El Especial del mes del número 64 de Actualidad Penal se titula: “Comentarios a los Acuerdos Plenarios N. os 1-2019/CIJ-116 y 3-2019/CIJ-116”.

Debido a los numerosos casos que el Ministerio Público ha venido investigando y en especial a los procesos relacionados a los casos emblemáticos que se han estado mediatizando a través de diversos medios de comunicación, nos hemos podido percatar que la aplicación de algunas de las instituciones procesales como las medidas coercitivas —que deberían ser neutrales y objetivas, aplicables a determinados investigados por la envergadura del daño ocasionado por el delito y por el peligro procesal que de este deviene— se han venido tergiversando, de manera que se ha desnaturalizado su finalidad, convirtiéndose en una suerte de anticipación de la pena. Esto en razón a que la sociedad y los medios ejercen una suerte de presión en los operadores de justicia a fin de que estos emitan resoluciones acordes con lo que se considera “justo”, alejándose con ello de los principios constitucionales y procesales de los que deben estar ceñidos nuestros fiscales y jueces.

Por ello, a través del XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, los jueces han venido uniformizando algunos puntos controversiales de instituciones del derecho penal sustantivo como adjetivo, de manera que las resoluciones tengan por fundamentos criterios objetivos y estén basados en lo emanado por la Constitución y la ley. Así, el pasado 29 de septiembre, 1 de octubre y 9 de octubre del presente año, el Poder Judicial publicó diez acuerdos plenarios. En ese sentido, hemos convocado a especialistas en el derecho penal para que comenten sobre los Acuerdos Plenarios N. os 1-2019/CIJ-116 y 3-2019/CIJ-116, cuyos temas centrales son la prisión preventiva —presupuestos y requisitos— y la procedencia de la medida de impedimento de salida del país en la investigación preliminar.

Así, en el Especial del mes, con respecto al Acuerdo Plenario N.° 1-2019/CIJ-116, Gerson W. Camarena Aliaga, doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, analiza si se ha abordado correctamente en este acuerdo plenario los temas de realización y conducción de la audiencia de prisión preventiva, asimismo, expone los aspectos positivos y negativos del referido acuerdo plenario; Abraham de Jesús Limaylla Torres, juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, examina cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva indicados en este acuerdo plenario; Joel Silvio Loayza Revilla, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, hace énfasis en el plazo razonable de la imposición de la prisión preventiva considerado en este acuerdo plenario, esto debido a que actualmente en la imposición y prolongación se utilizan los plazos máximos sin tener en consideración el caso concreto; y Jorge Martín Paredes Pérez, magíster con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia a la prisión preventiva como medida excepcional y de aplicación de ultima ratio, además, señala que esta medida requiere que se fundamente en un presupuesto, esto es, la sospecha fuerte y dos requisitos: el delito grave y el peligrosismo procesal.

Y, con respecto al Acuerdo Plenario N.° 3-2019/CIJ-116, Fany Soledad Quispe Farfán, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, explica los requisitos de la imposición del impedimento de salida del país en fase preliminar y sus fines; y Mario Lohonel Abanto Quevedo, juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, examina los argumentos de este acuerdo plenario y, finalmente, propone nuevas y distintas apreciaciones sobre la adopción del impedimento de salida en diligencias preliminares de la investigación penal.

En la sección de Derecho Penal-Parte General, Liliana Placencia Rubiños, magistra en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la naturaleza jurídica de la extinción del pago de la reparación civil durante la ejecución de la sentencia penal.

En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Luis Alberto Pacheco Mandujano, magister iuris constitutionalis por la Universidad de Castilla-La Mancha, realiza un análisis jurídico-penal y social sobre el delito de feminicidio; y Janner A. López Avendaño, especialista judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura, analiza los delitos de injuria, calumnia y difamación, y el posible concurso de leyes que surjan entre estas.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, German Auris Evangelista, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y Yoli Marleni Yrigoín Herrera, abogada por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, determinan a través de una investigación si los efectivos policiales pertenecientes a la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú con sede en Chachapoyas actúan con la debida diligencia en la investigación de delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en estado de flagrancia.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho penal general

— Cas. N.° 666-2018 Callao, que desarrolla la aplicación de la Ley N.° 29574 en la prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos en relación con la vigencia del nuevo CPP.

— Cas. N.° 776-2018 Selva Central, donde se determina la obligación del tercero civilmente responsable de concurrir en la audiencia de apelación, ya que se considera que es obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de inadmisibilidad de la apelación.

Derecho penal especial

— Cas. N.° 282-2018 Lambayeque, que analiza el objeto material del delito de peculado donde se considera que es suficiente que el sujeto activo (funcionario o servidor público) tenga disponibilidad jurídica y competencia funcional específica.

— Cas. N.° 725-2018 Junín, que examina el deber de evitar el resultado en la omisión impropia en el delito de violación sexual a menor de edad, dado que la madre se encontraba en una posición de garante.

Derecho procesal penal

— Cas N.° 675-2018 San Martín, que analiza la violación del principio acusatorio por la introducción de una circunstancia agravante, que contiene un dato de hecho, no incorporada expresamente en la acusación postulada por el fiscal.

— Cas. N.° 673-2018 Ayacucho, donde se determina el momento procesal idóneo para plantear la excepción de improcedencia de acción.

Jurisprudencia relevante

Presentamos, en este número, los cuatro pronunciamientos de los jueces supremos de lo penal, integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitidos en el XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, respecto del Acuerdo Plenario N.° 7-2019, que versa sobre los viáticos y su relación con el delito de peculado; el Acuerdo Plenario N.° 8-2019, el cual presenta las diferencias entre las figuras de organización criminal y banda criminal; el Acuerdo Plenario N.° 9-2019, el cual desarrolla el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y problemática de la punición en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; y el Acuerdo Plenario N.° 10- 2019, que analiza las organizaciones criminales y determina las técnicas especiales de investigación que se deben usar.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, octubre del 2019