar de detención preliminar, el momento y los presupuestos para la aplicación de dicha medida, la aplicación judicial de esta y además, realiza una crítica a la normativa de detención preliminar judicial, ya que, la considera insuficiente.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Javier Oswaldo Salazar Morales, con estudios de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza un análisis acerca del principio de taxatividad aplicado al tipo penal del delito de desobediencia, en donde expone la idea de que el tipo penal no cumple con tal principio ya que es indeterminado, impreciso y por lo tanto carece de certeza.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Frank Carlos Valle Odar, abogado penalista por la Universidad Señor de Sipán, analiza cada uno de los elementos típicos del nuevo delito de difusión no autorizada de imágenes con contenido sexual y critica las distintas dificultades que pueden surgir en la aplicación del caso en concreto; y Jorge Pérez López, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, quien define al documento como un soporte material o inmaterial, en cuyo contenido aparecen relaciones jurídicas entre los comunitarios o entre estos y el Estado, en virtud de ello especifica las diferencias entre el documento público y el privado, además de sus elementos e importancia con relación a los delitos contra la fe pública.
En el apartado de Derecho procesal Penal, Alfredo Araya Vega, abogado y magíster por la Universidad de Costa Rica, analiza la figura del juez, bajo el sistema democrático de derecho, siendo necesario la presencia de este en el proceso, así como la conducción del juez en la audiencia preliminar y durante la etapa intermedia; Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, quien hace un especial análisis acerca de la discusión del plazo para interponer el requerimiento de elevación de actuados al superior contra la disposición fiscal de archivo o de reserva provisional de la investigación; Teodorico Cristóbal Támara, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y Denitza Yessenia Maza León, abogada por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quienes analizan la presentación de los motivos que explican la figura jurídica procesal penal de la condena del absuelto, así como su aplicación desde el punto de vista legal y en protección de los bienes jurídicos, ya que en miras de la lucha contra la criminalidad esta figura debería estar justificada.
En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Luis Alberto Pacheco Mandujano, magíster iuris constitutionalis por la Universidad de Castilla-La Mancha, explica, analiza y critica de manera severa la imputación y consecuente sentencia contra el expresidente Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad y desaparición forzosa, para de esta manera señalar la legalidad del indulto. Además, hace un especial análisis de la terminología de “derechos humanos”, con el fin de señalar la imposibilidad de aplicar una norma no vigente al momento de ocurridos los actos.
Y en el apartado de Política Criminal, Maritza Ángela Loayza Loayza, alumna del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica de qué manera se ha tipificado el tipo penal de pornografía infantil en el Perú, cuestionando la última modificación del 2013, ya que trajo consigo algunos problemas de interpretación, presentando, la autora, varias tesis que buscan identificar el bien jurídico que protege.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 173-2018 Puno, donde se indica la desvinculación de la acusación fiscal respecto al título de imputación de coautor no ejecutivo por el de autor mediato por dominio de la voluntad.
— Cas. N.° 1672-2017 Lima, que versa sobre la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP en el delito de violación sexual.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 186-2017 Ucayali, el cual trata sobre la solicitud de la Fiscalía Superior de confirmar el delito de receptación agravada.
— Cas. N.° 2013-2017 Lima Este, donde se demuestra, en el caso específico, de la reconducción del delito de violación sexual a menor de edad a actos contra el pudor.
Derecho Procesal Penal
— Cas. N.° 317-2018 Ica, que señala la vulneración al derecho a la igualdad y a la defensa en el proceso penal.
— Cas. N.° 599-2018, donde se analiza y determina los alcances, plazos y las ampliaciones en las diligencias preliminares, solicitado por la pretensión de quebrantamiento de precepto procesal.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.° 491-2016, donde se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, debida motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia y a la libertad individual.
— Exp N.° 07042-2015, que indica la vulneración al derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales en el supuesto de no haber expresado las razones o justificaciones objetivas para tomar una determinada decisión.
Jurisprudencia relevante
Presentamos, en primer lugar, el pronunciamiento emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, con respecto a la medida de coerción personal, detención preliminar, recaída en el Exp. N.°18-2018, Resolución N.° 1, que, debido al levantamiento del fuero constitucional, la gravedad de los delitos imputados y la circunstancia objetiva de haber sido destituido del cargo de juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, se impuso en contra del Sr. César José Hinostroza Pariachi.
Seguidamente, se entrega la Resolución N.° 6, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, recaída en el Exp. N.° 0299-2017, el cual versa sobre el auto de apelación de la detención preliminar, la cual fue declara fundada, a favor de la señora Keiko Fujimori Higuchi y otros, en el denominado caso Cócteles.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, noviembre del 2018