Resumen
El autor destaca al plazo razonable como una garantÍa propia del Estado de derecho y cuya finalidad es obligar a la Administración de Justicia a resolver dentro de un plazo considerado plausible o en la imposibilidad de ello, determinar la libertad de la persona.
Respecto a las vertientes doctrinarias del plazo razonable, el autor desarrolla las correspondientes al “sentido estricto” y “no plazo”, determinando que en realidad es la última de ellas la que refleja mejor la naturaleza, fines y alcances del plazo razonable. Por otro lado, en la medida en que el plazo razonable constituye una figura que analiza el transcurso del tiempo en que dura el proceso, el autor señala la relación de esta figura con la prescripción penal, que es la pretensión de la extinción del ius puniendi estatal alegando el transcurso del tiempo.
El autor desarrolla las caracterÍsticas de la figura del plazo razonable atendiendo a los criterios formulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional peruano. De ello concluye que es la apreciación conjunta del grado de dificultad del caso, la forma cómo ha procesado la Administración de Justicia, el litigio penal y la manera cómo el interesado ha hecho uso de las herramientas e institutos procesales, lo que finalmente va a determinar si nos encontramos o no frente a un supuesto en el cual podrá alegarse un reclamo basado en el derecho al plazo razonable.
Finalmente, el autor despliega los supuestos que en base a la jurisprudencia señalada, configuran situaciones incompatibles con lo que debe ser una actuación procesal inspirada en el principio de la buena fe y que por tanto, conducen hacia el reconocimiento de lo que se conoce como maniobras dilatorias.
1. Introducción
La pretensión penal que se desarrolla en el proceso se encuentra rodeada de un conjunto de garantÍas cuya finalidad es doble: 1) garantizar los derechos individuales y 2) preservar la tutela jurisdiccional y debido proceso. De acuerdo con ello es insostenible una pretensión de prolongar indefinidamente un proceso, pues ello en sÍ mismo constituye una situación irracional y contraria a los derechos individuales, y a los principios regulados en la Constitución y a la propia existencia del Estado Democrático y Social de Derecho.Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han formulado un…
