El Especial del mes del número 61 de Actualidad Penal se titula: “Comentarios a los Acuerdos Plenarios N.os 2-2018-SPN y 3-2018-SPN del II Pleno Jurisdiccional 2018”.

En el Especial del mes, Marcial Páucar Chappa, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, realiza un deslinde acerca de la prueba indiciaria en las organizaciones criminales, haciendo incidencia en que la mínima unidad de análisis está constituida no por las personas en sí mismas, sino por los vínculos; Luis Arturo Bermeo Cevallos, abogado por la Universidad César Vallejo, critica el AP N.° 3-2018 en virtud del derecho a la no autoincriminación, el autor señala que el testimonio no constituye un medio de prueba, por lo que no puede ingresar al juicio oral para que se debata y menos para que se confronte con los dichos del imputado; y César Antonio Delgado Castro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica, respecto al AP N.° 2-2018- SPN, la definición de la organización criminal y su estructura, asimismo desarrolla cada uno de los peligros consustanciales a una organización criminal, esto es, el peligro de fuga y de obstaculización, con relación a la medida de prisión preventiva y detención preliminar.

En la sección de Derecho Penal-Parte General, Teodorico Cristóbal Támara, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, analiza la naturaleza del acuerdo plenario y su relación con los principios de predictibilidad y de seguridad jurídica.

En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Ronald Vílchez Chinchayán, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, plantea una nueva subclasificación dentro de los delitos contra la administración pública, atendiendo, entre otros puntos, a las propias reglas sobre prescripción e incluso interpretación de los verbos rectores; y Juan Carlos Mezzich Alarcón, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, realiza un breve análisis de los tipos penales que abarcan el delito de minería ilegal, tanto en su tipo básico como en sus agravantes, asimismo establece una diferenciación entre lo que es la minería ilegal y la minería informal.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Mirsa Marlid Saucedo Barahona, abogada por la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, analiza el art. 79 del nuevo CPP, en virtud de la situación procesal de ausencia y contumacia en un proceso penal; Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno, desarrolla el contenido del auto de enjuiciamiento y lo que este deberá indicar, bajo sanción de nulidad; y Leonardo Moreno Holman (director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado), Leonel González Postigo (director del Área de Capacitación, Centro de Estudios de Justicia de las Américas) y Marco Fandiño Castro (director del Área de Estudios y Proyectos, Centro de Estudios de Justicia de las Américas) debaten sobre la ubicación institucional de la defensa pública, además, señalan que ella es un factor preponderante que incide en la efectividad del derecho a una defensa técnica.

En el apartado Derecho Penal Constitucional, Maico Reiner Fernández Morales, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expone los errores que comete el Ministerio Público al momento de establecer los criterios y parangones con los que presume la comisión de delitos a las partes imputadas dentro de un proceso penal garantista; y Abraham de Jesús Limaylla Torres, magíster en la Universidad de Jaén – España, analiza la inmunidad parlamentaria desde una mirada actual, debido a los problemas que se suscitaron y suscitan dentro del Congreso, en los cuales la población señala un “blindaje” entre congresistas.

Y en el apartado Política Criminal, Alonso R. Peña Cabrera Freyre, profesor de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza bajo la óptica de la criminología mediática la relación paradójica existente entre los principios constitucionales y procesales otorgados por la Constitución a los procesados o investigados por delitos y el impacto que causan los medios de comunicación al momento de transmitir una noticia.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas. N.° 895-2016 La Libertad, donde se desarrolla el tema del apartamiento de los jueces penales de la doctrina jurisprudencial incorporada por acuerdos plenarios que generarían una causal de imposición del recurso de casación.

— Cas N.° 321-2018 Cusco, que versa sobre la independencia de la responsabilidad restringida como causal de disminución de la punibilidad y el delito perpetrado, pues su exclusión basándose en el hecho punible contravendría con el principio de igualdad.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 464-2016 Lima, que trata las diferencias entre la ilicitud administrativa de la actividad minera y el delito de minería ilegal, centrándose en el análisis del bien jurídico protegido en el supuesto del delito.

— Cas. N.° 684-2016 Huaura, que versa sobre la configuración del delito de feminicidio, sin embargo, la defensa del imputado hace alusión a que su estado de embriaguez calza en el supuesto de eximente imperfecta, razón por la cual alega la disminución de la pena.

Derecho Procesal Penal

— Apelación N.° 1-2017, donde se analiza la ausencia de la valoración de la prueba como causal de nulidad.

— Cas. N.° 292-2019 Lambayeque, que considera y analiza el valor probatorio del testimonio del colaborador eficaz en el proceso penal.

Derecho Penal Constitucional

— Exp. N.° 01479-2018-PA/TC, donde el Tribunal Constitucional examina, por vía de amparo, la validez de las disposiciones fiscales emitidas en la Carpeta N.° 322-2015, las cuales vulnerarían el derecho a la igualdad de género en la administración de justicia.

— Exp. N.° 00006-2001-4-5001-SU-PE-02 Lima, que analiza la constitucionalidad del control de convencionalidad judicial en casos de indultos humanitarios o “gracias presidenciales”

Jurisprudencia Relevante

Presentamos, en este número, la Sentencia de Casación N.° 308-2018 Moquegua dictada por la Sala Penal Permanente, en la cual se determina y analiza la pena en el delito de violación sexual a menor de edad, ya que la pena se ve agravada por la calidad del sujeto pasivo y su estado de vulnerabilidad.

Asimismo, se entrega la Sentencia de Casación N.° 591-2016 Huaura dictada por la Sala Penal Transitoria, en la cual se analiza la libertad sexual de las personas con discapacidad intelectual y el delito de violación sexual previsto en el art. 172

del Código Penal como una modalidad agravada también por la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, julio del 2019