El Especial del mes del número 63 de Actualidad Penal se titula: “La prueba indiciaria en el proceso penal”.

En el Especial del mes, José Emilio Caballero Miranda, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, analiza el delito de colusión, previsto en el art. 384 modificado por el art. 2 de la Ley N.º 26713 (publicada el 27 de diciembre de 1996), asimismo, examina la prueba indiciaria en la comisión de este delito; y Carlos Meza Trujillo, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, señala la relevancia y presupuestos de la prueba indiciaria, sosteniendo que la prueba indiciaria también puede ser una prueba directa.

En la sección de Derecho Penal-Parte General, Carlos Manuel Moncada Boñon, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuestiona la tesis mayoritaria con relación a la prohibición de la tortura en los Estados de derecho, siendo que a criterio del autor es permitido fundamentar y legitimar una intervención en el derecho a la prohibición de la tortura apoyándose en los elementos centrales del derecho penal del enemigo.

En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, José Antonio Arbulú Ramírez, máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España), busca estrechar los lazos existentes entre el derecho penal y el derecho procesal penal con la función más importante para los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos: el análisis y la evaluación de alertas; Jorge Martín Paredes Pérez, abogado y magíster con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza hermenéuticamente los delitos de trata, explotación sexual, esclavitud laboral y conductas relacionadas, además, brinda algunas soluciones a la problemática del concurso aparente de leyes surgidos entre estos tipos penales; y Alonso R. Peña Cabrera Freyre, con posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo - España), realiza un análisis a la redacción normativa

del art. 418 del CP, señalando que este tipo penal no contiene entre sus componentes normativos a los términos “disposiciones, providencias, y requerimientos”, por lo que el fiscal no es susceptible de incurrir en el injusto de prevaricación, debido al irrestricto respeto al principio de legalidad.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Carlos Francisco Espinoza Cordero, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, analiza la posición establecida en el AP N.° 3-2018, la cual autoriza la lectura de la declaración previa del imputado en juicio oral cuando este se rehúse a declarar o cuando se evidencie contradicciones en sus dichos, sin embargo, el autor manifiesta su oposición a lo establecido en dicho acuerdo plenario; Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, señala que el derecho de propiedad presenta límites, y dentro de estos se encuentra la incautación de bienes vinculados a los hechos investigados, ante ello buscará responder sostenidamente ¿qué hacer cuando la incautación se realiza sobre el bien de un tercero de buena fe?; y Percy García Cavero, profesor ordinario principal de la Universidad de Piura, analiza la imputación delictiva, como presupuesto de la prisión preventiva, con la finalidad de determinar si este presupuesto se satisface únicamente con la existencia de graves y fundados elementos de convicción del hecho que el Ministerio Público califica como un delito imputable al autor o si resulta necesario evaluar también si esa imputación jurídico-penal resulta razonable.

Y en el apartado Derecho Penitenciario, Ana María Solar Villalta, abogada por la Universidad Nacional de Piura, señala que nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de variar la medida socioeducativa de internación por otras menos gravosas siempre que se cumplan ciertos presupuestos, como un plazo mínimo de ejecución y un resultado favorable de la evaluación por el Equipo Interdisciplinario del centro juvenil donde se encuentre el adolescente. Esto a efectos de verificar el cumplimiento de los fines de la medida impuesta y de los principios rectores que regulan el sistema sancionador juvenil.

Y en el apartado Política Criminal, Jhonny Carlos García Aquino, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiere demostrar epistemológicamente el actuar del legislador penal peruano en la criminalización de determinados hechos antisociales y en la modificación de las reglas existentes en el sistema jurídico-penal, así como establecer la incidencia negativa del actuar del legislador en la buena y adecuada política de gestión en el Estado peruano.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho penal general

— Exp. N.° 00026-2018-19-5201-JR-PE-01, donde se desarrolla los requisitos obligatorios para la verificación de la responsabilidad civil solidaria de una persona jurídica.

— Cas. N.° 666-2018 Callao, que determina la incidencia de la vigencia de la Ley N.° 29574, Ley que Dispone la Aplicación Inmediata del Código Procesal Penal para Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Derecho penal especial

— Cas. N.° 956-2016 Áncash, que analiza la configuración de la tercera modalidad del delito de usurpación, ejercer funciones de un cargo diferente del que se tiene.

Derecho procesal penal

— Cas. N.° 358-2019 Nacional, donde la jueza suprema Castañeda Otsu, quien fue llamada a dirimir en el caso de Keiko Fujimori, se adhirió al voto de los magistrados Príncipe Trujillo, Castañeda Espinoza y Chávez Mella. Resolvieron reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

Jurisprudencia relevante

Presentamos, en este número, los seis pronunciamientos de los jueces supremos de lo penal, integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitidos en el XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, respecto del Acuerdo Plenario N.° 1-2019, que versa sobre los presupuestos y requisitos de la prisión preventiva; el Acuerdo Plenario N.° 2-2019, el cual desarrolla la temática de la vigilancia electrónica personal; el Acuerdo Plenario N.° 3-2019, el cual se centra en examinar la procedencia de la medida de impedimento de salida del país en la investigación preliminar; el Acuerdo Plenario N.° 4-2019, el cual trata las figuras de absolución, sobreseimiento y reparación civil, además, estudia la prescripción y la caducidad en la ejecución de la sentencia en el proceso penal; el Acuerdo Plenario N.° 5-2019, el cual discute la actuación policial y la exención de la responsabilidad penal enmarcada en esta actuación; y, por último, el Acuerdo Plenario N.° 6-2019, que analiza y da solución a los problemas concursales en los delitos de trata de personas y los delitos de explotación sexual.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, septiembre del 2019