El Especial del mes del número 65 de Actualidad Penal se titula: “Violencia contra la mujer: uso de la terminología adecuada y análisis de la normativa nacional e internacional”.
En nuestro Especial del mes, Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala la importancia de diferenciar los términos violencia de género y la violencia contra la mujer; y Rosa de Jesús Sánchez Barragán, doctora internacional en Derecho por la Universidad de Navarra, analiza la necesidad de utilizar expresiones adecuadas con respecto a la violencia contra la mujer, asimismo, examina la normativa tanto nacional como internacional vinculada a esta problemática y los modelos que sirven como base para estructurar normas a favor de la mujer.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Hugo Favián Apaza Mamani, máster en Estudios Jurídicos Avanzados con especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona (España), estudia el estado actual de los delitos de infracción de deber o de competencia institucional, problema que es abordado al analizar la participación de un intranei en un delito común y la de un extranei en un delito de infracción de deber.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Iván Pedro Guevara Vásquez, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo,reflexiona sobre la reciente modificación introducida por la Ley N.° 30963 al delito de usuario-cliente, previsto en el art. 179-A del CP; y Raúl Ernesto Martínez Huamán, fiscal adjunto provincial penal titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, examina cada uno de los elementos típicos del delito de cohecho pasivo específico, regulado en el art. 393 del CP y, además, examina el concurso de este delito con otros.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Hernán Ruíz Bravo, abogado por la Universidad César Vallejo, y Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudian la institución procesal de la tutela de derechos en el proceso penal acusatorio, asimismo, indican cuáles son los elementos y las personas que se necesitan para solicitarla, qué objetos protege, entre otras características; y José Antonio Arbulú Ramírez, máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada (España), establece los lineamientos básicos para la concepción, diseño, implementación y ejecución de una investigación interna en el contexto de la Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, María Eugenia Guillén Ledesma, máster en Derecho Contemporáneo por la Universidad de Jaén (España), analiza la figura de la inmediación (entendida como contacto directo del juez con los sujetos procesales y las pruebas) y señala que esta ha sido elevada a categoría de principio.
Y en el apartado Política Criminal, Manuel Bermúdez Tapia, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala cómo afrontar la corrupción, que pasa a ser un macrodelito de modo eficaz y directo, sin generar una reforma legislativa que solo incida en el incremento de las penas; y Carolina Amiry Cáceres Zúñiga, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Arequipa, analiza el Proyecto de Ley N.° 29263 señalando que en el debate legislativo de dicho proyecto se manifestó claramente que la modificatoria de la norma penal debía obedecer a un interés político ambiental, más aún cuando su estructura abierta tiene la obligación de incorporar normas extrapenales, ya que muestra una dependencia hacia la autoridad administrativa ambiental.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 66-2017 Junín, que desarrolla la diferencia entre las causales de disminución de la punibilidad y las circunstancias atenuantes.
— Cas. N.° 1048-2018 Arequipa, donde se indica que la peligrosidad del imputado es uno de los criterios para determinar la imposición del internamiento o del tratamiento ambulatorio.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1438-2018 La Libertad, que analiza la posibilidad de que el delito de secuestro se configure cuando un funcionario en ejercicio de sus funciones atente contra la libertad personal de un sujeto.
— Cas. N.° 712-2016 La Libertad, que determina si con la omisión de renovar la licencia de manejo de arma de fuego se configura el delito de tenencia ilegal de armas.
Derecho Procesal Penal
— Cuaderno N.° 00030-2019-1-5001-JS-PE-01, que versa sobre la finalidad de la ampliación del plazo de las diligencias preliminares.
— Cas N.° 840-2018 Lambayeque, que analiza uno de los límites del imputado con respecto a la designación de su abogado, el cual se refiere que en caso este último pueda provocar parcialidad en la actuación del juez será reemplazado.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.° 04755-2019-0-0901-JR-PE-10, donde se analiza la existencia del estado de flagrancia cuando la intervención del sujeto se produce a causa de que los efectivos policiales intervinientes cuentan con información del supuesto acto delictivo, mas no encuentran al intervenido ejecutando algún ilícito.
— Exp. N.° 01792-2016-PHC/TC Arequipa, que examina la posible violación del principio de legalidad y de retroactividad benigna en materia penal. Esto debido a que los jueces aplicaron la Ley N.° 29758, vigente al momento de emitir sentencia, inaplicando la Ley N.° 26713 vigente al momento en que ocurrieron los hechos, trayendo como resultado la condena del recurrente con la pena más benigna.
Jurisprudencia Relevante
Presentamos, en este número, la Resolución N.° 2 del Exp. N.° 00408-2019, emitida por el Segundo Juzgado Especializado de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, en la cual se dicta la medida de prisión preventiva contra Melisa González Gagliuffi, a quien se le investiga por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, por el plazo de 4 meses.
Asimismo, se entrega la Resolución N.° 8 del Exp. N.° 00029-2017-33 dictada por la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado de Corrupción de Funcionarios, en la cual se declara fundada la solicitud de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra 14 de los 16 árbitros investigados por presuntamente percibir sobornos de Odebrecht y otros delitos, asimismo, impone la medida de comparecencia restringida y la medida coercitiva de detención domiciliaria contra los dos restantes.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, noviembre del 2019