El Especial del mes del número 73 de Actualidad Penal se titula: “Derecho penal económico: teoría del delito y casos prácticos”.
En nuestro Especial del mes, Hugo Favián Apaza Mamani, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, expone diez casos del delito de lavado de activos, relacionados a la definición del delito de lavado de activos, la autonomía del delito de lavado, el tipo subjetivo, la consumación del delito, el rol del abogado como sujeto obligado y la contaminación o descontaminación de activos de origen ilícito; y Marco Antonio Bustinza Siu, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace una crítica a los actuales modelos de imputación penal y sugiere, una vez analizados los distintos sistemas de imputación, una propuesta innovadora para un sistema de atribución que incluso alcance a las personas jurídicas con las garantías propias de las personas naturales.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Juan Carlos Huanca Mamani, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, estudia el elemento fundamento ne bis in idem en la teoría del bien jurídico, normativismo y proporcionalidad de la sanción penal y disciplinaria, y concluye que no existe una delimitación nítida entre los delitos especiales y las faltas disciplinarias.
En cuanto al apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Marcial Eloy Páucar Chappa, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, resalta la importancia del AP N.° 8-2019, pues este armonizó la política criminal, la criminología y la dogmática penal sobre los delitos de organización criminal y banda criminal; y Abraham de Jesús Limaylla Torres, abogado por la Universidad de Huánuco, examina la evolución, derogación y posible incorporación de una serie de delitos económicos necesarios para proteger a los consumidores en el contexto de la pandemia de COVID-19.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Kevin Irwin Mendoza Delgado, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, analiza el derecho a la defensa en su vertiente de defensa técnica, además, delimita, a través de un análisis doctrinario y jurisprudencial, las características que se exigen para considerar a esta como “eficaz”; Víctor Manuel Bazalar Paz, fiscal provincial penal titular corporativo en el Distrito Fiscal de Loreto, cuestiona el razonamiento de que la pandemia de COVID-19 genera automáticamente el cese de la prisión preventiva; y Janner A. López Avendaño, abogado por la Universidad Nacional de Piura, examina los elementos y las clases del dolo, da a conocer los alcances que tanto la doctrina nacional como extranjera nos brindan sobre el mismo, así como la evolución que ha tenido en la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de los años.
En el apartado Derecho Penal Constitucional, Galileo Galilei Mendoza Calderón, juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, reconoce la importancia de las garantías procesales y los derechos del imputado en consonancia con los instrumentos internacionales, siendo el más importante el derecho a la defensa.
Y en el apartado Política Criminal, Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señala que el diagnóstico del perfil psicológico de los agresores de mujeres e integrantes del grupo familiar debe realizarse paralelamente al examen psicológico de la víctima; y Kevin-André Silva Carrillo, máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, revisa y analiza las principales consecuencias jurídico-penales que pueden derivarse de los deberes de solidaridad y del estado de emergencia.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
- Exp. N.° 1956-2015-0, donde se señala que la víctima que ha sufrido un daño, como efecto de la comisión de un delito en su contra, tiene derecho a una pretensión material de tipo resarcitorio.
- R. N. N.° 1740-2019 Lima Este, donde se verifica si se configuran los elementos de la legítima defensa en los hechos fácticos del caso en concreto.
Derecho Penal Especial
- Cas. N.° 1527-2018 Tacna, donde se determina la naturaleza de la vinculación funcional del cargo del funcionario público con el patrimonio indebidamente apropiado, elemento objetivo que se exige en el delito de peculado.
- Cas. N.° 669-2016 Arequipa, que establece las diferencias entre la alevosía y la ferocidad en el delito de homicidio calificado y sus respectivas acreditaciones.
Derecho Procesal Penal
- Cas. N.° 936-2018 Ayacucho, donde se precisa que el juez de investigación preparatoria solo debe verificar la legalidad del acuerdo de terminación anticipada del proceso entre el fiscal y el imputado.
Derecho Penal Constitucional
- Exp. N.° 0009-2018-PI/TC, donde se examina la constitucionalidad de la modificación del art. 200 del CP respecto a una posible vulneración del derecho a la protesta.
- Exp. N.° 2228-2020, que señala las medidas aplicadas por el Inpe para garantizar el derecho a la salud de los internos en centros penitenciarios. Caso Osmán Morote.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos pronunciamientos importantes que versan sobre el cese de prisión preventiva en tiempos del COVID-19: a) Cuaderno N.° 00205-2018-2-5001-JS-PE-01, en el cual se repasan los criterios establecidos por el D. Leg. N.° 1513 para la revisión y la decisión sobre el cese excepcional de la medida de prisión preventiva; y b) Cuaderno N.° 00004-2018-1-5001-JSPE-01, donde se determina que la pandemia de COVID-19, por sí sola, no puede considerarse como un nuevo elemento de convicción para reducir el peligro de fuga o de perturbación probatoria.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, julio del 2020