El Especial del mes del número 67 de Actualidad Penal se titula: “Comentarios al caso McDonald’s y su repercusión en el art. 168-A del CP”.
La madrugada del 15 de diciembre del 2019 fallecieron dos trabajadores en un local de McDonald’s en Pueblo Libre. Este fatídico hecho trajo como consecuencia que varios juristas expertos en la materia se pronunciaran sobre la posibilidad de imputar penalmente a la empresa o al director. Unas semanas después, el Ejecutivo, en el marco del art. 135 de la Constitución Política, modificó el art. 168-A del CP mediante el D. U. N.° 44-2019, Decreto de Urgencia que Establece Medidas para Fortalecer la Protección de Salud y Vida de los Trabajadores.
En ese sentido, consideramos que este tema es imprescindible para el debate académico nacional y, por ende, se ha convocado a juristas comprometidos con la constante investigación jurídico-penal, a fin de que expongan y fundamenten sus puntos de vista.
En nuestro Especial del mes, Jorge Martín Paredes Pérez, abogado y magíster con mención en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza los elementos del delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo tras su reciente modificación, y destaca las diferencias entre la nueva y antigua redacción; y Aldo Calcina Hancco, abogado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, analiza el caso McDonald’s para determinar si la muerte de los jóvenes puede ser imputada al director de esa empresa por homicidio simple (dolo eventual) u homicidio imprudente (imprudencia consciente).
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Kevin I. Mendoza Delgado, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, analiza el Acuerdo Plenario N.° 4-2019, dando a relucir las posiciones sobre la imposición de la reparación civil en los casos de sobreseimiento y absolución.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Raúl Ernesto Martínez Huamán, fiscal adjunto provincial penal titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos,
analiza cada uno de los elementos constitutivos del delito de colusión (art. 384del CP), entre ellos, el bien jurídico que protege, los problemas concursales, las sanciones, la determinación judicial de la pena, los beneficios penitenciarios y la prueba indiciaria en este delito; y Abraham de Jesús Limaylla Torres, juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, examina, sobre la base del AP N.° 7-2019, la posibilidad de imputación por peculado al funcionario o servidor público que no justifica los gastos de viáticos otorgados por el Estado.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Alonso R. Peña Cabrera Freyre, con estudios de posgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo-España), realiza un análisis del peligro de fuga, describiendo cómo se configura y en qué casos se podría presentar este presupuesto; y Manuela Rosana Villar Ramírez, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, estudia la normativa vigente sobre la incorporación de las personas jurídicas al proceso penal.
En la sección de Derecho Constitucional, Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno, analiza el derecho a preferir la aplicación de penas distintas del encarcelamiento cuando los miembros de pueblos originarios sean condenados por la jurisdicción penal ordinaria.
Y en el apartado Política Criminal, Norman Pardo Torres, juez de la familia, niñez y adolescencia de Loja (Ecuador), y Rita Ximena Gallegos Rojas, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, responden a la interrogante de si se puede aplicar el procedimiento abreviado en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal ecuatoriana. Por ello, analizanlas tensiones existentes entre los principios de la administración de justicia y los principios relativos a la niñez y adolescencia.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 670-2018 Cusco, que explica los pasos a seguir para determinar lapena en el concurso real de los delitos de homicidio calificado por la condiciónde la víctima y homicidio calificado por alevosía.
— R. N. N.° 762-2019 Lima, que fundamenta la no aplicación de la suspensiónde la pena en el delito de organización criminal, debido a que no se cumple conuno de los requisitos.
Derecho Penal Especial
— Exp. N.° 00002-2019-6-5001-JS-PE-01, que analiza los elementos “valersedel cargo” e “interés particular”, así como la consumación del tipo penal depatrocinio ilegal.
— Exp. N.° A. V. 1-2019, que analiza técnicamente todos los elementos típicosdel delito de encubrimiento real en el caso Chávarry.
Derecho Procesal Penal
— Exp. N.° 00204-2018-16-5001-JS-PE-01, que explica que el cese de prisiónpreventiva implica la variación de la situación jurídica existente al momento enque se impuso.
— Exp. N.° 00030-2019-2-5001-JS-PE-01, que analiza de manera pormenorizadala figura procesal de tutela de derechos.
Derecho Penal Constitucional
— R. N. N.° 793-2018 Nacional, donde se realiza el control de constitucionalidadde la concesión de la gracia presidencial por razones humanitarias otorgada aAlberto Fujimori.
— Exp. N.° 00058-2018-0-1801-SP-CI-01 Lima, que declara constitucion alla Guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal.
— Exp. N.° 00352-2019-0-0501-JR-PE-01 Lima, en el que se valora la procedencia del hábeas corpus contra las resoluciones judiciales, las cuales sean emitidas en un proceso irregular y con agresión manifiesta de un derecho fundamental.
Jurisprudencia Relevante
Presentamos tres pronunciamientos importantes que versan sobre la declaración de la víctima en el delito de violación de menor de edad: a) Cas. N.° 1668-2018Tacna, que aborda el carácter urgente de la entrevista única en la cámara Gesell del menor agraviado; b) R. N. N.° 1869-2018 Junín, donde se analiza la necesidad de valoración conjunta de la declaración del agraviado con otros elementos de prueba; c) R. N. N.° 1857-2018 Lima Este, que evalúa la declaración de la víctima en contraste con los testimonios periféricos; d) R. N. N.° 440-2019 Lima Norte, donde se manifiesta que la declaración no tomada de acuerdo a ley no puede servalorada en juicio oral; y, e) R. N. N.° 2423-2018 Puno, que considera que ladeficiente y contradictoria declaración de la menor de edad víctima de violaciónsexual generaría duda razonable a favor del condenado.
Lima, enero del 2020