El Especial del mes del número 68 de Actualidad Penal se titula: “Feminicidio: aspectos sustantivos, procesales y políticos-criminales y criminológicos”.

Pese a la existencia de un tipo penal autónomo como el delito de feminicidio, regulado en el art. 108-B del CP, además de otras leyes especiales que protegen el mismo bien jurídico como la Ley N.° 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar), al finalizar el 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables determinó que existieron 166 casos de víctimas de feminicidio, el cual significó un incremento de 17 casos con respecto al 20181 .

Ante este contexto adverso, creemos que es necesario abordar el feminicidio desde una perspectiva multidisciplinaria, pues es la única forma de entender qué está fallando y así contribuir en su erradicación. Más aún si consideramos que la violencia contra las mujeres es uno de los grandes impedimentos para lograr una sociedad igualitaria y democrática.

En ese sentido, consideramos que este tema es imprescindible para el debate académico nacional y, por ende, se ha convocado a juristas comprometidos con la constante investigación jurídico-penal, con el propósito de que expongan y fundamenten sus puntos de vista.

En nuestro Especial del mes, Jorge B. Hugo Álvarez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sostiene que la tipificación del feminicidio no es la técnica legislativa más adecuada para detener esta problemática, debido a que, lejos de disminuir la comisión de este delito, este se ha incrementado; Denis Adan Aguilar Cabrera, abogado por la Universidad San Pedro, señala que el incremento de las penas, la flexibilización de las reglas procesales y la supresión de los beneficios penitenciarios no han tenido un efecto positivo en la atenuación del feminicidio en nuestro país y, además, explica que ello se debe a la violencia feminicida y el machismo, y a la indiferencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad y asistencia a una mujer víctima de agresión; Ronald Vílchez Chinchayán, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), realiza un análisis del tipo penal de feminicidio e indica sus características y sus elementos básicos del tipo, como “por su condición de tal” y los “contextos” en que se ejecuta este delito; Lucía Nuñovero Cisneros, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, reflexiona sobre las necesidades de evidencia científica para enfrentar la problemática del delito de feminicidio en el Perú, para ello, se interroga por qué este sigue siendo un problema de agenda político-criminal interpelante para nuestra sociedad; y Jerjes Loayza Javier, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que el feminicidio es el resultado del temor del hombre a perder el control sobre la mujer, el cual expresa el sometimiento de la mujer al sistema patriarcal.

En la sección de Derecho Penal-Parte General, Jorge Rodrigo Tapia Bedregal, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, analiza la suspensión de la ejecución de la pena, pues su incorrecta comprensión conllevará, en el peor de los casos, al internamiento injusto del condenado.

En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Iván Pedro Guevara Vásquez, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, realiza una reflexión sobre la posibilidad de crear un nuevo bien jurídico referido a la vida no humana, frente a la problemática del maltrato al animal, en donde el ser humano, con relación al animal, ya no se conciba como dueño de una mascota, sino como responsable de un ser viviente; y María Eugenia Guillén Ledesma, máster en Derecho Contemporáneo por la Universidad de Jaén (España), responde a si es necesario o no sancionar la conspiración cuando está vinculada a un delito grave, dado que aún ni siquiera se ha llegado a la tentativa del delito, y si la punición del delito de conspiración es una adecuada política criminal.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, José Emilio Caballero Miranda, fiscal titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios del distrito judicial de Lima, reflexiona sobre lo que debe tener en cuenta o debe realizar el fiscal en cada etapa del juicio oral en los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos; Teresa Armenta Deu, doctora por la Universidad de Barcelona (España), describe los diversos fenómenos directamente conectados con la colaboración premiada en el ámbito del derecho penal, procesal penal y la Administración, en España; y Mercedes Herrera Guerrero, máster en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá (España), examina la Cas. N.° 1510-2018 Piura, que declaró de oficio la nulidad de las sentencias que condenaron a Eduardo Ku Lu como autor del delito de lesiones culposas agravadas, pues aquellas carecían de una adecuada motivación, asimismo, aborda las funciones del recurso de casación (nomofiláctica, uniformadora, dikelógica) y su relación con el deber de motivación de las resoluciones judiciales.

Y en el apartado Política Criminal / Criminología, Eduardo Alejos Toribio, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expone ante la comunidad jurídica algunas aproximaciones sobre la influencia del punitivismo, el cual ha generado que se aplique erróneamente la legalidad y la seguridad jurídica, así como que se patrocine la incorrecta intervención de la ultima ratio y, por ende, que se aplique de forma equivocada la prisión preventiva; y Renzo Orlandi, licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia), analiza los desafíos de la justicia penal italiana haciendo especial hincapié en los fenómenos notables que afectan a la administración de la justicia penal.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Apelación N.° 2-2019 Ucayali, que establece que la actuación del juez, en el proceso, debe desarrollarse con el pleno conocimiento, respeto y la observancia de la garantía constitucional de la cosa juzgada y de los efectos que esta le otorga a una resolución.

— Cas. N.° 1307-2019 Nacional, que determina que el ámbito de aplicación del principio de confianza y prohibición de regreso solo aplica en el caso de una organización de la que se deriva el riesgo prohibido o, también, puede recaer en terceros, especialmente, entre cónyuges.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 1624-2018 Junín, donde se analiza la circunstancia agravante del delito de favorecimiento a la prostitución (art. 179 del CP). Así, se establece una mayor pena para el sujeto activo que tenga al proxenetismo como oficio, modo de vida o de subsistencia.

— Cuaderno N.° 44-2019-3-5001-JS-PE-01, que señala que el presidente de la Corte de Justicia como magistrado cumple con funciones de dirección que pueden afectar a la administración de justicia, por tanto, es posible que incurra en el delito de cohecho pasivo específico.

Derecho Procesal Penal

— Exp. N.° 00039-2019-2-5001-JS-PE-01, que resuelve el requerimiento de impedimento de salida del país contra Luciana León, en el caso Los Intocables Ediles.

— Exp. N.° 00019-2019-10-5001-JS-PE-01, que aprueba el acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y el exmagistrado Ricardo Chang Racuay, investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Jurisprudencia relevante

Presentamos tres pronunciamientos importantes que versan sobre la detención domiciliaria y la vigilancia electrónica personal: a) Exp. N.° 74-2015-84-5001-JRPR-01, que aborda los supuestos de aplicación de dichas medidas; b) Exp. N.° 124-2016-82-5001-JR-PE-01, donde se analiza la imposición y ejecución de la detención domiciliaria y de la vigilancia electrónica personal; y, por último, c) Exp. N.° 00243-2017-84-5001-JR-PE-01, que evalúa los requisitos para la prolongación de la medida de detención domiciliaria.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, febrero del 2020