El Especial del mes del número 54 de Actualidad Penal se titula “Impedimento de salida del país en organizaciones criminales”.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a diversas organizaciones criminales (Los Cuellos Blancos del Puerto, caso Lava Jato, caso Cocteles, y demás) y a personas involucradas en ellos, quienes detentan o han detentado algún alto cargo público (Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, César Hinostroza u otros) por la comisión de delitos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, etc.; sin embargo, los integrantes de esas organizaciones criminales y altos funcionarios públicos han pretendido o pretenden eludir su responsabilidad judicial, obstaculizando el proceso penal que se les sigue, es así, que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, se ha visto en la necesidad de solicitar al Poder Judicial diversas medidas coercitivas como lo es el impedimento de salida del país.
El impedimento de salida del país es una medida de coerción que solo puede ser impuesta por el juez de investigación preparatoria a pedido del titular de la acción penal y que recae sobre el imputado o el testigo “importante”, en ese sentido, esta medida se aplica cuando resulta indispensable para la averiguación de la verdad y cuando el delito que se sigue, tenga como sanción, una pena privativa de libertad mayor a tres años.
Comentan nuestro Especial del mes, Joel Silvio Loayza Revilla, abogado graduado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quien analiza y describe cada uno de los elementos materiales, formales y constitucionales del impedimento de salida del país y los presupuestos para su debida aplicación; César Antonio Delgado Castro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría en Ciencias Penales de la citada casa de estudios, indica que uno de los elementos que se debe tomar en consideración al momento de interponer la medida coercitiva del impedimento de salida del país es la influencia política y/o capacidad económica que ostentan los altos y los ex altos funcionarios; Elder. J. Miranda Aburto, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Cesar Vallejo y de la Universidad Privada San Juan Bautista, explica la imposición del impedimento de salida del país, centrándose en la relevancia del peligro procesal y su vertiente peligro de fuga; y, Mario Lohonel Abanto Quevedo, juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, quien propone interpretar restrictivamente los alcances de esta medida de impedimento de salida del país y para ello identifica sus fines.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, David A. Alan Castillo, abogado, con estudios de maestría en Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica del Perú; y, Mayda Virginia Mori Anto, fiscal penal supraprovincial de Crimen Organizado, han analizado la figura de la coautoría en los delitos de organizaciones criminales.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Alfredo Araya Vega, abogado y magíster por la Universidad de Costa Rica, invita que el lector haga una reflexión sobre la verdadera finalidad de la castración química como medida complementaria en nuestro ordenamiento jurídico; Roldan Soto Salazar, fiscal titular especializado en materia ambiental, quien plantea temas de reflexión en torno al paisaje, como bien jurídico objeto de protección, comenzando por su origen lingüístico, continuando con su análisis como concepto a partir de las ciencias o disciplinas extra jurídicas para construir una categoría jurídica propia del derecho.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Maico Reyner Fernández Morales, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien analiza el exceso cometido por los fiscales al momento de solicitar la prolongación de la prisión preventiva, ya que muchos de esos requerimientos no están acorde con el art. 274.1 del CPP, el cual versa sobre la prolongación de prisión preventiva; y, Sergio Jiménez Niño, fiscal adjunto provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, quien explica la figura de la incautación desde un plano ontológico, puesto que este es un medio o mecanismo para la consecución de finalidades ulteriores dentro del proceso.
En el apartado de Litigación Oral, Lenny Amiel Toledo Catire, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quien analiza la naturaleza del reconocimiento de personas y propone pautas para garantizar que esta institución procesal cumpla su fin, esto es, individualizar al responsable evitando errores de identificación.
En el apartado de Derecho penal Constitucional, Luis Alberto Pacheco Mandujano, catedrático libre internacional de la Université de Solidarité Internationale Jean-Paul Sartre et Paul Nizan, quien señala la irretroactividad de los derechos humanos, ya que el derecho es creado a partir de un contexto social determinado por el tiempo y espacio inexistentes en el pasado.
En el apartado de Política Criminal, Teresa Armenta Deu, doctora por la Universidad de Barcelona, realiza un análisis en base a dos textos normativos la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, y el Real Decreto 1109/2015; centrándose en dos aspectos específicos: la mediación a la que puede acudir la víctima del delito y el marco más general de la justicia restaurativa.
Derecho Penal General
— R. N. N.° 743-2018 Lima, donde se cuestiona la aplicación del concurso real de delitos en la adecuación de la conducta en el tipo penal.
— R. N. N.° 1322-2018 Nacional, donde se demuestra la anulación de la extinción de la acción penal por prescripción, tipificadas en un delito el cual el imputado participó en grado de complicidad primaria.
Derecho Penal Especial
— Exp. N.° 08-2018 Lima, en el cual se interpone el medio técnico de defensa, excepción de improcedencia de acción, toda vez que el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.
— Cas. N.° 50-2018 Callao, donde se aplica el principio in dubio pro reo debido a que no se pudo demostrar la participación del imputado en el delito de robo agravado.
Derecho Procesal Penal
— Cas. N.° 317-2018 Ica, que señala la vulneración al derecho a la igualdad y a la defensa en el proceso penal.
— Cas. N.° 50-2018 Lima, donde se pretende determinar como regla la irretroactividad de los acuerdos plenarios.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.° 42-2015 Lima, donde se alega la vulneración del derecho al plazo razonable para el desarrollo de las debidas actuaciones procesales de los derechos al debido proceso en conexidad con el derecho a la libertad personal.
— Cas. N.° 453-2018 Sullana, que indica la conectividad que tiene el principio de exhaustividad con el derecho a la debida motivación de las sentencias.
Jurisprudencia relevante
Presentamos en este número, diversas resoluciones que se han emitido a lo largo de estos últimos meses, respecto a la medida de coerción personal —impedimento de salida del país—. Casos emblemáticos como el de Alan García, recaída en el Exp. N.° 43-2018-1, Resolución N.° 4 emitido por el Segundo Juzgado Nacional De Investigación Preparatoria. Seguidamente, se entrega la Resolución N.° 2 de la Comparecencia con restricciones N.° 06-2018 “8”, expedida por el Juzgado Suprema de Investigación Preparatoria, el cual declaró fundado el requerimiento de impedimento de salida contra los ex consejeros del CNM (Guido Águila, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benites). De la misma manera, en el Exp. N.° 299-2017, mediante Resolución Judicial N.° 3, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en el cual se impone mandato de impedimento de salida del país en contra del imputado Mark Vito Villanella, por el plazo de 36 meses, solicitado por el Ministerio Público.
Y además de ello, en concordancia con la citada medida de coerción personal, se proporciona la Cas. N.° 564-2016 Loreto, emitida por la Sala Penal Transitoria, estableciendo como doctrina jurisprudencial el fundamento de derecho número quinto, el cual, tiene relación con la figura de prisión preventiva. Finalmente, se presenta la detención preliminar judicial, por el plazo de 10 días contra los investigados Edwin Oviedo Picchotito, José Carlos Isla Montaño, entre otros, dictado por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionaros – Colegiado A, mediante Resolución N.° 3, recaída en el Exp. N.° 0047-2018.
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Lima, diciembre del 2018