El Especial del mes del número 69 de Actualidad Penal se titula: “El financiamiento ilícito de organizaciones políticas y el lavado de activos”.
En el Especial del mes, Jhover Meza Huamaní, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se enfoca, desde el ángulo prevencionista, a exponer los efectos que produce el delito de lavado de activos en las empresas, así como la importancia de que estas adopten e implementen un programa de cumplimiento que las proteja y prevenga conductas criminales desplegadas, a fin de evitar futuras sanciones impuestas por el órgano jurisdiccional; y Miguel Ángel Sánchez Mercado, doctor y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza la distinción existente entre los delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos y el lavado de activos en virtud a su desvalor, a la indiferencia de la frase “debiendo conocer su origen” y a la heterogeneidad de los bienes jurídicos que protegen, así, concluye que ambas conductas ilícitas son autónomas, dando lugar a que el juez aplique, de ser el caso, el concurso de delitos.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Godofredo André García León, abogado con estudios de maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo, analiza los hechos ocurridos en el fatídico incendio del camión cisterna que transportaba gas licuado en Villa El Salvador, donde fallecieron 34 personas.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Patricia Gallo, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, analiza el contenido previo del art. 168-A del CP (antes de su modificación por el D. U. N.° 044-2019), el cual estaba vigente durante el accidente en el que fallecieron dos trabajadores de McDonald’s; Isabelina Román Cueto, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, examina los alcances normativos e interpretativos del delito de apología del terrorismo; y Alonso R. Peña Cabrera Freyre, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Luis Lingán Cabrera, fiscal provincial penal titular de Cajamarca, analizan la aplicación de los sustitutivos penales (conversión de la pena) y el acuerdo reparatorio en el delito de omisión de asistencia familiar.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Mario Lohonel Abanto Quevedo, juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, busca demostrar que las pautas propuestas en el AP N.o 2-2005/CJ-116 para considerar que la sindicación del agraviado tiene capacidad de rendimiento para enervar la presunción de inocencia no pueden ser adoptadas con pretensión de validez general; y Jesús Heradio Viza Ccalla, fiscal provincial penal en Madre de Dios, señala que urge la necesidad de regular el plazo de la investigación suplementaria en el sobreseimiento del proceso en casos complejos.
Y en el apartado Política Criminal, Joaquina Naranjo Gómez, fiscal jefe de la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República de Cuba, La Habana, realiza un esbozo sobre el proceso de formación de los fiscales en Cuba, que se erige como un eslabón importante en el sistema de justicia cubano; y Patricia Elena Barrios Montalvo, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, estudia la incidencia de la violencia familiar en los derechos humanos, en la provincia de Acobamba (Huancavelica), a la luz de la vigencia de la Ley N.o 26260, Ley N.o 27306 y Ley N.o 30364.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 1563-2019 La Libertad, donde se analiza el deber de garantía que cumple un gerente general de una sociedad comercial, y se señala las obligaciones que este asume en la empresa.
— Cas. N.° 1510-2018 Piura, que precisa los elementos necesarios para que se constituya un delito culposo de resultado, en caso de delitos de lesiones culposas agravadas
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1424-2018 Puno, donde se define al contexto de “violencia familiar” dentro del delito de feminicidio.
— Exp. N.° 131-2011-0-5001-JR-PE-04, que examina el término “origen ilícito” del delito de lavado de activos, y señala los presupuestos para su imputación.
— Exp. N.° 213-2016-38-5001-JR-PE-04, donde se establecen las diferencias entre los “actos de fabricación” y los “actos de tráfico”, como modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas.
Derecho Procesal Penal
— Cas. N.° 21-2019 Arequipa, que estudia la diferencia entre la prueba anticipada y la prueba preconstituida, y considera que la declaración en entrevista única de un menor de edad constituye prueba anticipada.
— Cas. N.° 353-2019 Lima, que señala que es frecuente y aceptable utilizar, mediante inferencia, las “máximas de la experiencia” para establecer el peligro procesal.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos pronunciamientos importantes que versan sobre la extradición activa en el caso Alejandro Toledo: a) Ext. Act. N.° 39-2020 Lima, que aborda el supuesto de la causa probable; y b) Ext. Act. N.° 40-2020 Lima, donde se analizan cada uno de los requisitos para su concesión.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia aun en estos tiempos de cuarentena, y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, marzo del 2020