El Especial del mes del número 77 de Actualidad Penal se titula: “Compliance: corrupción y sistema de control disciplinario”.
En nuestro Especial del mes, Gilberto Félix Tasayco, máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad por la Universidad de Barcelona, evalúa las leyes que crean la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (Ley N.° 30943 y Ley N.° 30944); y Jhuliana Atahuamán, magíster por la Universidad Pompeu Fabra, analiza la posibilidad de reconducir la entrega de regalos para condicionar una acción futura de la persona receptora a alguno de los tipos penales de cohecho.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Paúl Mendoza Váez, abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, analiza la teoría de la ignorancia deliberada, que ha sido extrapolada de la willful blindness del derecho angloamericano, y a partir de ahí hace notar las dificultades de encuadrar esta teoría en el sistema de imputación subjetiva del derecho penal de corte continental.
En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Wilfredo Roque Ventura,magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, analiza la estructura de los injustos de organización y concluye que las referidas agravantes deben ser valoradas a partir de las exigencias establecidas en los arts. 317 y 317-B del CP.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Jorge Nazerit Paredes Huamancayo, máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, critica a los jueces que exceden sus límites y facultades interrogando a los órganos de prueba indebidamente; y Diana Carolina Cordero Castillo, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, determina cuál debería ser el estándar probatorio adecuado para establecer el carácter ilícito de los bienes en los procesos de extinción de dominio.
En la sección de Derecho Penal Constitucional, Lucio Zavaleta Mendoza, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, define al Estado constitucional de derecho y al constitucionalismo, además, explica qué es la cultura constitucional y por qué es necesaria en los jueces; y Eduardo Alonso Yong Mendoza, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la naturaleza constitucional y la finalidad con la que fue creada la inmunidad parlamentaria, a fin de poder determinar si se justifica su permanencia en el ordenamiento jurídico.
En el apartado de Derecho Penitenciario, Teodorico Cristóbal Támara, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, analiza el
D. Leg. N.º 1514, que establece la optimización para aplicar la vigilancia electrónica personal como medida de coerción personal y sanción penal y que tiene por finalidad la reducción del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios; y Jorge E. Vergara Villanueva, doctor en Derecho por la Universidad César Vallejo de Trujillo, señala que, en la aplicación de la medida de cesación automática, el juez de emergencia penitenciaria debe realizar un control difuso de legalidad, con la finalidad de que no se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de la población en general.
En la sección de Filosofía jurídica, Jean Grondin, profesor de la Universidad de Montreal, se enfoca en el propio interés de Gadamer por la hermenéutica legal, es decir, en las razones por las que se sintió atraído por la naturaleza paradigmática de la hermenéutica legal y lo que tiene que decir al respecto, además desarrolla el posible interés del enfoque de Gadamer para los juristas.
Finalmente, en la sección de Recensión, Ramiro Salinas Siccha, juez superior penal, realiza una concisa reseña sobre el libro de Laura Zúñiga Rodrígueztitulado Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, publicado en septiembre del presente año por nuestra casa editorial.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 1426-2018 Cusco, donde se precisan las diferencias entre la coautoría y la autoría mediata.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1126-2018 San Martín, que analiza la configuración del delito de falsa declaración en un proceso de selección.
— Cas N.° 1048-2019 Cusco, donde se señala que los directivos de los colegios profesionales no pueden ser autores del delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Derecho Procesal Penal
—Cas. N.° 419-2019 Nacional,queresponde a si la notificación del imputado que es miembro de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas en un proceso penal se debe efectuar bajo los alcances del art. 127 o art. 129.3 del nuevo CPP.
—Cas. N.° 498-2019 Cajamarca, donde se señalan los requisitos para la configuración de la responsabilidad civil indirecta, a propósito de los perjuicios cometidos por la PNP contra los trabajadores del Proyecto Conga.
Derecho Penal Constitucional
— Exp. N.° 0352-2020-PHC/TC San Martín, donde se sostiene que la inasistencia del abogado defensor a una audiencia de apelación no constituye argumento suficiente para desestimar el recurso.
— Exp. N.° 04712-2018-PHC/TC Tumbes, donde se explica cómo es que los defectos en la notificación de la sentencia condenatoria pueden afectar los derechos de defensa y pluralidad de instancias.
Derecho penitenciario
— Cas. N.° 65-2019 Lambayeque, que detalla el régimen de aplicación temporal de las normas penitenciarias según la ley y la jurisprudencia.
Jurisprudencia relevante
Presentamos tres pronunciamientos importantes que versan sobre los criterios de valoración probatoria en las sentencias casatorias de la Corte Suprema: a) Cas. N.° 1773-2018 Lambayeque, donde se señala que los jueces colegiados no pueden revalorar pruebas de primera instancia sin ofrecer una justificación a ese nuevo valor probatorio, por lo que se impone el principio de legalidad sobre el de jerarquía; b) Cas. N.° 255-2019 Puno, que detalla el deber de los jueces colegiados de considerar los indicios contingentes, aunque sean independientes, para realizar una valoración conjunta de las pruebas; y c) Cas. N.° 36-2019, que resuelve en favor de la valoración de pruebas no consideradas durante la primera instancia por ser relevantes para dictar sentencia.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, noviembre del 2020